Hace unos años, no muchos, las instituciones y organismos económicos internacionales se preguntaban por qué los bancos centrales, entre ellos el BCE, no actuaban desde la política monetaria para acabar con la prolongada caída de los precios. Ahora, la pregunta va en sentido contrario. La diferencia radica en que mientras hace cinco o seis años la deuda de los países más desarrollados estaba medianamente controlada, hoy se encuentra en zona de alto riesgo si los tipos de interés empiezan a subir. Y los bancos centrales de EE UU y Reino Unido han indicado cuál es el camino. Pero son países soberanos, con su propia moneda. El euro es compartido por diecinueve estados.
El descontrolado crecimiento de la inflación en España ha desbancado de las portadas de telediarios, boletines de radio y periódicos a la pandemia, la huelga de transportistas o la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas. Pero la inflación, como todos los indicadores económicos, tienen su lado positivo. Y una de las virtudes que atesora es que devalúa con carácter inmediato el valor de una deuda: beneficia directamente a los deudores, que, en la actualidad, son los estados. Otra, que incrementa los ingresos impositivos que, como el IVA, se fijan mediante un porcentaje adicional sobre el precio.
España tiene que pagar este año, solo por los intereses de la deuda que tiene contraída, 30.175 millones de euros, de acuerdo con la previsión que recogen los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio en curso. El nominal se mantendrá en el entorno de los 1,4 billones de euros. Pues bien, si a lo largo del año la inflación se mantuviera en el nivel medio que ha alcanzado entre los meses de enero y marzo, sólo por ese efecto, a España le “costará” casi 28.000 millones, 2.200 millones menos.
En España, más que en otros países de nuestro entorno, la inflación está demonizada, especialmente desde la vuelta de la democracia. Quizás, porque en el inicio de la transición política la economía española tuvo que convivir con subidas de precios por encima del 25% anual durante un cierto tiempo. Con ese fatalista recuerdo, cuando el Instituto Nacional de Estadística adelantó, hace unos días, que la evolución del IPC podría registrar un aumento interanual del 9,8% en marzo, las alarmas se dispararon.
El lado positivo de la inflación es que devalúa con carácter inmediato el valor de una deuda: beneficia directamente a los deudores, que, en la actualidad, son los estados
Nadie ha pensado que la inflación tiene también sus ventajas. Algunos países, como Reino Unido al término de la Segunda Guerra Mundial, la utilizó, a través de la política monetaria, para reducir el brutal endeudamiento al que les condenó la ayuda de EEUU hasta niveles soportables. Bajó de casi 2,5 veces el valor de mercado de su PIB a sólo la mitad de este dato en los años 80. Un dato con el que hoy se daría por muy satisfecho el Banco Central Europeo.
Sentencia el refranero español que “no hay mal que por bien no venga”. Los altos precios mantenido en el tiempo tienen otras contraindicaciones, como que devalúan el ahorro de hogares y empresas o incide perjudicialmente en el poder de compra de muchos colectivos, como pensionistas o trabajadores con salarios más bajos.
Reparto de la deuda pública
A cierre del pasado mes de enero, según los datos del Banco de España, la deuda conjunta de las Administraciones Públicas ascendía a 1.424.467 millones de euros; sí, 1,424 billones, el 118% del valor de mercado de un año del Producto Interior Bruto. De esta cifra, 1,29 billones corresponden al Estado y sus unidades; casi 310.000 millones, a las Comunidades Autónomas; 97.200 millones, a la Seguridad Social y el resto a corporaciones locales.... La inflación media, en términos de IPC, se sitúa en los tres primeros meses del año en el 7,83%. En el conjunto de 2021 fue del 3,1%.
Si se mantuviera esa inflación a lo largo de todo el año, la deuda de las Administraciones Públicas se devaluaría por ese efecto hasta 1.312.932 millones el 31 de diciembre próximo, 115.537 millones de euros menos. Como quiera que la deuda del Estado tiene una vida media de ocho años, según los PGE-2022, el efecto inflacionista del 7,83% anual “reduciría” durante ese periodo de tiempo el montante de nuestro endeudamiento hasta los 742.000 millones de euros.
La inflación no reduce el nominal de la deuda de un país. Permanece estable. Pero en la hipótesis antes mencionada, si hoy el conjunto de las Administraciones Públicas deben 1,424 billones de euros, dentro de ocho años, el esfuerzo equivalente que tendría que hacer España equivaldría, entonces, a 742.000 millones del año 2030 para poner ponerla a cero.
La consultora KPMG ha destacado en algunas ocasiones que la política monetaria del Banco Central Europeo ha sido siempre más eficaz en su labor de reducir la inflación que en incrementarla. Los datos españoles son suficientemente elocuentes. En el año 2020, el IPC estuvo en negativo a lo largo de diez meses; en el año 2019, en ocho; otras ocho en 2016; nueve, en 2015; siete, en 201 y una, en 2013.
Desde la crisis económica de 2008, únicamente en los años 2017, 2018 y 2019 siempre estuvo por encima de cero. Por encima del nivel deseado por el BCE, el 2%, entre diciembre de 2008 y agosto de 2010, y desde junio de 2013 a diciembre de 2016, con algunas excepciones muy puntuales en determinados meses.
KPMG reconoce que la inflación es siempre una tentación que está al alcance de la mano de la políticas monetarias de los países o las áreas de disciplina económica como la Eurozona. Máxime teniendo en cuenta el gasto extraordinario que ha supuesto hacer frente a la crisis sanitaria, que ha disparado la deuda de la Eurozona hasta los 11,73 billones de euros, el 97,7% del PIB, y de la Unión Europea, hasta los 12,74 billones, el 90,1% de la riqueza anual de la región.
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