Telefónica ha ganado el contrato para gestionar el número de atención telefónica para el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El Gobierno espera, según el pliego de prescripciones técnicas consultado por Vozpópuli para la elaboración de esta información, un volumen mensual de 2,25 millones de minutos en llamadas para informarse sobre esta prestación en el 900202222, número telefónico desde el que se servirá el servicio. El pliego se adjudicó a finales de julio de este año pero no ha sido publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) hasta ayer.
"La volumetría estimada de llamadas, que en ningún caso constituye un compromiso de volumen mínimo, es de 2.250.000 minutos mensuales. En cualquier caso, el servicio suministrado deberá poder absorber los incrementos que se produzcan sobre dicha estimación", refleja la documentación consultada por este diario.
La cifra se va ahora hasta los 2,25 millones de minutos mensuales en consultas sobre el Ingreso Mínimo Vital
El montante del contrato asciende a 326.000 euros, impuestos incluidos. El contrato tiene una duración de tres meses y hay que destacar que el operador de telecomunicaciones dirigido por José María Álvarez-Pallete fue el único que acudió al concurso.
No sucedió lo mismo con la anterior licitación, con un montante mucho más jugoso, de 1,4 millones de euros, también destinado a la gestión de la atención telefónica para el Ingreso Mínimo Vital. A esa licitación acudieron cuatro operadores pero fue de nuevo Telefónica quien finalmente se hizo con el contrato.
Ese contrato tenía una duración de seis meses, de junio de 2020 a diciembre del mismo año, y el volumen estimado de llamadas quedó fijado en la licitación en 4 millones de minutos para todo el periodo. El contrato actual, para un periodo la mitad de corto (tres meses) estima un total de 2,25 millones de minutos de consultas.
Tarifas para quienes cobran el Ingreso Mínimo Vital
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales presentó en octubre del año pasado el anteproyecto de la nueva ley general de telecomunicaciones. En el texto se desveló que el Gobierno de Pedro Sánchez obligará a los grandes operadores (Telefónicam Orange, Vodafone y MásMóvil) tarifas especialmente desarrolladas para las rentas mínimas o aquellos hogares con dificultades económicas.
El operador francés Orange se adelantó a las intenciones del Ejecutivo y lanzó en su día una tarifa para los beneficiarios de la renta mínima o el Ingreso Mínimo Vital por 15 euros al mes. Una tarifa que se lanzó con 100 Mbps de velocidad de fibra en casa, llamadas ilimitadas en el móvil y 3 GB de datos para navegar.
"Los precios minoristas en los que se prestan los servicios incluidos dentro del servicio universal han de ser asequibles y no deben impedir a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales acceder a tales servicios. Mediante real decreto, se determinarán los consumidores que tengan rentas bajas o necesidades sociales especiales", explicaba el anteproyecto de ley, que añade que "competencia podrá imponer, con carácter excepcional, la obligación de ofrecer estas opciones o paquetes de tarifas solo al operador u operadores designados en virtud de lo establecido en el artículo 40, en cuyo caso deberá velar por que todos los consumidores de renta baja o con necesidades sociales especiales disfruten de una variedad de operadores que ofrecen opciones de tarifas adecuadas a sus necesidades, a menos que ello resulte imposible o cree una carga organizativa o financiera adicional excesiva".
El Proyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones ha sido presentado hace unas semanas por el Consejo de Ministros a las Cortes. El texto no es aún definitivo pero en él se incluye normativa que afectará a operadores, usuarios y reguladores.
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