Hace unos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escribió en su cuenta de X (antigua Twitter) “si España tiene hoy un gran reto constitucional ese es el de la vivienda. Vamos a usar todos los recursos del Estado para habilitar 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible. Nuestro afán es convertir la vivienda en el quinto pilar del estado del bienestar, para que lo que hoy es un problema sea un derecho real y efectivo”.
Con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al mes de octubre sobre transmisiones de derechos de la propiedad, durante el pasado mes de octubre se vendieron en España 45.903 viviendas, de las que 37.056 correspondieron a viviendas usadas y 8.847, a viviendas nuevas. Utilizando otra clasificación, de la cifra total, 42.476 fueron viviendas libres y apenas 3.325, vivienda protegida, apenas el 7,24%.
El INE define el régimen de vivienda protegida como “aquella que cumpliendo los requisitos de superficie, diseño, habitabilidad, destino, uso, calidad y precio máximo que se establecen, reciba además la calificación correspondiente para acogerse a un régimen de protección pública”. En los diez primeros meses del año, se han vendido en España, de acuerdo con los datos de los registros de la propiedad, un total de 503.327 viviendas, de las que apenas 38.724 se consideran viviendas protegidas. Son el 7,69% del total de transacciones realizadas. El resto, 464.603 fueron viviendas libres, y suponen el 92,31% restante. Utilizando otra catalogación, el 18,9% de las propiedades vendidas entre enero y octubre correspondieron a viviendas nuevas y el resto, el 81,1%, a usadas.
Basta analizar estos datos para entender lo que dijo Sánchez hace unos días en la Inauguración de la Casa de la Arquitectura en el complejo de los Nuevos Ministerios, en Madrid. El presidente del Gobierno aseguró que la vivienda es el gran reto constitucional que tiene hoy España ya que “el incumplimiento del artículo 47 de la Constitución que consagra el derecho de todos los españoles a una vivienda digna es flagrante, cotidiano y afecta a millones de personas y, en especial, a los jóvenes y a las familias de 40-50 años con menores a cargo”.
No está siendo un buen año 2023 para el sector inmobiliario. La compraventa de viviendas disminuyó un 11,1% en el mes de octubre, en relación con el mismo mes del año 2022 y en los diez primeros meses del año acumula una caída del 8,74%, el equivalente a la venta de 48.201 viviendas menos. El descenso en la vivienda protegidas asciende al 10,24%.
A pesar de que la vivienda protegida fue uno de los principales ejes de las diferentes campañas políticas de las elecciones autonómicas y municipales del pasado mes de mayo, España sigue estando a la cola de los países de la UE por la atención que se presta a la construcción de viviendas de protección oficial. Mientras en países como Holanda la vivienda social representa casi la tercera parte del parque total y en Dinamarca, Suecia o Austria el 20%, en España apenas se alcanza niveles del 2,6%.
España sigue estando a la cola de los países de la UE por la atención que se presta a la construcción de viviendas de protección oficial
Para encontrar un dato peor que el registrado en los diez primeros meses de 2023 habría que remontarse al año 2017, cuando entre enero y octubre se vendieron 38.384 viviendas de este régimen, 340 menos que este año. La crisis financiera internacional que estalló en el verano de 2007 y se propagó con una velocidad inusitada por todo el mundo en 2008 está detrás de esta caída en el número de viviendas protegidas que se ha construido en los últimos años.
El propio Defensor del Pueblo ha destacado en sus informes la falta de dotación presupuestaria para los planes de vivienda. No hay más que mirar hacia atrás y comprobar que en el año 2014 se alcanzó la cifra más baja de venta de viviendas protegidas, con apenas 32.561 de un total de 318.830 viviendas vendidas. Aún así, representan el 10,21% del total, casi tres puntos porcentuales más que en el presente ejercicio.
Balance de la vivienda protegida
Los años de Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno no han sido particularmente buenos para la vivienda protegida. Solo en el año 2022 se superaron las 50.000 viviendas vendidas, una cifra que ya se había alcanzado en el año 2010. En 2007, cuando estalló la crisis de las hipotecas “subprime” en Estados Unidos, se habían vendido en España un total de 67.054 viviendas catalogadas como protegidas, con bastante menos población que la actual.
El Plan de Estabilidad presentado por el Gobierno español a Bruselas contempla para los próximos tres años 2024-2026 un gasto en materia de vivienda y servicios comunitarios que se mantendrá estable en el 0,5% del producto Interior Bruto, la mitad que el destinado a protección del medio ambiente o a actividades recreativas, cultura y religión.
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