El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tiene un importante reto por delante en los próximos cuatro meses: adjudicar 1.200 millones de euros a través de los diferentes Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que tiene en marcha. Es uno de los objetivos, en forma de inversión, comprometidos con Bruselas y en caso de no lograrlo, podría perder parte de los fondos europeos aún pendientes.
En concreto, el Ministerio que dirige Reyes Maroto debe conceder "al menos 1.200 millones de euros al menos a 78 proyectos innovadores, incluidos los relacionados con PERTEs aprobados (al menos 3), que impliquen una transformación sustancial de la industria en términos de eficiencia energética, sostenibilidad y transformación digital".
Así consta en el acuerdo firmado con la Comisión Europea sobre la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) al que están asociados los fondos Next Generation EU. Y el plazo máximo especificado para cumplirlo es el cuarto trimestre de este año.
Actualmente hay 11 Proyectos Estratégicos aprobados por el Consejo de Ministros: el del Vehículo Eléctrico y Conectado; el de Salud de Vanguardia; el de Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento; el Agroalimentario; el de Nueva Economía de la Lengua; el de Economía Circular; el de Industria Naval; el Aeroespacial; el de Digitalización del Ciclo del Agua; el de Microelectrónica; y el de Economía Social y de los Cuidados.
Tres de ellos han abierto convocatorias relevantes, el del Vehículo Eléctrico (VEC), el de Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento (ERHA) y el de Salud de Vanguardia. Dos de ellos han cerrado plazo con buena concurrencia para algunas de sus líneas fundamentales (cadena de valor y pioneros de hidrógeno renovable del PERTE ERHA, por 250 millones; y línea industrial del PERTE VEC, por 2.975 millones).
El "desastre" del PERTE VEC
Esta línea del PERTE VEC se ha resuelto ya provisionalmente con cuestionable éxito: tres consorcios se han quedado fuera y el 75% del presupuesto no se ha repartido. De los 2.975 millones dispuestos para la principal convocatoria, únicamente se han repartido 703 millones a diez proyectos (liderados por Seat, Renault, Mercedes-Benz, Ford, Opel, Fagor, Faurecia, Sapa, Irizar y Hub) y 2.300 millones han quedado sin adjudicar a ninguna empresa en la resolución provisional.
Tras conocer el resultado, las empresas cuentan con un periodo de alegaciones para intentar entrar en la convocatoria o, en caso de haberlo logrado ya, lograr una mayor dotación. En este sentido, algunas de las empresas involucradas en este procedimiento aseguran a Vozpópuli que las presentarán.
Las fuentes empresariales consultadas por este periódico reconocen que si bien la resolución publicada por el Ministerio de Industria es "la previa" y aún tienen opción de mejorarla, "que se cubra un cuarto de la totalidad de los fondos no deja de ser un pequeño desastre".
En este sentido, grandes compañías del sector automovilístico afirman que alegarán para que los proyectos que no han sido considerados se tengan en cuenta. "No tiene sentido que los hayan dejado fuera y vamos a alegar", defienden en conversaciones con este medio.
Los 2.975 millones de euros corresponden a la parte industrial del PERTE VEC, que se completa con las ayudas del Plan Moves III, el Programa Moves Proyectos singulares, el Programa Tecnológico de movilidad sostenible del CDTI, inteligencia artificial y vehículo conectado hasta llegar a un total de 4.300 millones de euros.
Es decir, que la convocatoria mencionada supone cerca del 70% de las ayudas públicas totales que conforman el tercer PERTE con mayor presupuesto público, sólo por detrás del PERTE de Microelectrónica y Semiconductores (12.250 millones) y el de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (6.920 millones).
Sin embargo, fuentes expertas apuntan que el primero no arrancará al menos hasta 2023. En cuanto al segundo, junto a las antes mencionadas, se espera que el Ministerio para la Transición Ecológica publique este año programas de interés como las ayudas a proyectos singulares de instalación de biogás (150 millones) o las subvenciones directas a empresas distribuidoras de energía eléctrica (525 millones).
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