El mundo de la inversión, y por consecuencia del ahorro en todos los niveles, es una de las dianas a las que ha apuntado el Gobierno de Pedro Sánchez, que quiere implementar cambios relevantes en la operativa y en la fiscalidad de algunos vehículos de inversión.
Un ejemplo son los fondos de inversión cotizados (ETFs, por sus siglas en inglés). Estos productos permiten al ahorrador invertir en un conjunto de activos -como cualquier fondo de inversión tradicional- pero su operativa funcionaba hasta hace poco igual que una acción del mercado bursátil: el cliente compra una acción y cuando la vende tiene que pagar un impuesto a Hacienda sobre el beneficio obtenido. Si vende en pérdidas está exento del pago.
Sin embargo, a raíz de la intervención de la Dirección General de Tributos, el Estado dio luz verde este año a que los ETFs registrados en países de la Comunidad Europea y que estuvieran disponibles en España (es decir, la mayoría de los ofertados en el país) disfruten de las mismas condiciones que los fondos de inversión tradicionales en cuanto a fiscalidad.
¿Qué suponía este cambio?
Principalmente que los ahorradores podían invertir su dinero en un ETF y cuando quisieran podían traspasar su capital más el beneficio obtenido a otro ETF sin pagar ningún impuesto o “peaje fiscal”, de forma que sólo pagaban a Hacienda al final, cuando decidieran vender y deshacer su posición. Para que esta operativa estuviera disponible para los ahorradores, plataformas como Inversis o Diaphanum, que ofrecen productos de inversión, actualizaron su tecnología y ahora sus clientes sí pueden traspasar su capital de un fondo a otro.
Sin embargo, para su sorpresa, el Ejecutivo ha dado marcha atrás en esta decisión y en el Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude han prohibido esta posibilidad: los ETFs seguirán funcionando como acciones y los clientes pagarán un impuesto a Hacienda cada vez que vendan.
“Nos sorprende que en un contexto de implementación de la normativa europea MiFID II, una norma fiscal restrinja la posibilidad de traspasar los ETFs de forma análoga a los fondos de inversión”, lamentó a Vozpópuli Fernando Estévez, secretario general de Diaphanum, que lleva desde octubre ofreciendo ETFs traspasables y ha detectado “mucho interés” por parte de los inversores.
Estévez explicó que su firma está viendo posibilidades para trasladar al Gobierno su desacuerdo con esta medida, pero seguirá ofreciendo los ETFs traspasables hasta que la medida entre en vigor en forma de ley. “No vamos a ir en contra de lo que diga el legislador”, reconocía con cierta resignación.
Elisa Rincón, directora general de la patronal Inverco, explicó a Vozpópuli que la traspasabilidad de ETFs era algo “bueno para el sector” y que su preocupación ahora es que “nadie resulte perjudicado de esta medida”, en alusión a las compañías como Diaphanum que han implementado cambios en su negocio para adaptarse a la traspasabilidad.
Sicavs y Socimis, también en el punto de mira
Las Sociedades de inversión de capital variable (Sicavs) son otro vehículo de inversión colectiva al que el Gobierno quiere cambiar su regulación, para que pasen a estar controladas por el Ministerio de Hacienda y se modifique el número mínimo de accionistas requerido y su tributación. La directora general de Inverco subraya que su estatus actual “no se debe tocar” porque, al ser una figura europea, si se modifican su características “las españolas desaparecerán”.
“Hay muchos prejuicios que habría que desmontar: ni son instrumentos para ocultar nada ni sus accionistas están exentos del pago de impuestos”, explicó Rincón, que alertó también de que si se van las sicavs, “se llevarán la gestión, los servicios de auditoría, de abogados… y eso supone una pérdida de trabajos y de recaudación importante para España”.
Por su parte, las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis) podrían experimentar también un cambio en sus exigencias fiscales. En la actualidad, estas sociedades están obligadas a pagar en dividendos el 80% de sus beneficios y de abonar un impuesto con un tipo impositivo de entre el 19 y el 21% sobre esos dividendos.
El Ejecutivo podría imponer un impuesto adicional del 15% sobre el 20% restante de los beneficios
En opinión de Alberto Segurado, director del área de Asesoramiento Financiero de JLL en España, “modificar de forma unilateral el efecto impositivo de las socimis no es una medida buena, porque la legislación se hizo mirando al espejo de los mercados internacionales” y porque justificar esa medida en la tesis de que no pagan impuestos es una “aberración”.
“Cuando tocas los impuestos de vehículos como las socimis, que son las que han servido de motor para el crecimiento del mercado inmobiliario, está mal. No es bueno, sobre todo cuando lo comparas con los vehículos internacionales" equivalentes, afirma.
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