España cerró el pasado año con la segunda tasa más alta de la Unión Europea (11,7%), únicamente superada por Grecia (18,5%). La media de los veintisiete países miembros de la UE fue del 6,8% y la de los países pertenecientes a la Eurozona, del 6,5%. Con los últimos datos publicados por Eurostat, los de febrero, la diferencia con Grecia se ha estrechado hasta el punto de que apenas nos separan tres décimas: 11,5% de España frente al 11,8%.
La tasa de paro hace años que ha dejado de ser un problema en España para convertirse en una obsesión. Cuando todo el mundo daba por imposible el regreso a las cifras que se registraron en los primeros años de la transición política, que llevaron el desempleo desde el 5% de 1977, cuando se firmaron los Pactos de La Moncloa, al 21% de 1984, llegó la crisis de deuda soberana en algunos países de la Eurozona y con ella resucitaron los fantasmas: se superaron los 6,2 millones de desempleados en el primer trimestre de 2013 y la tasa de paro llegó al 27,16% de la población activa.
España, a la fuerza, ha terminado por acostumbrarse a convivir permanentemente con una tasa de paro del 10%, el doble que la media de la Unión Europea, a pesar de que todos los gobiernos, desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez, han puesto en el centro de sus políticas económicas su reducción al coste que sea. Hasta la fecha, los datos de paro registrado con Pedro Sánchez en el Gobierno (comenzó con 3,168 millones de parados) se han movido entre un mínimo de 2,677 millones, en julio de 2023, y un máximo de 4,008 millones, en febrero de 2021.
Pero el mercado laboral español está lleno de singularidades que, a veces, le hacen imprevisible. Hasta hace solo unos años era en el que más contratos diferentes podían firmarse; tiene figuras, como la de los trabajadores fijos discontinuos que no pueden figurar en el paro, pero sí cobrarlo... Una de esas particularidades es que puede bajar el número de parados en una cuantía significativa y aumentar a la vez el número de perceptores de prestaciones por desempleo.
En términos de la EPA, con las cifras publicadas por el INE el pasado viernes, el número de parados se ha reducido en el periodo analizado en 236.800 personas, porque la metodología y los conceptos analizados son diferentes. Pero, estudiando los datos del Servicio Público de Empleo Estatal se observa que entre los meses de marzo de 2022 y 2024, el número de parados registrados se ha reducido en 381.760. Ha pasado de 3.108.763 hace dos años, a 2.727.003, con los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo.
Evolución de las prestaciones del paro
Una reducción del 12,3% en términos relativos debería haberse notado en el número de perceptores de prestaciones por desempleo, pero no ha sido así. Con las cifras del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el mes de marzo de este año hubo una media de 1.870.282 beneficiarios de algún tipo de prestación por desempleo, exactamente 47.725 más que en marzo de 2022, cuando se contabilizaban 1.822.557.
Hay pocas explicaciones posibles a esta ironía del mercado laboral español. La que parece encajar más es que los puestos de trabajo que se crean cada mes son ocupados por personas que están registrados como parados en el SEPE y que buscan su primer empleo. No por trabajadores que cobrando una prestación contributiva o un subsidio deciden reincorporarse al mercado activo. Es la eterna duda del Banco de España y de la Comisión Europea acerca de si el sistema de protección del desempleo es demasiado generoso en tiempo de permanencia y retribuciones o no.
De los 1,87 millones de perceptores de una prestación por desempleo, 865.983 (el 46,3% del total) tienen una prestación contributiva al haber cotizado a la Seguridad Social el tiempo necesario; otros 765.983 (40,95%) cobran el subsidio de desempleo; 67.235 (el 3,6%), la renta agraria, circunscrita a trabajadores de este sector de Andalucía y Extremadura; 77.745 (4,15%), el subsidio agrario, exclusivamente en esas dos comunidades autónomas; y 93.435 (5%), la renta activa de inserción.
En comparación con marzo de 2022, hay 77.573 perceptores más de la prestación contributiva y otros 16.090 más del subsidio de desempleo. Sin embargo se ha reducido el número de beneficiarios de la renta y subsidio agrarios en 18.837 personas y también el de quienes cobran la RAI: 25.100 menos. La razón oculta de esta asimetría entre paro y perceptores de prestaciones estaría en el incremento de la tasa de cobertura.
La tasa de cobertura se expresa en tanto por ciento y se calcula por el Ministerio de Trabajo dividiendo el total de beneficiarios de las prestaciones por desempleo, incluidos los beneficiarios del subsidio agrario entre el número de parados registrados en el SISPE con experiencia laboral más los beneficiarios del subsidio agrario.
Tasa de cobertura
De acuerdo con la información del SEPE, la tasa de cobertura ha aumentado en 10,6 puntos porcentuales en estos dos últimos años, pasando del 59,8% en marzo de 2022 al 70,4% en marzo de este año, con una media en el primer trimestre del 72,5%. Y es que tras el acuerdo alcanzado entre los ministerios de Economía y Trabajo en 2024 se ha aumentado la cuantía del subsidio de 480 a 570 euros en los seis primeros meses, a 540 euros en los seis siguientes meses y se mantiene en la cifra inicial durante el tiempo restante de la prestación. Con la reforma se llegará a más desempleados, al incluirse en los beneficiarios del subsidio a los mayores de 45 sin cargas familiares y a los de más de 52 años con cargas.
En los dos primeros meses del año, el gasto en prestaciones por desempleo ha ascendido a 4.105 millones de euros, un 3,87% más que en el mismo periodo de 2023. En el conjunto del pasado año, el gasto por este concepto sumo 22.131 millones de euros, cuando en 2022 se quedó en 20.786 millones.
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