El ministro de Industria, José Manuel Soria, no ceja en su empeño de que las petroleras bajen sus precios en los surtidores lo antes posible. Y lo hace por una razón de peso para las arcas del Estado: pese al poco tiempo con el que ya cuenta, persigue aminorar el IPC de noviembre, precisamente el que se emplea como referencia para revisar las pensiones.
A principios de año, Rajoy subió las pensiones un 1 por ciento, y a finales de año tendrá que dar una paga extra para compensar la diferencia entre ese incremento y la pérdida de poder adquisitivo. Varias casas de análisis prevén que el Índice de Precios al Consumo oscile entre el 2,6 y el 3 por ciento, sobre todo debido a los carburantes, el alza del IVA, el copago farmacéutico, mayores tasas en la educación y peajes más caros en las carreteras.
El Gobierno socialista sólo abonó unos 850 millones en el 2011 porque congeló las pensiones contributivas y sólo se actualizaron conforme a la inflación los complementos a las prestaciones mínimas. Pero este año, a unos 200 millones por décima, puede salir la actualización por más de 3.000 millones.
José Manuel Soria ya ha mantenido varias reuniones con los comercializadoras y cree que hay margen para moderar las tarifas. Si éstas se calculan antes de impuestos, España se encuentra ligeramente por encima de la media de la UE.
El ministro trasladó la semana pasada su preocupación por el impacto del encarecimiento de los carburantes a los presidentes de Repsol, Antonio Brufau, Cepsa, Santiago Bergareche, y BP España, Jorge Lanza. "Voy a pedir al sector que arrime el hombro y contribuya al ajuste. El IPC no es cualquier cosa, ya que luego constituye el elemento de referencia en base al cual se revalorizan las pensiones, y no es lo mismo que suba el 1 que el 3%", dijo poco antes de la reunión con los ejecutivos de las empresas con plantas de refino en España, celebrada el pasado día 12 en la sede del Ministerio de Industria.
Sin embargo, sus gestiones han encontrado por el momento hueso. Las petroleras argumentan que España sufre una elevada dependencia energética del petróleo que encarece todavía más el abastecimiento y que hay poco recorrido: según los últimos datos disponibles (de la semana pasada), si no se tienen en cuenta los impuestos, el gasóleo en España es un 1,3% más caro que la media de la UE-27. En cuanto a la gasolina, es un 0,4% más cara en España si se sustrae la presión fiscal.
En ese encuentro, Soria exhortó a las petroleras a reducir sus márgenes (que, según las empresas, no llegan al 1% del precio final del carburante) hasta situar el precio antes de impuestos en niveles similares a los de la media de la UE.
El ministro, que ha eximido a las petroleras de la aplicación del denominado ‘céntimo verde’ a los carburantes para acabar con el déficit de tarifa eléctrico (ese gravamen sí se aplicará al gas natural), ha sugerido que si las empresas no atienden su petición de disminuir los precios de forma voluntaria, se tomarán medidas (por ejemplo, de tipo fiscal).
En cualquier caso, el titular de Industria no dispone de mucho tiempo para lograr que este tipo de iniciativas tengan un impacto notable en el IPC de noviembre, de modo que el Gobierno tendrá que plantearse si podrá costear la revisión de las pensiones y si la única opción posible para llevarla a cabo consistiría en tirar del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Economía han evitado pronunciarse sobre si actualizarán o no estas prestaciones.
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