Este viernes fue día de asambleas "nucleares"; ni más ni menos que tres sociedades titulares de centrales de este tipo coincidieron a la hora de celebrar reuniones que ratificaron los acuerdos para renovar unas licencias de operación que, en la mayoría de los casos vencen el próximo año y cuyo plazo de solicitud vence la próxima semana. Los pactos, alcanzados tras meses de discrepancias entre Endesa, Iberdrola y Naturgy, se han sustanciado en inversiones en el entorno de los 1.250 millones para los próximos diez años en los dos reactores de Almaraz, el de Vandellós y el de Ascó II, las plantas con propiedad compartida y que se encontraban en el límite de plazo.
La situación amenazaba con dejar en papel mojado el protocolo firmado por las cuatro empresas con participación en el negocio (las tres citadas y EDP) y la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) en el que se fijaba el calendario para el cierre ordenado de las plantas. Y también con hacer descarrilar el Plan Integrado de Energía y Clima (PIEC) recién aprobado por el Gobierno y remitido a la Comisión Europea, que contempla la planificación energética de España hasta 2030.
El primer cierre contemplado en el citado protocolo era el de los dos reactores de la planta de Almaraz. Y precisamente, la central extremeña fue la que mayores quebraderos de cabeza generó entre sus propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy), todas ellas partidarias de solicitar la renovación de la licencia para operar pero discrepantes en las condiciones.
Almaraz protagonizó la primera de las asambleas del viernes, celebrada a primera hora, después de que las compañías negociaran un acuerdo hasta altas horas de la noche del jueves. El plan de negocio de la central contempla inversiones de 400 millones de euros para acometer las mejoras y actualizaciones requeridas para que la planta pueda seguir operando durante el periodo solicitado (7,4 años en el caso de Almaraz I y 8,3 años en el caso de Almaraz II).
Condiciones
Para posibilitar el acuerdo entre los socios, esta cifra podría incrementarse hasta en un 50% sin que fuera necesario revisar la solicitud de la licencia para seguir operando. Fuentes del sector consideran muy improbable que la inversión final supere los 600 millones de euros, toda vez que los planes de negocios se realizan con los mismos criterios técnicos que los empleados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para elaborar su dictamen sobre los requisitos necesarios para obtener la licencia (aunque el órgano consultivo no establece costes).
La decisión en torno al futuro de Almaraz condicionaba la de Vandellós, participada por Endesa e Iberdrola. Pendiente también del plazo del 31 de marzo, la asamblea para intentar llegar a un acuerdo que, hasta ese momento, no había posible se había programado para el próximo lunes. Sin embargo, la consecución de un pacto en Almaraz propició la circunstancia para que Vandellós también dejara su futuro despejado, con lo que se decidió adelantar la reunión.
En este caso, la inversión pactada entre las propietarias se va levemente por encima de los 480 millones. Al contrario que en el caso de la planta extremeña, cualquier desviación al alza tendría que ser analizada por los socios.
Cofrentes y Trillo, más adelante
No obstante, Vandellós aún tendrá que solicitar otra licencia más dentro de diez años, puesto que la que obtendrá le permitirá funcionar hasta 2030 y su cierre está programado en el protocolo para febrero de 2035.
La central de Ascó fue la tercera en discordia en pasar por su asamblea para dirimir su futuro. Endesa e Iberdrola son propietarios de Ascó II y acordaron una inversión de 356 millones de euros para los próximos diez años (también precisará de una renovación más porque su cierre está programado para 2032). Por su parte, Ascó I pertenece exclusivamente a Endesa, con lo que no es necesario acuerdo alguno.
Los dos reactores que quedan, Confrentes y Trillo, están al margen de este proceso. En el caso de la primera, Iberdrola es su única propietaria y no tendrá que solicitar la renovación de la licencia hasta el próximo año. Trillo, en la que están presentes las cuatro firmantes del protocolo con Enresa, no tendrá que hacerlo hasta 2023.
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