La vivienda es una de las principales preocupaciones en la política española. El difícil acceso a ella por los altos precios en los alquileres, que se traduce en una tardía emancipación de la población juvenil, o la antigüedad de los inmuebles, que supone una peor calidad energética y de las instalaciones, son algunos de los objetivos que tanto el Ejecutivo actual como algunos gobiernos autonómicos han incluido en sus agendas.
En España hay un total de 26.623.708 viviendas, de las cuales el 29,9% tienen más de 70 años de antigüedad, según el último Censo de la Vivienda en 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE). La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) apunta en su estudio más reciente que la media de edad de los domicilios españoles se sitúa en 43,5 años.
El informe del INE apunta que el 18,79% presentan algún problema de aislamiento, reflejando la necesidad de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de muchas edificaciones. Por otro lado, la FAI señala que las deficiencias mayoritarias son la falta de ascensor (32,08% de los casos), poco espacio exterior (24,91%), falta de aislamiento térmico (23,74%) y ausencia de rampas (19,25%).
El presidente de la FAI, José María Alfaro, ha indicado que “uno de los retos a los que se enfrenta el sector inmobiliario es la necesidad de recuperar los centros urbanos construidos en los años 70 y 80, que la vivienda sea más eficiente energéticamente y mantenerla en buenas condiciones, tanto desde el punto de vista de seguridad como del de confort y accesibilidad”.
Para intentar encontrar una solución a este problema, el Gobierno de Pedro Sánchez inició en 2021 el Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, inscrito dentro del componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los principales retos a alcanzar de este proyecto son el impulso a la rehabilitación del parque edificado en España -cumpliendo con la Renovation Wave de la Unión Europea- y aumentar el número de pisos de alquiler social en edificios energéticamente eficientes.
De esta manera, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico pretenden adelantar de los objetivos de rehabilitación marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y en la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE).
El Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana cuenta con una inversión prevista de 15.367 millones de euros, de los cuales 10.820 millones proceden de los fondos UE. Entre 2021 y 2023 se emplearon 5.520 millones de euros de la primera fase del Plan de recuperación y en octubre de 2023 se aprobaron otros 4.000 millones más a modo de préstamo para la promoción de vivienda social -pertenecientes a la Adenda, o segunda fase del Plan de Recuperación-.
Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico gestiona otros 1.300 millones de euros -completando los casi 11 millones procedentes de fondos UE-. La cantidad restante, es decir, 4.547 millones de euros, se estima que sea por financiación privada. Desde el Gobierno, transfieren estos fondos a las Comunidades Autónomas y entidades locales para que implementen las medidas reflejadas en el Plan.
1,2 millones de viviendas rehabilitadas energéticamente para 2030
El Plan de rehabilitación de la vivienda ha identificado cuatro problemáticas principales en el parque edificado español, las cuales son similares a las señaladas por la FAI. Primeramente, el 45% de los inmuebles fueron construidos antes de 1980. Asimismo, casi un millón de pisos se encuentran en estado deficiente, malo o ruinoso. Las otras dos cuestiones que resalta el Plan es que el 40% de los edificios de cuatro o más plantas no tiene ascensor y el 75% de las construcciones residenciales no son accesibles. Para ello se han creado siete programas financiados a través de fondos europeos.
La eficiencia energética es el objetivo que es más destacado en este proyecto. Según los datos compartidos por los Ministerios de Vivienda y el de Transición Ecológica, el 81% de los edificios en España se sitúan en las letras E, F o G.
La meta de este programa es clara: conseguir la rehabilitación energética de 1,2 millones de viviendas para 2030. Para ello pretenden pasar de las 30.000 acciones actuales al año a un promedio de 300.000, esperando haber alcanzado las 510.000 en 2026.
Más allá de las inversiones, el Plan incluye también varias reformas legales, como la Ley de Vivienda, publicada en el BOE el 25 de mayo de 2023 y recogida en el Plan de Recuperación. En ella se pide la regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general, el blindaje de su función social, la promoción del desarrollo de parques públicos edificados estables y se refuerza el derecho de una vivienda digna a un precio asequible, así como se garantiza la transparencia, seguridad e información.
Entre los diferentes proyectos que recoge este Plan está la rehabilitación integral de edificios, para la que se destinarán 1.994 millones de euros para promover la reparación externa y energética de las viviendas. En esta medida se recogen subvenciones, beneficios fiscales y líneas de avales que ayuden a la conservación, seguridad, digitalización, mejora y sostenibilidad de los inmuebles. Según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se han aceptado un total de 197.349 actuaciones y 317.509 se están estudiando a fecha de abril de 2024.
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