Un Gobierno de coalición roto y un final de legislatura agitado en la Función Pública han hecho estallar el enfrentamiento larvado en la Agencia Tributaria (AEAT) entre técnicos e inspectores que el Gobierno de Pedro Sánchez mantenía bajo control. Lo que en 2020 Podemos intentó en la sombra ahora lo busca abiertamente: que los más de 7.000 técnicos de Hacienda (grupo A2) se conviertan de forma automática en grupo A1, como los inspectores, sin el cumplimiento de los requisitos hasta ahora legalmente establecidos. Se trata del mayor temor de los inspectores, que ya se vienen manifestando desde diciembre en contra de un acuerdo que se firmó en noviembre para hacer de forma exprés funcionarios a los interinos, y ahora en abril contra la Ley de Función Pública.
Pues bien, entre las enmiendas a la citada ley, se han registrado dos que piden hacer cuerpo superior a los técnicos, una de ellas, de Podemos. Es la bestia negra de los inspectores, que según ha podido saber Vozpópuli, más allá de las protestas, se encuentran ya preparando la primera huelga de su historia.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha difundido este jueves una nota en la que alerta contra estas enmiendas, "una reivindicación histórica por la que un grupo de funcionarios, que ejerce una presión política sin precedentes en nuestra Administración Tributaria, pretenden ascender de categoría sin realizar los exámenes necesarios que acreditan la competencia que se precisa para alcanzar los niveles superiores".
Así lo dice la nota en alusión al Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), promotores de esta iniciativa, a los que también tacha de formar parte de "grupos de presión, conformados por funcionarios de niveles no superiores, apoyados en partidos políticos "llave" del actual Gobierno", es decir, Podemos. Sin descartar que el apoyo de otros socios de Pedro Sánchez.
Según IHE, "se erigen en los salvadores del país, por cuanto proponen que la medida de su ascenso "a dedo" implicaría la solución de los problemas fiscales derivados de la economía sumergida, utilizando unos datos que se alejan cada vez más del rigor de los informes emitidos por otras instituciones y economistas que gozan de reconocido prestigio y credibilidad a nivel internacional".
Esta alusión a la economía sumergida no la contienen las enmiendas registradas ahora mismo que piden equiparar técnicos a inspectores, pero sí lo hacían las que se presentaron a los Presupuestos de 2021 y no prosperaron. Fue entonces cuando Podemos alentaba está iniciativa pero su Grupo no registró enmienda, en un momento en el que no se atrevía a plantear propuestas en solitario, sin contar con el PSOE. Pero Gestha mantiene su reivindicación de que la equiparación mejorará esta lucha.
En diciembre, el sindicato apelaba a la lucha contra el fraude para justificar su causa y planteaba que los inspectores son una cifra "a todas luces irrisoria para controlar algo el volumen de fraude existente, de no ser por los 7.182 técnicos de Hacienda que realizan también esas investigaciones". Reclama duplicar los efectivos del grupo A para equipararse a las plantillas promedio de las Administraciones Tributarias de la UE y lograr reducir las tasas de economía sumergida a la mitad.
Las enmiendas que han registrado ahora Podemos y Junts, calcadas, plantean que "el Gobierno creará el cuerpo superior de técnicos del Ministerio de Hacienda, de Auditoría y contabilidad y de Gestión catastral", lo que justifican en que "los cuerpos técnicos de Hacienda, de Auditoría y Contabilidad y de Gestión Catastral no son cuerpos tramitadores, sino que resuelven el fondo de los procedimientos tributarios y del control del gasto público y de la auditoría pública, así como las características de las pruebas de acceso son similares o incluso superiores a las de otros cuerpos del subgrupo A1, lo que determinaría que el gobierno integre a sus funcionarios en un nuevo cuerpo del subgrupo A1, teniendo en cuenta que sus integrantes poseen la titulación de grado universitario o de licenciatura universitaria".
Desde Gestha subrayan que "no se trata de querer los técnicos ser A1 sin oposición (que la tenemos), sin acreditar conocimientos (que los utilizamos en el ejercicio diario), o que quieren promocionar con un simple test y una "sobreestimación" de méritos (la promoción interna de técnicos a Inspectores no tiene reserva de provincia para quienes las aprueban, una ventaja que sí la tienen las promociones internas de todos los demás grupos, incluidas las del C1 (Agentes o Administrativos) al A2 (técnicos)".
El proyecto de Ley de Función Pública, sin enmendar, ha causado ya hondo malestar entre los inspectores, que denuncian que arroga la capacidad al Gobierno de "modificar a su antojo los cuerpos y las escalas de la Administración General del Estado durante un periodo de seis meses, siendo esta una facultad que corresponde al legislativo". Es precisamente a esta parte de la ley a la que se quieren sumar las enmiendas que equiparan técnicos e inspectores.
"Especialmente grave es la Disposición Adicional Séptima recogida en este Proyecto y por la cual se otorga una carta blanca sin precedentes, que se ha querido disimular durante esta tramitación pero que no ha pasado inadvertida para nosotros, para que el Gobierno, arrogándose una competencia que corresponde al legislativo, pueda modificar, crear o suprimir a su antojo, la actual organización de la función pública", destaca la nota.
IHE advierte de que la esencia y los principales puntos del proyecto de Ley de Función Pública contienen un "atropello gravísimo a la Administración Pública y a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Por mucho que estos se repitan hasta la saciedad, el texto contiene importantes cesiones a grupos de presión politizados", insiste.
IHE defiende una "Administración Pública independiente que, para muchos ciudadanos que no disponen de contactos, es una salida profesional digna que les permite a aquellos que aprueban sus oposiciones ejercer con imparcialidad su labor profesional, sin deber ningún favor a nadie".
Desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado se advierte a la ciudadanía de que el Proyecto de Ley de Función Pública, de salir adelante, "romperá rotundamente el modelo actual de Administración Pública, habiendo sido la moneda de cambio ante la cesión de diversos grupos de presión que llevan décadas buscando su interés particular, e implicará una quiebra de difícil solución en la actual división de poderes sobre la que se asienta nuestro Estado de Derecho".
La enmienda del PNV
Hay más enmiendas que intentan equiparaciones en la Agencia Tributaria. La número 9, del PNV, prevé adjudicar al Grupo B algunos puestos que sólo corresponden ahora al A, es decir, abre la mano a la posibilidad de ocupar más funciones. Fuentes conocedoras le ven más posibilidades de prosperar a esta enmienda que a las que plantean hacer cuerpo superior a los técnicos.
A todo esto se suma un acuerdo sindical con Hacienda cerrado el 3 de noviembre para flexibilizar las pruebas de promoción interna y hacer funcionarios a los interinos con un test, lo que llevó a los inspectores a manifestarse por primera ver ante el Ministerio de Hacienda en diciembre.
Estas medidas que "afectan a la selección de funcionarios y, por tanto, al servicio público que se presta, implican un grave e injustificable asalto a la función pública, que burla los principios de selección derivados de nuestra Carta Magna", alerta el comunicado de IHE, que señala que se vienen impulsando cambios de este tipo desde 2020, que "esconcen peligros gravísimos", lo que se hace "bajo el falso mantra de una modernización de la Administración Pública".
"España va a ser objeto del mayor retroceso que se ha visto en un Estado europeo en materia de Administración Pública, volviendo a las cesantías del siglo XIX, en las que el Gobierno de turno coloca a los "suyos", lo que redundará en una deficiente y politizada prestación de los servicios públicos a nuestros ciudadanos", remachan los inspectores.
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