El Ingreso Mínimo Vital (IMV), prestación impulsada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y aprobada por el Gobierno en mayo de 2020 como escudo social para los más vulnerables, ha quedado lejos de su objetivo inicial: beneficiar a 2,30 millones de personas, casi la mitad en pobreza extrema. Dos años y medio después sólo ha llegado a 1,58 millones de personas, según los últimos datos difundidos por el propio Ministerio este martes.
Esos 2,30 millones de potenciales beneficiarios se agruparían en 850.000 hogares, según cuantificó entonces el Ejecutivo. Los últimos datos reflejan que los expedientes aprobados entre junio de 2020 y enero de 2023 ascienden a 560.800, con un incremento aproximado de 200.000 al año. En otras palabras, el IMV no ha logrado llegar a una de cada tres personas u hogares, quedándose entre un 30% y un 35% por debajo del objetivo.
Los problemas han sido varios. Por un lado, los que han solicitado esta prestación han denunciado el laberinto burocrático que supone, así como el retraso en la aprobación de solicitudes y la denegación de un importante porcentaje de las mismas. Por otro lado, un 25% de los candidatos a optar por esta ayuda no la conoce, según asegura el propio Ministerio.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advirtió hace unos meses de que la prestación podría haber llegado a 700.000 hogares si estuviera plenamente implementada, con un coste anual de 2.800 millones, frente a los 1.600 millones que ha supuesto. Según sus cálculos, el número de solicitudes fue elevado hasta diciembre de 2021, pero muchas fueron rechazadas. En concreto, el 73% se ha denegado o inadmitido por criterio de renta, patrimonio o unidad de convivencia, porcentaje que se ha ido suavizando con el tiempo.
Además, los sindicatos denuncian que hay numerosas solicitudes sin resolver, un atasco que achacan a la falta de personal en la Seguridad Social. En octubre de 2022 Escrivá rebajó sus expectativas ante la imposibilidad de alcanzar ese nivel de prestaciones abonadas por la Seguridad Social, reduciendo el objetivo hasta los 650.000 hogares antes de 2024 (al final de la legislatura). Para alcanzar al menos este nivel, el Gobierno ha puesto en marcha un autobús que recorre España en busca de potenciales beneficiarios.
De los 1,57 millones de beneficiarios, un tercio (502.000) se localizan en Andalucía, 185.000 en la Comunidad Valenciana, 157.000 en Madrid y 137.000 en Cataluña. En Castilla y León superan los 73.500, mientras que en Galicia se sitúan en 71.600 y en Canarias alcanzan los 64.000, una cifra similar a la de Castilla-La Mancha (63.800) y Murcia (62.800).
Por su parte, los extremeños, los vascos y los aragoneses que se benefician de esta ayuda superan los 53.000, 47.000 y 42.000, respectivamente; mientras que los asturianos rondan los 34.000. Finalmente, en Baleares hay unos 20.000 beneficiarios; en Navarra, unos 19.000; en Cantabria, unos 15.000; y en La Rioja, unos 11.000.
Desde el Ministerio destacan el 'éxito' de la medida con los menores y las mujeres: "Está teniendo una especial incidencia en la reducción de la pobreza infantil puesto que del total de beneficiarios un 43% son menores (676.288). Además, si tenemos en cuenta el número de hogares, en el 66% hay al menos un menor (368.069)". Finalmente, añaden que "en dos de cada tres hogares el titular de la prestación es una mujer y, si se tiene en cuenta el total de beneficiarios, el 54% son mujeres (858.445)".
Pagos "indebidos"
Además, en los últimos meses, algunos beneficiarios del IMV estaban recibiendo cartas de la Seguridad Social en las que se les reclama la devolución de todo o parte del dinero cobrado "indebidamente". Sin embargo, el Gobierno ha decidido 'perdonar' esta deuda a determinados hogares. Es una de las medidas incluidas en el último Real Decreto-ley de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania aprobado el pasado mes diciembre.
La ley que regula el Ingreso Mínimo Vital establece que el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá revisar de oficio los actos relativos a la prestación. "Cuando mediante resolución se acuerde la extinción o la modificación de la cuantía de la prestación como consecuencia de un cambio en las circunstancias que determinaron su cálculo y no exista derecho a la prestación o el importe a percibir sea inferior al importe percibido, los beneficiarios de la prestación vendrán obligados a reintegrar las cantidades indebidamente percibidas", reza el documento.
Sin embargo, ante el impacto más intenso que las consecuencias de la invasión de Ucrania está teniendo sobre los hogares más vulnerables, se ha aprobado una adición en la ley del IMV que, en materia de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, permite no exigir las cantidades que no superen el 65% de la cuantía mensual de las pensiones no contributivas y siempre y cuando la unidad de convivencia tenga, al menos, un menor de edad.
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