Los inspectores de Hacienda claman contra la podemización de la Función Pública y alertan de que se quiere sembrar sospechas entre los ciudadanos sobre su desempeño e independencia. Así lo ha planteado Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), en un acto sobre La quiebra del Estado de Derecho y el deterioro de la Función Pública que altos funcionarios del Estado habían programado hace semanas contra la amnistía, los privilegios que se preparan para Cataluña y el intento de deteriorar la Función Pública.
El encuentro se ha convertido en una reacción de jueces, fiscales e inspectores de Hacienda, Trabajo y Seguridad Social al redoble en los ataques que están recibiendo en la crisis institucional que ha abierto Pedro Sánchez con su carta de supuesta reflexión para dimitir.
De la Herrán ha apuntado que esta situación empezó hace cinco años: "Se crea un problema donde no había un problema, se quiere crear un nuevo paradigma, un nuevo modelo de democracia, de Estado", ha relatado.
Cree que se quiere "generar un caos. La fórmula: se ponen de manifiesto deficiencias y problemas de la Función Pública, que se confunden con medias verdades. Por ejemplo, se alude al problema de la tasa de reposición, lo que ocurre en algunos cuerpos, pero no en todos, advierte. O se plantea que la media de funcionarios tiene una edad elevada", ha detallado.
"Algunas cuestiones son ciertas, pero no todas, es una media verdad, que siembra la sombra de duda con el funcionamiento, con que los funcionarios venimos de familias de ciertos apellidos, de ciertos sectores sociales". Esto cree que es para confundir a los ciudadanos, con el fin de que empiecen a demandar una reforma de la Función Pública. "No nos quedamos tranquilos al ver lo qué está pasando", ha dicho.
"Es como un castillo de naipes, el funcionario debe ser elegido por mérito y capacidad, dónde vamos si no elegimos con criterios objetivos", ha preguntado.
Una de las consecuencias de esta situación para los inspectores de Hacienda es que sus actuaciones y su independencia se están poniendo en entredicho. De la Herrán ha alertado en este sentido: "Es muy grave que se creen dudas sobre nuestra objetividad".
Jueces, fiscales e inspectores de Hacienda han lanzado una alerta internacional por la amenaza que sufre el Estado de Derecho en España, a su juicio, "la peor crisis institucional de la democracia española".
"La situación es grave, los principios constitucionales están en entredicho", ha subrayado la presidenta de los inspectores de Hacienda.
La igualdad entre los españoles, en peligro
De la Herrán ha mostrado su preocupación con los pactos del PSOE con Junts y ERC y sobre la cesión del 100% de impuestos a Cataluña en un Cupo ha alertado de que se van a generar "CCAA de primera y de segunda, ciudadanos de primera y de segunda", lo que ha tachado de "degradación del sistema". Ha avisado de que esto significa que habrá "servicios públicos peor prestados. No se pueden generar privilegios para un territorio, rompe el principio de igualdad y solidaridad":
También han intervenido en la jornada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales; Pilar Astray, de la Asociación Profesional de la Magistratura; Victoria Muñoz, Vicepresidenta de Foro Judicial Independiente; María Foret, vicepresidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Alberto Bravo, portavoz de la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (APSITAL).
Bravo ha declarado tener "bastante miedo consecuencias para la caja única de la Seguridad Social".
Además de estas siete organizaciones, incluida la de inspectores de Hacienda, han rubricado un manifiesto en defensa del Estado de Derecho la Asociación de Abogados del Estado, la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, la Asociación de Funcionarios del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera-Investigación, el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Confederación Español de Policía (CEP) y Chartae-Asociación de Notarios.
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