La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler que representa los intereses de fondos inmobiliarios con exposición a España como Blackstone, Ares o Castlelake así como de pequeños propietarios ha buscado pescar a la exsecretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera (48), como nueva presidenta. Y ello, en sustitución del también exalto cargo socialista como ministro de Industria durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el exprimer edil de Barcelona Joan Clos (74), que vencía mandato este mes como titular de Asval.
Fue a partir del pasado 4 de diciembre que la asociación comenzó a remitir a sus miles de integrantes la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Asval, que se celebrará el próximo 20 de diciembre y en la que se propondrá el cambio en la presidencia. Una maniobra que pende también de resolución de la Oficina de Conflictos de Interés del Gobierno, como ha adelantado El Confidencial y ha podido confirmar Vozpópuli a través de fuentes conocedoras.
De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario hasta la tarde, no se esperaban dificultades en este sentido, pese al creciente revuelo en las redes sociales tras conocerse la noticia. No obstante, desde el entorno de Pardo se ha señalado finalmente que no se considerará la oferta mientras no pase el filtro del Gobierno, como avanzó Cinco Días. Según ha podido corroborar este diario a partir de fuentes del entorno, la renuncia sería indeclinable.
Otras fuentes consultadas por Vozpópuli apuntan, en paralelo, a una potencial negativa del Ejecutivo por la presunta incompatibilidad para ejercer en el sector de la exsecretaria de Estado de Agenda Urbana atendiendo a la Ley 5/2006 de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
La exmiembro del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana podría encajar en uno de los supuestos de cargo privado tras cese de uno público que la ley veta durante los dos años posteriores al cese, atendiendo a fuentes consultadas en la tarde de este viernes.
Pardo cesó su cargo en el Gobierno hace seis meses
Pardo de Vera viene de abandonar en febrero de este mismo 2023 su puesto como número dos del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana después de que la ministra del ramo, Raquel Sánchez, le trasladara la responsabilidad de la crisis ferroviaria en los túneles de Asturias y Cantabria por trenes que no servían.
Hasta entonces, Pardo de Vera era considerada una de las figuras con más ascendencia dentro del Gobierno y proximidad al presidente Pedro Sánchez. Desde el 1 de marzo de 2023, percibe una indemnización por su despido de 7.306 euros mensuales, que cobraría hasta el 25 de septiembre de 2024, avanzó Vozpópuli. Como informó este diario, Pardo de Vera tendría que renunciar a la citada retribución pública en caso de recibir otra por una actividad privada.
Antes de ser número 2 del ministerio de Transportes que impulsó la polémica Ley de Vivienda, Isabel Pardo de Vera fue la presidenta de Adif, cargo que le granjeó la simpatía del sector privado. En el ámbito de los medios de comunicación, es conocida también por ser la hermana de la directora del periódico digital Público, Ana Pardo de Vera.
Asval apunta ahora a su fichaje para buscar encarrilar la interlocución con el Gobierno ante la puesta en marcha de la nueva Ley de Vivienda
Asval ha buscado su fichaje para buscar encarrilar la interlocución con el Gobierno ante la puesta en marcha de la nueva normativa residencial, que pende de conversaciones entre el Ejecutivo central y las administraciones regionales y que plantea límites a los precios de la vivienda en alquiler en zonas que se declaren tensionadas. Dentro de ese mismo orden de cosas, está abierta la discusión entre el sector público y el privado sobre la fórmula con que se vehiculará el nuevo índice de referencia para la actualización de los contratos de alquiler a partir de 2025 -permanecerán topados al 3% en 2024.
En suma, otra de las cuestiones sobre la mesa pasa por las encalladas conversaciones para alcanzar un acuerdo con la Administración Pública en favor de la cesión de miles de viviendas que los grandes tenedores han puesto a disposición del Ejecutivo con descuento a cambio de contratos de 25 años.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación