Los actuales gestores de la vivienda pública en España tienen claro que hace falta un importante aumento de la inversión tanto privada como pública para resolver el problema habitacional, que pasa por un precio del alquiler en máximos históricos y unas hipotecas de difícil acceso para los menores de 35 que podría agravarse aún más al calor de las corrientes migratorias.
Es la conclusión que ha alcanzado el comité de expertos de la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) que reúne a los supervisores de las empresas públicas de vivienda de las diferentes comunidades y ayuntamientos en España, de signo político diverso, asi como a la propia Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).
Los representantes de AVS han puesto de relieve su diagnóstico conjunto en el Encuentro Internacional sobre Vivienda Protegida, Social y Asequible del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (SIMED) este mes en Málaga, en el que se discutió la necesidad de no repetir lo que algunos consideran como posibles "errores" del pasado, como la privatización casi completa de los millones de viviendas que se construyeron con fondos estatales el siglo XX que luego se ha buscado paliar con la creciente regulación del sector privado, hasta su contracción actual.
"Podemos y debemos construir más", ha sido uno de los mensajes de la entidad que preside José María Cerezo, que ha identificado un auténtico problema real de falta de oferta asequible en los principales mercados del país cuya solución no será posible a corto plazo ni sería del todo viable financiada íntegramente por el sector público. Además de los cuatro de años de tiempo que suele tomar el ciclo para la promoción de una vivienda están los más de cien mil millones de euros que harían falta para construir todas las unidades residenciales que la demanda proyectada por el Instituto Nacional de Estadística para esta década podría cubrir -a todos los niveles, asequible o no.
No por nada, el propio José María Cerezo ha firmado, en el marco de SIMED, un convenio de colaboración para la promoción de vivienda asequible con Helena Beunza, la exSecretaria de Vivienda del Gobierno y ahora presidenta de la asociación de propietarios de vivienda en alquiler, Asval: en ella están representados varios de los grandes tenedores privados de vivienda en alquiler en España, como Testa y Albirana (Blackstone) o Tectum (Ares), así como particulares.
"Deberemos programar como mínimo a quince años vista, un pacto de Estado que impulse un potente plan concertado con la iniciativa privada, que incluya la vivienda de alquiler asequible, la vivienda de alquiler social y la rehabilitación del parque existente".
Como parte del acuerdo entre AVS y Asval, las dos asociaciones intercambiarán información y elevarán propuestas conjuntas a la Administración Pública para impulsar la promoción de "vivienda asequible".
"Han sido tantos años de parálisis en la promoción asequible y social, que la inversión necesaria no puede recaer exclusivamente en el sector público", apuntan desde la AVS. "Deberemos programar como mínimo a quince años vista, un pacto de Estado que impulse un potente plan concertado con la iniciativa privada, que incluya la vivienda de alquiler asequible, la vivienda de alquiler social y la rehabilitación del parque existente".
"Un pacto de estado entre la clase política (partidos políticos y administraciones), la sociedad civil (entidades del tercer sector, cooperativas de vivienda, etc.) y el sector inmobiliario productivo, es decir, aquel sector privado que se dedica a la producción de vivienda (empresas privadas, promotores y constructores, que producen viviendas y buscan un beneficio razonable), dejando de lado el sector inmobiliario especulativo", plantean paralelamente desde el comité de expertos de las empresas públicas.
Su plan para la vivienda en números
Los gestores de VPOs han planteado así la necesidad de que se dé un primer paso en la línea de un compromiso de mínimos de inversión presupuestaria del Estado "al menos durante 15 años, con el objetivo ideal de alcanzar un 1,5% del PIB", lo que supondría triplicar la partida actual -de alrededor del 0,5% del Producto Interior Bruto- y blindar la cuota para varias legislaturas, independientemente del signo político.
"Ello debe permitir un Plan de Vivienda, con ayudas suficientes como para garantizar la viabilidad de promociones de alquiler asequible, de alquiler social y de rehabilitación de barrios, proponiendo subvenciones del 60% del coste en alquiler social, del 30% en alquiler asequible y del 30% en materia de rehabilitación, porcentajes que supondrían inicialmente no superar el 0,3% del PIB, cifra que entendemos muy asumible".
En la misma línea, abogan por que se replique el mismo plan a escala autonómica y municipal para revertir una coyuntura en la que España sobresale como uno de los tres países con menor cuota de vivienda social en Europa, del 2,5%, por el 30% que alcanzan países como Países Bajos.
El objetivo que la AVS plantea pasa por unas 30.000 viviendas asequibles al año y unas 15.000 unidades anuales de alquiler social, por los poco más de 5.000 pisos protegidos que se terminaron en los primeros tres trimestres de 2023.
Paralelamente, en términos de viviendas, el objetivo que la AVS ha fijado pasa por unas 30.000 viviendas asequibles al año y unas 15.000 unidades anuales de alquiler social, por los poco más de 5.000 pisos protegidos que se terminaron en los primeros tres trimestres de 2023.
"Es evidente que no será fácil involucrar a la empresa privada en la promoción genérica del alquiler, ni en el alquiler asequible, dado que el sector público ha tendido en los últimos años a ser muy intervencionista en este mercado tensionado", advierten desde la AVS. "Para posibilitar estos conciertos con el sector inmobiliario productivo, será necesario además pactar la seguridad jurídica, y legislar en todos los aspectos (urbanísticos, fiscales, financieros, presupuestarios, notariales, patrimoniales, registrales y de contratación) que hagan posible la producción de este parque".
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