El futuro del sistema público de pensiones no termina de despejarse nunca. La vinculación de las subidas anuales a la evolución del IPC medio mensual entre los meses de diciembre de un año y noviembre del siguiente (la de 2023 tendrá en cuenta la evolución de la inflación entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022) ha despertado muchos recelos en la Unión Europea, que duda de la capacidad del Gobierno y de la economía española para recaudar el dinero suficiente para garantizar su sostenibilidad financiera a largo plazo.
Hace unos días se supo que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá está hablando con los sindicatos y sin contar con la CEOE de una ampliación del denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional hasta 2050, con el fin de recaudar otros 70.000 millones de euros más, cuando ni siquiera se ha puesto aún en marcha. Lo hará en enero del próximo año. Este mecanismo consiste en un aumento finalista del 0,6% en las cotizaciones sociales que pagan empresarios y trabajadores, inicialmente entre los años 2023 y 2032, para asegurar su futuro.
Con los últimos datos de la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social de los diez primeros meses del año, los ingresos por cotizaciones sociales han ascendido a 115.168 millones de euros, un 8,46% más que en el mismo periodo del año anterior y un 17,8% más que en los mismos meses de 2020. Esta cantidad ha permitido el abono de las pensiones hasta octubre, incluida la paga extra de junio (once mensualidades en total), que han supuesto un desembolso de 114.140 millones de euros.
El régimen general de la Seguridad Social ha sido el que más dinero ha recaudado entre los meses de enero y octubre, con 89.696 millones de euros y un crecimiento del 9,59%. Los ingresos del régimen general, en el que más empresas y trabajadores cotizan, absorbe casi el 78% de los ingresos. Las segunda partida en importancia de las cotizaciones sociales la aportan los trabajadores autónomos, con 9.417 millones, un 8,96% más que en el mismo periodo de 2021.
El tercer grupo son las cotizaciones procedentes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con 8.424 millones de euros (10,83%). El cuarto y último, las cotizaciones de los desempleados que han sumado 6.915 millones de euros, una cifra un 6,96% inferior a la 2021, como consecuencia de la reducción del número de parados durante este ejercicio. El resto de los regímenes especiales para los trabajadores agrarios, del mar, de la minería y empleados del hogar, así como las cotizaciones por cese de la actividad de trabajadores autónomos, apenas suponen 726 millones de euros de ingresos, el 0,63% del total.
Los Presupuestos Generales del Estado prevén una recaudación en concepto de cotizaciones sociales de 136.345 millones de euros para el conjunto del año. A cierre del pasado mes de octubre, el objetivo estaba cumplido en un 84,47%. Si las circunstancias económicas no cambian sustancialmente en los dos últimos meses del año que hay que computar aún, las proyecciones apuntan a una recaudación superior a los 138.000 millones de euros, ligeramente por encima de las previsiones.
Para el próximo ejercicio y con la introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la elevación de las bases máximas de cotización y la continuidad, según el Gobierno, “del actual marco de crecimiento económico”, las previsiones señalan una recaudación en concepto de cotizaciones sociales de 152.075 millones de euros, un 11,5% más del montante que se obtendrá a cierre del presente ejercicio.
En los PGE 2023, las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores ocupados alcanzarán los 143.261 millones de euros, un 12,6% más que este año, y las de los desempleados, 8.427 millones, un 3,7% menos. Después de las cotizaciones sociales, las aportaciones del Estado constituyen el concepto de mayor peso relativo en la financiación del Presupuesto de la Seguridad Social, con 38.904 millones.
Ingresos para pagar pensiones
El principal empleo que han tenido los ingresos por cotizaciones sociales ha sido el pago de las pensiones contributivas. De acuerdo con las cifras de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social, los más de 9 millones de pensionistas que hay en España han recibido entre enero y octubre 114.141 millones de euros, una cifra inferior en 1.027 millones a la recaudada por cotizaciones.
Hay, pues, un ligero superávit todavía, pero a finales de año dejará de haberlo. La razón es que a las cifras publicadas por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social hasta octubre hay que añadir tres nóminas más: las mensuales de noviembre y diciembre y la “extra” de noviembre, que se computa en la ejecución presupuestaria un mes después, como ocurrió con la de junio que, a efectos presupuestarios, se contabilizó en el mes de julio.
En total, faltarán por desembolsar alrededor de 31.500 millones de euros, que elevaría el gasto total en pensiones contributivas durante este año a 145.641 millones. Es decir, las cotizaciones sociales en un año récord, como va a ser 2022, alcanzan para abonar las pensiones contributivas, con la excepción de una paga extra o parte de la misma.
Otra cosa son las pensiones no contributivas y los complementos a mínimos que figuran en la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social en el apartado de transferencias corrientes y que hasta el mes de octubre han supuesto un gasto de 7.629 millones de euros, de los que el 71,7%, cerca de 5.500 millones corresponden a los complementos a mínimos de pensiones contributivas.
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