Las aguas están calmadas en Indra después de meses marcados por la toma de control de la compañía por parte del Gobierno a través principalmente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), que provocó la salida en cascada de varios consejeros. Hace unas semanas la junta de accionistas votó en favor de sus sustitutos y se zanjaba el capítiulo, pero el jueves pasado se producía un nuevo cambio.
Guillermo Guerra salía de la compañía aludiendo "motivos profesionales". Su puesto como secretario del consejo lo ocupará Ana María Sala, un perfil a fin a Murtra, que aumentará su poder dentro de la compañía. Murtra ha sido muy cuestionado, lo mismo que Ignacio Mataix, el presidente ejecutivo, pero los dos fueron refrendados en la última junta de accionistas.
Sala es socia de Cortés Abogados desde hace ocho años y es también secretaria no consejera en el consejo de Sacyr desde el verano de 2020. Murtra ha sido asesorado por Sala en sus relaciones con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este tipo de cargos (secretaría del consejo) los tiene que ratificar el propio consejo, que ha visto la propuesta con buenos ojos. Fuentes de este diario han confirmado la buena sintonía entre Sala y Murtra.
Entre las decisiones que tendrá que tomar la nueva secretaria del consejo está la de asesorar jurídicamente al mismo en la toma de decisiones, una labor importante porque de ella depende en parte que se lleven o no a buen puerto determinadas operaciones.
Marc Murtra sustituyó en su día a Fernando Abrill-Martorell, presidente ejecutivo de la compañía. A pesar de que Murtra era un hombre de la confianza del Gobierno, finalmente el consejo decidió que fuera presidente, pero no ejecutivo, lo que le resta poder en la compañía.
Ourghilian quiere dividir en dos Indra para incrementar su valor. La compañía está valorada en 1.700 millones en bolsa. La segregación daría un valor a la parte de tecnología por separado de 1.500 ó 2.000 millones de euros, según el directivo
Joseph Oughourlian, figura de peso en Indra
El presidente del Grupo Prisa, Joseph Ourghilian, es una de las figuras de peso en la corporación. Participa a través de Amber en Indra, con un 9,9% de la compañía. Su papel fue clave en la toma de control de la empresa por parte del Gobierno. La Sociedad Española de Participaciones Industriales, la propia Amber y Sapa Plasencia han configurado un consejo cercano al Ejecutivo de Sánchez. Como compañía de base tecnológica, muchos de los perfiles del consejo han tenido o tienen fuertes vínculos con este sector.
Ourghilian quiere dividir en dos Indra para incrementar su valor, que ha aumentado en más de un 30% en los últimos tiempos, volviendo a niveles anteriores a la crisis del consejo. Una iniciativa que ha sido enfriada por el Gobierno, que no ve la operación con buenos ojos.
"Estamos empujando para que haya o una división de la compañía entre tecnología (Minsait) y defensa, o una venta total o fusión de la división de tecnología con otra compañía", aseguraba hace unos días Ourghilian, que explicó que solo la parte de tecnología podría valer entre 1.500 y 2.000 millones. En la actualidad, Indra tiene un valor al completo de 1.700 millones de euros en bolsa.
Las intenciones de Ourghilian tampoco son del agrado de Comisiones Obreras. "Este tipo de elucubraciones sobre los beneficios de una venta y, o de segregación en Indra, no hacen más que crear desconfianza de cara a la captación de posibles inversores, a la captación de negocio y al talento profesional. Esto es algo muy serio, no se puede jugar a la especulación una y otra vez, con una empresa estratégica para el desarrollo de la economía española y europea, poniendo en riesgo también el futuro de decenas de miles de personas", reflejaba el sindicato en un comunicado hace unos días.
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