Decenas de pasajeros protestaron este fin de semana contra la empresa 'Plus Ultra' en el aeropuerto Adolfo Suárez- Madrid Barajas por la cancelación de un vuelto entre la capital española y Caracas.
El pasado sábado la compañía canceló este trayecto, dejando a varios cientos de personas varadas en el aeropuerto madrileño, y según informó el diario 'ABC', la aerolínea venezolana no tiene previsto reanudar este viaje, al menos hasta el 21 de agosto.
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) había anunciado el pasado sábado que abría una investigación a la empresa por hacer uso comercial de la ruta Madrid-Caracas sin autorización del Gobierno.
Denuncias en redes
Varios usuarios denunciaron dicha cancelación a través de las redes sociales. En uno de los vídeos se aprecia cómo un grupo de personas protesta frente al estand de la compañía dentro de una de las terminales de Barajas.
Los afectados, visiblemente enojados, acusan a la compañía de haberles "robado su dinero". Varios de ellos reclaman una compensación y denuncian haber estado varios días esperando por su vuelo.
El juez reclama documentación
Plus Ultra presentó el miércoles pasado en el Juzgado de Instrucción Nº 15 de Madrid la documentación requerida por la magistrada que instruye el caso, Dña. Esperanza Collados, con la que trata de demostrar las necesidades financieras para garantizar actividad de la aerolínea, y para la que se hace indispensable que se produzca el desembolso del importe del préstamo participativo comprometido por el Fondo de Ayuda a la Solvencia a Empresas Estratégicas de la SEPI.
Según la aerolínea, la "paralización del desembolso del segundo préstamo acordado pone en grave riesgo el cumplimiento del Plan de Viabilidad en el que se sustentó la medida de apoyo financiero concedida". Por ello, "ha presentado al Juzgado dos documentos: un escrito que incluye las alegaciones de la compañía ante la materia requerida", tal y como adelantó Vozpópuli, "y un informe pericial encargado a un auditor de cuentas independiente que concluye que la aerolínea necesita recibir el préstamo participativo pendiente para garantizar su viabilidad tras los efectos que ha causado la pandemia en su operativa".
Este segundo escrito responde a un requerimiento concreto de la juez, que el pasado jueves dio cinco días a la compañía aérea para que "acredite la necesidad de entrega del préstamo". Lo hizo en el auto en el que ordenó paralizar la entrega a Plus Ultra de los 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea y que se debían desembolsar el 28 de julio, para que la empresa acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a acreedores.
