Economía

Los inversores presionan a CVC para actuar sobre el Barçagate por el daño reputacional

Pese a que el Barça es el 20% del negocio de LaLiga, los bonistas americanos avisan de su "tolerancia cero" a los riesgos reputacionales del caso. La patronal de Tebas ya ha movido ficha con UEFA y la Justicia española

CVC, el principal socio financiero de LaLiga, tiene motivos para apoyar cuando no exigir medidas en torno al Barça por el caso Negreira. Según ha podido saber Vozpópuli de fuentes financieras, los bonistas americanos que financian la alianza a 50 años del fondo con la patronal de los clubes españoles han trasladado al vehículo que dirige Javier de Jaime su preocupación por el "daño reputacional" alrededor de los 7,3 millones en pagos de los culés al exnúmero dos del arbitraje.

"No es el único socio comercial de LaLiga preocupado con el asunto, pero sí el más presionado, desde Estados Unidos", apuntan fuentes consultadas por este diario. Los citados inversores, que han financiado 850 millones de los 2.000 millones del acuerdo de LaLiga con CVC, han manifestado su "tolerancia cero" respecto a ciertos riesgos reputacionales que la deriva de la causa Negreira plantea. Y ello, aun cuando las presuntas infracciones están prescritas en el ámbito más estricto de la Justicia deportiva.

"La personación como acusación particular de LaLiga en el proceso penal responde a limitar el daño reputacional", apunta una de las fuentes consultadas, incidiendo en que los bonistas han tensado la cuerda con CVC -e, indirectamente, con LaLiga- para limitar al máximo los riesgos sobrevenidos -esto es, no previstos en la emisión de los bonos-.

"No es cierto que CVC nos haya pedido nada”, asegura un portavoz de LaLiga. ”Los asuntos disciplinarios son temas propios de LaLiga. LaLiga, motu proprio, quiere que se aclare este asunto y se depuren todas las responsabilidades, por el bien del fútbol y de toda su industria", añaden desde la patronal que dirige Javier Tebas. "Si el Barça desciende, volverá al año siguiente, pero LaLiga no puede mirar a otro lado", llegó a afirmar el propio presidente de LaLiga en un foro de La Vanguardia este jueves, incidiendo en que un eventual descenso de los culés sería menos lesivo para el torneo que la impunidad de una competición amañada.

CVC y el riesgo para LaLiga, que mueve ficha también con UEFA

Según remarcan fuentes del mercado, los riesgos reputacionales del proceso contra el Barcelona son suficientemente importantes también en términos financieros como para que la patronal de los clubes haga todo lo posible por depurar responsabilidades. Y ello, aunque el resultado acabe en sanciones de calado a la entidad que, atendiendo a fuentes del mercado, representa actualmente el 20% de su valor.

Por lo pronto, la primera de las posibles sanciones no vendría de España, sino de Europa, si bien con LaLiga como vectora. Ante la información proporcionada de motu proprio por la patronal, las respuestas desde la RFEF -a la que pertenecía Negreira- y la denuncia finalmente presentada por la Fiscalía, la entidad que preside Aleksander Ceferin ha iniciado formalmente los pasos del proceso de oficio que puede acabar con el club blaugrana fuera de la próxima Copa de Europa. Semejante medida se oficializaría al finalizar la temporada, si bien no precisaría de una resolución judicial previa -el juicio penal en España podría extenderse meses e incluso años-.

Las primeras estimaciones apuntan a un impacto en las arcas del Barça de unos 100 millones de euros, equivalentes al 15% de su presupuesto. Se trata de un extremo que fuentes cercanas a la entidad culé ven recurrible ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que se manifestaría en el plazo de un mes.

El escenario preocupa igualmente en las oficinas del Camp Nou, aunque desde ellas se defiende la falta de pruebas concretas sobre la intención de adulterar la competición por parte del Barça -la denuncia de la Fiscalía da cuenta de un "acuerdo verbal" con Enríquez Negreira. Fuentes de la gobernanza del fútbol matizan que el testimonio recogido por la Agencia Tributaria al exárbitro, apuntando que los servicios servían para garantizar "neutralidad" arbitral a los culés, configura ya una "prueba" que deja la cuestión en manos de la interpretación de la UEFA.

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