"No se oponen frontalmente, dicen medias verdades, nadie dice que es una barbaridad en el Gobierno". La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) clama contra el Cupo catalán que exige la Generalitat y al que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha abierto: "Es inconstitucional", han advertido en una rueda de prensa este lunes convocada de urgencia, en la que han lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se pronuncie con claridad, hable de desarrollar el Estatut, de un consorcio, lo que creen que es ilegal.
IHE ha salido en tromba ante la presentación la semana pasada del documento de financiación singular de Cataluña presentado martes y miércoles por la Generalitat en Barcelona y Madrid y después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no haya descartado que Cataluña recaude el 100% de sus impuestos.
José María Peláez ha ido desgranando cómo un sistema similar al Cupo vasco en el que Cataluña acabaría con una Agencia Tributaria independiente y recaudaría 52.000 millones al año en impuestos no cumple la Constitución ni la Lofca ni el Estatut.
Pretenden hacer un pequeño cambio en la Lofca con este fin, lo que puede parecer viable e incluso con encaje en la Constitución, pero Ana de la Herrán, presidenta de IHE, ha alertado de que sería un "fraude de ley, ya que el artículo 138 de la Constitución prohíbe crear privilegios para un territorio".
En último término sólo aportarían a un fondo, que no han definido, sujeto a una decisión política, y sobre el que han advertido de que controlarían el desempeño de las comunidades que se beneficien de él. Pero al final se pretende dejar de aportar. Se trataría en suma de que se cumpliera la amenaza de quedarse con "las llaves de Letamendi", las llaves de la caja, ha avisado Peláez.
La Generalitat se desentiende además del efecto dominó que esto puede acusar en otras comunidades, que si siguiera este modelo se acabaría destruyendo a la Administración General del Estado.
País Vasco, "agujero negro"
A su vez, Teresa Benito ha explicado los daños a la lucha contra el fraude y la eficacia de la Agencia Tributaria (AEAT) de este modelo, en un momento en el que se camina a sistemas unificados internacionales. Además de suponer un obstáculo a la libre circulación de mercancías y aliciente a la deslocalización de empresas.
En este sentido, han señalado que las Agencias Forales suponen un impedimento a la lucha contra el fraude. "El País Vasco es un agujero negro en la lucha contra el fraude", han advertido, con grandes dificultades en inspecciones a empresas.
Respecto a los Recursos Humanos de una futura Agencia catalana independiente, han alertado de la incertidumbre, "gran nerviosismo" y preocupación de los inspectores en Cataluña, que no saben qué va a ser de ellos y de sus vidas.
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