La reforma de las pensiones que el Gobierno ha negociado con la Comisión Europea y con Podemos es "claramente insuficiente" para hacer sostenible al sistema. Así lo advierte un informe de Fedea que ha elaborado Ángel de la Fuente que advierte de que condena al componente contributivo del sistema público a un déficit básico (antes de transferencias) elevado y rápidamente creciente durante las próximas décadas que habrá que cubrir con ingresos generales o deuda, dejando poco margen para otras prioridades.
En concreto, De la Fuente calcula que en torno a 2050 habría que inyectar cada año a la Seguridad Social recursos extra por valor de unos 4,5 puntos de PIB, lo que supondría en torno al 60% de la recaudación por IRPF (que en 2019 fue del 7,56% del PIB). "Tal presión dejará poco margen para financiar un mayor gasto en casi cualquier otra cosa, incluyendo sanidad y dependencia, con necesidades rápidamente crecientes debido al rápido envejecimiento de la población", avisa.
Las principales medidas adoptadas en la primera fase de la reforma de pensiones (la indexación de las pensiones al IPC y la supresión del factor de sostenibilidad) "generarán un fuerte incremento del gasto en pensiones" durante las próximas décadas sin afectar a los ingresos por cotizaciones, alerta Fedea.
La subida de las pensiones con la inflación ha generado un gasto extraordinario cercano a los 15.000 millones solo en 2023. De acuerdo con las estimaciones del propio Gobierno, el incremento del gasto en pensiones (y por tanto del déficit ordinario del sistema contributivo) generado por estas medidas se situará en torno a 3,5 puntos del PIB en 2050.
En principio, la segunda parte de la reforma debería haber servido para cerrar el grueso de esta brecha, asegurando así la sostenibilidad del sistema de pensiones. En la práctica, sostiene el autor, las medidas compensatorias adoptadas hasta el momento, entre las que se incluye una fuerte subida de cotizaciones sociales que recae en su mayor parte sobre las empresas, son claramente insuficientes.
Con el procedimiento "dual" de cálculo de la pensión inicial no sólo se renuncia en la práctica a cualquier ahorro derivado del alargamiento del período de cómputo, sino que se aumentará el gasto pues sólo optarán por el período de cómputo más largo aquellos que con él percibirán una pensión más alta.
Una quinta parte de los ingresos necesarios
En cuanto a las medidas de ingreso previstas, su impacto será muy limitado, según Fedea, en buena parte porque se concentran en un segmento muy reducido de la masa salarial, el que corresponde a aquella parte de los salarios que se sitúa por encima de la actual base máxima de cotización, que sólo supone un 2,6% del PIB y un 5,3% de las rentas totales del trabajo.
Una vez desplegados por completo en 2050, el destope de las cotizaciones incrementará la recaudación en 0,15 puntos de PIB y la introducción de la cuota de solidaridad en 0,13 puntos adicionales. La subida de los tipos de cotización en 1,2 puntos porcentuales ligada al MEI, por su parte, aportará otros 0,40 puntos, elevando la ganancia de ingresos hasta 0,68 puntos de PIB, una quinta parte de lo que sería necesario para compensar el incremento esperado del gasto.
La reforma en curso condena al componente contributivo del sistema público de pensiones a un déficit básico (antes de transferencias) elevado y rápidamente creciente durante las próximas décadas, lo que exigirá cuantiosas y crecientes aportaciones de recursos generales que podrían dejar poco margen para otras prioridades, avisa De la Fuente.
En 2019, el último ejercicio antes de la crisis del Covid y del inicio del trasvase de su déficit al Estado, la Seguridad Social presentaba un déficit de un 1,3% del PIB. De acuerdo con las previsiones del propio Gobierno para el último Aging Report, esta cifra se elevaría hasta el 2% en 2050 en ausencia de medidas de política y en 3,5 puntos adicionales como resultado de la primera fase de la reforma de pensiones, alcanzando el 5,5%.
De aquí habría que deducir 0,7 puntos por las medidas de ingreso, que podrían quizás elevarse hasta 1 punto completo para recoger posibles ganancias ligadas a los incentivos para prolongar las vidas laborales y al cambio en el sistema de cotización de los autónomos. El autor considera "muy dudoso que estas medidas generen ahorros netos significativos a largo plazo".
La reforma de las pensiones
A la espera de que este lunes puedan introducirse cambios en una nueva reunión con los agentes sociales, las principales medidas acordadas son:
- Procedimiento “dual” de cálculo de la pensión inicial: Se permitirá al trabajador escoger entre el sistema actual, en el que la base reguladora de la pensión se calcula como una media de los salarios actualizados por inflación de los últimos 25 años de actividad, y un cálculo alternativo en el que el período de cómputo se amplía hasta los 29 años, pero se descartan los 24 meses con menor base de cotización actualizada.
- Endurecimiento del MEI: subida escalonada de la cotización extraordinaria ligada al MEI, desde 0,6 hasta 1,2 puntos porcentuales, que se mantendrá al menos hasta 2050 en vez de sólo durante los diez años inicialmente previstos.
- Destope de las cotizaciones: subida gradual de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social entre 2024 y 2050, acompañada de la cuasi-congelación de las pensiones máximas. La base máxima de cotización aumentará en términos reales (esto es, tras ajustarla por la inflación) a una tasa anual del 1,20%, mientras que la pensión máxima lo hará al 0,115%. Esto supondrá en 2050 un incremento acumulado del 38% para la base máxima de cotización y del 3,15% para la pensión máxima, ambas medidas a precios constantes.
- Nueva cuota de solidaridad: gravará la parte de los salarios que exceda la base máxima de cotización a un tipo que irá subiendo gradualmente hasta alcanzar el 6%.
- Subida de las pensiones mínimas contributivas y asistenciales, para ligarlas a la renta mediana y al umbral de pobreza, respectivamente, y ciertas mejoras en la cobertura de lagunas y el complemento de brecha de género.
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