La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha juntado a 130 expertos procedentes del ámbito universitario y de las empresas más importantes del Ibex 35 para elaborar un informe en el que desgranan las propuestas principales para que España consiga salir de la crisis económica que ha precipitado el coronavirus.
Entre sus autores figuran investigadores de prestigio y miembros de compañías como Repsol, Santander, Caixabank, BBVA, Renfe, Cellnex, Aena, Metrovacesa, KPMG, Mapfre, Iberdrola, Bankia, Sabadell, Mercadona, Telefónica o Enagás entre otras grandes compañías. Se pronuncian sobre aspectos económicos, pero también sobre las mejoras necesarias en educación y sanidad.
Estos expertos aseguran que, más allá de sus ideas, España necesita "un amplio pacto político y social en torno a una estrategia para salir lo antes posible de la crisis y sentar las bases para hacer frente a los complicados retos económicos y sociales a los que nos enfrentamos a medio y largo plazo".
1. Mercado laboral
A corto plazo, los expertos consideran que hay que diseñar una estrategia para saber cómo retirar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de forma gradual.
"Seguramente será necesaria una nueva prórroga de los ERTE por fuerza mayor más allá de septiembre, pero ésta debería tener carácter selectivo, restringiéndose a los sectores que se enfrentan a los plazos más largos de recuperación o a fuertes restricciones a su actividad por motivos sanitarios y a las zonas afectadas por rebrotes importantes", apuntan.
Piden también políticas activas de empleo para reubicar a las personas que se hayan quedado sin trabajo o que puedan quedarse en el futuro con motivo del fin de los ERTE, que actúan como "anestesia" del mercado laboral.
A más largo plazo piden un mercado laboral más flexible, equitativo y eficiente. Creen que hay que seguir avanzando en la reforma laboral del PP de 2012, pero en ningún caso derogarla, y luchar contra la dualidad (entre contratos temporales e indefinidos) igualando la protección del trabajador en ambos, y reduciendo el número de tipos de contratos.
Derogar la reforma laboral de 2012 sería desaconsejable en cualquier caso y lo es mucho más aún en las circunstancias actuales"
Defienden que la reforma laboral de 2012 "supuso un paso importante para la corrección de algunos de los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo, un avance que ahora podría estar en peligro ante las presiones de algunos partidos para proceder a su derogación íntegra".
"Aunque hay aspectos de esta reforma que seguramente convendría revisar, (como los referidos a los cambios unilaterales en salarios y condiciones de trabajo y a las causas económicas para los descuelgues salariales), su derogación total supondría desandar buena parte del camino andado en los últimos años para reducir la excesiva rigidez de nuestro mercado de trabajo que tantos problemas nos ha traído, especialmente en momentos de crisis económica", apuntan.
Por ello, creen que "sería desaconsejable en cualquier caso y lo es mucho más aún en las circunstancias actuales, en las que la flexibilidad es esencial para la preservación del tejido empresarial y el mantenimiento del empleo a medio y largo plazo".
2. Cuentas públicas
Los expertos coinciden en que una medida "que no puede esperar" es la adopción de un plan de consolidación o reequilibrio fiscal que debe incluir una senda de ajuste fiscal a partir de 2022.
"El plan de consolidación fiscal exigirá tanto actuaciones de racionalización y contención del gasto como medidas tributarias para devolver gradualmente nuestros niveles de déficit y de deuda a valores sostenibles".
Proponen además que se mejore la eficiencia de las Administraciones Públicas y que todas las políticas sean evaluadas ex ante y ex post, una propuesta que ha abanderado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
3. Impuestos
A corto plazo, los expertos del ámbito tributario piden una serie de "coronarrecargos" -por ejemplo, en el IRPF- para ayudar a financiar los gastos extraordinarios generados por la pandemia.
A más largo plazo, proponen una reforma tributaria integral basada en la ampliación de bases fiscales. "La recomendación de ensanchamiento de las bases tributarias es aplicable tanto al IRPF como al IVA y al Impuesto de Sociedades. En relación con los dos primeros tributos, debería eliminarse el régimen de estimación objetiva de los rendimientos de actividades económicas en el IRPF (los llamados módulos) y, en paralelo, el régimen simplificado del IVA".
Proponen modificar los tipos reducidos de IVA (para que no haya tantos productos y servicios gravados con los tipos reducido -10%- y superreducido -4%-), y eliminar los regímenes especiales de tributación.
En el Impuesto de Sociedades creen que "no se debe aumentar la presión fiscal efectiva sobre las sociedades, sino aproximar el tributo a la neutralidad para que no distorsione las decisiones de inversión, financiación y organización empresarial, mejorar su integración con el IRPF y asegurar un reparto equitativo de su recaudación entre países en el caso de las empresas multinacionales".
En la tributación del capital (Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto de Sucesiones y Donaciones) proponen modificarlos para asegurar su neutralidad entre activos y evitar que sean confiscatorios.
"Se recomienda también aproximar los tipos de gravamen sobre bebidas alcohólicas, labores del tabaco y combustibles fósiles a los establecidos en los principales países de la Unión Europea" y seguir luchando contra la economía sumergida, con más medios para la Seguridad Social y la Inspección.
4. Gestión de los fondos de la UE
Los autores consideran "fundamental" que se haga un "buen uso de los distintos mecanismos de ayuda establecidos por la Unión Europea para acelerar la salida de la crisis y sentar las bases para el futuro".
Esos fondos creen que deben destinarse a "proyectos y programas elegidos cuidadosamente en base a su rentabilidad social, primando aquellos con componentes importantes de bien público que difícilmente serían acometidos por la iniciativa privada en condiciones de mercado".
Apuestan por primar las prioridades de la UE: lucha contra el cambio climático y sus secuelas, digitalización e implantación de nuevas tecnologías avanzadas, acumulación de capital intangible y humano, inversión educativa, I+D+i, infraestructuras hidráulicas y de tratamiento de residuos, etc.
5. Pensiones
Creen que hay que acelerar los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo para la inaplazable reforma del Sistema Público de Pensiones, cuya situación se ha agravado por el coronavirus.
"La crisis del Covid-19 ha complicado enormemente una situación de partida que ya era delicada debido a la precaria situación financiera del sistema de pensiones en años recientes y a las negativas perspectivas demográficas a las que nos enfrentamos durante las próximas décadas", advierten.
Consideran que ahora es "inviable" derogar la reforma de las pensiones de 2013, como reivindican los sindicatos, y blindar la indexación de las pensiones al IPC sin aplicar el factor de sostenibilidad (que tiene en cuenta la esperanza de vida en el cálculo de la pensión).
Sólo las pensiones mínimas se deberían revalorizar con el IPC"
Entre las medidas que creen que podrían servir para intentar garantizar la sostenibilidad del sistema citan crear un "nexo automático entre la edad de jubilación y la esperanza de vida en salud", ampliar el período de cómputo de la pensión a toda la vida laboral, crear una "estrecha relación entre las pensiones y las aportaciones realizadas, capitalizadas de acuerdo con el crecimiento de la economía".
Proponen la creación de un sistema de cuentas nocionales y que sólo las pensiones mínimas se revaloricen con el IPC. "Para el resto de las prestaciones podría introducirse un índice de revalorización diferente que debería ser sensible al nivel de actividad económica y por lo tanto a la situación financiera del sistema para contribuir así a su sostenibilidad y a un reparto equilibrado de los costes y beneficios de posibles shocks entre activos y pensionistas", señalan.
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