A pesar de las dificultades de la economía, la inversión pública -generadora de crecimiento y empleo- continúa siendo el colchón de los gobiernos para encajar las cifras del déficit o solapar la subida de otras partidas de gasto. Nunca se ha utilizado todo el presupuesto asignado en su integridad y menos aún ahora con un déficit desbocado a la espera de que se confirme la masiva llegada de los fondos del ‘Plan Marshall’ de Bruselas para España.
Según los últimos datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Gobierno de Pedro Sánchez sólo ha empleado en lo que va de año (hasta septiembre) el 31,8% de los créditos aprobados para inversiones reales directas (25,6% en los organismos autónomos de los ministerios) que figuran el capítulo 6 de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Hace un año, con la pandemia acumulando oleadas de brotes, ese porcentaje de gastos reconocidos era del 33%; del 34% en 2019; y, por ejemplo, a casi el 40% llegó en 2018 cuando Mariano Rajoy salió de La Moncloa.
Se trata de la segunda tasa más baja de la historia presupuestaria en este periodo. En 2014 (primer año de crecimiento positivo del PIB tras la segunda recesión) sólo alcanzó el 30% con el PP en el Gobierno antes de decidir, a tenor de la evolución y de las perspectivas del resultado de las cuentas públicas, si activaba o no esta partida. Es lo que parece que está sucediendo ahora ante las dudas de la situación económica y de la evolución de otras partidas y del déficit. El récord de cumplimiento en los tres primeros trimestres del ejercicio se produjo en 2011, cuando alcanzó el 50,3%.
Habitualmente, salvo en los últimos ejercicios con la llegada de Sánchez a La Moncloa, la media a finales de septiembre superaba el 43%. Todo esto confirma que, aunque el Gobierno active esta partida en los últimos tres meses (hay de momento unos 6.300 millones de crédito comprometido sin realizar), se quedará muy por debajo del cumplimiento del 90% de otros ejercicios. En 2020, llegó al 92,2%. El nivel anual más bajo se consiguió en 2010 con Zapatero en La Moncloa (81%) y el más alto en 2013, con Rajoy, con un 97,7%.
En términos absolutos, de los 9.057 millones de euros (2,3% de los Presupuestos Generales) que figuran como créditos definitivos de la Administración Central en inversiones reales, sólo 2.883 millones (ese 31,8%) constan como gasto efectivo realizado (obligaciones reconocidas netas). Mientras, los organismos autónomos sólo llegan a 278 millones de los más de 1.000 millones presupuestados. Ese gasto anual del Estado previsto en 2021 es el más elevado desde 2010, año en que llegó a los casi 9.900 millones. El récord se alcanzó en 2008 cuando se destinaron más de 12.000 millones. Desde entonces, esta partida se ha ido reduciendo paulatinamente (en 2016 sólo se habilitaron 4.600 millones) hasta 2021, año en que pese al alza (46% más que en 2020) han aumentado las dudas sobre su grado de ejecución.
En todo caso, esos más de nueve mil millones previstos en inversiones reales ahora se corresponden en términos corrientes a la misma cifra que se destinó por ejemplo en 2005, pero en términos de PIB llega sólo al 0,6% ahora frente al 1% de hace 16 años y de los años posteriores. Lo que significa que la inversión pública, necesaria para modernizar el país, sigue siendo otra de las asignaturas pendientes de la política económica y presupuestaria de los gobiernos.
Aunque el Gobierno active esta partida en los últimos tres meses (hay de momento unos 6.300 millones de crédito comprometido sin realizar), se quedará muy por debajo del cumplimiento del 90% de otros ejercicios
A pesar de que las inversiones reales (nuevas y de reposición destinadas a la construcción de infraestructuras para el uso general y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios) constituyen una transferencia de capital a la sociedad, lo cierto es que se han convertido en la 'Cenicienta' de los Presupuestos. Según los datos de la IGAE, es el capítulo presupuestario con menor grado de cumplimiento en los tres primeros trimestres del ejercicio. Por ejemplo, las obligaciones de gasto reconocidas para el pago de nóminas públicas es en este periodo del 71,5% frente a ese 31,8% de gasto reconocido en las inversiones directas.
Algo similar ocurre con las transferencias corrientes (subvenciones), cuyo grado de cumplimiento es del 66,6%; al 58,8% llegan los gastos financieros (carga por los intereses de la deuda pública emitida); y, por ejemplo, en el 56,1% se sitúa el porcentaje de los gastos corrientes (de funcionamiento de la Administración). Mientras, el capítulo destinado a transferencias de capital (fondos para subvencionar la financiación de operaciones de capital en este ejercicio, entre ellas algunas inversiones puntuales) se queda en el 37,9%.
Las obligaciones de gasto reconocidas para el pago de nóminas públicas es en este periodo del 71,5% frente a ese 31,8% de gasto reconocido en las inversiones directas
¿En qué se ha gastado hasta ahora el dinero en inversiones reales? Tres departamentos son los más beneficiados. De los 9.000 millones de créditos definitivos para el año, Defensa tiene asignados el 44% de los recursos (casi 4.000 millones) mientras que Transportes, Movilidad y Agenda Urbana acapara otro 25,2% (casi 3.000 millones) y Asuntos Económicos y Transformación Digital tiene asignados el 10,5% de la partida (10,5%). Sin embargo, en los primeros nueve meses de 2021, la inversión militar había gastado el 30,5% (1.205 millones) del presupuesto previsto para todo el año. De los 1.205 millones empleados, 780 millones correspondían al programa de modernización; 190 millones a gastos operativos de las Fuerzas Armadas; y 114 millones a apoyo logístico.
Por su parte, Transportes había utilizado en este periodo 1.139 millones, es decir, la mitad del gasto estimado para finales de año. De ellos, 665 millones correspondían a la conservación y explotación de las carretas y 452 millones más a la creación de infraestructuras también en carreteras. Por su parte, Economía, encargado del cambio de modelo de crecimiento hacia uno más digital y tecnológico, sólo había reconocido obligaciones de pago por valor de 74 millones (58 millones corresponden a investigación y desarrollo de las sociedades de información del Mecanismo de Recuperación y Resilencia). Es decir, sólo había ejecutado el 7,8% de los casi 950 millones de presupuesto anual de que dispone para inversiones reales.
El grado de cumplimiento más bajo en este periodo corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con tan sólo un 1% de los 75 millones presupuestado para el año; el de Derechos Sociales y Agenda 2030, con un 4,1% de los 8,2 millones estimados; y el de Exteriores, con un 5,5% de los 131 millones previsto al final del ejercicio.
Que se está produciendo una regresión de la inversión pública en el año en que más gasto necesita la economía para salir de la crisis, lo confirma la estadística de la Contabilidad Nacional. Con datos de agosto estima que la formación bruta de capital fijo del conjunto del Estado, es decir, de todas las Administraciones, ha descendido un 2,4% en 2021 respecto al año anterior. Mientras, la de la Administración Central ha caído un 40,6%, incluyendo el efecto de reversión de las autopistas de peaje.
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