Madrid es la comunidad autónoma que más va a sufrir el efecto de la inflación en el IRPF: la Campaña de la Renta que empieza el 6 de abril va a suponer 240 euros más de media a cada contribuyente madrileño. El importe total que van a pagar todos los españoles en su declaración esta primavera por el impacto del IPC es de 4.110 millones de euros más. Se trata de una cifra cercana a la que estimó el Gobierno de Mariano Rajoy que recaudaría la subida del IRPF que lanzó nada más llegar al poder en 2012, de siete puntos, la mayor de la historia. Y más del doble de lo que finalmente consiguió ingresar entonces Cristóbal Montoro: apenas 800 millones, en plena recesión.
Se trata de la progresividad en frío o rémora fiscal muy conocida por los economistas, que tiene la peculiaridad de pasar relativamente desapercibida ya que supone una subida impositiva encubierta que no necesita de acciones discrecionales por parte del Gobierno y que no tiene coste político. Es decir, la inflación incrementa la factura fiscal de los contribuyentes sin que explícitamente se tengan que subir los tipos impositivos u otros elementos estructurales del impuesto.
Supone, por tanto, un incremento impositivo poco visible y sobre el que cuando ha sido preguntado el Ministerio de Hacienda, ha dicho que no va a tomar medidas, a la par que ha asegurado que la subida de la recaudación en 2021, del 15,1%, no tiene nada que ver con la inflación.
De los 4.110 millones de euros a que asciende el coste total, según ha calculado José Félix Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, en un trabajo para la Fundación Disenso, 1.693 millones tienen su origen en la no deflactación de las tarifas y 2.417 millones a la no indexación del resto de elementos. Cabe recordar que el último ejercicio en el que se deflactaron las tarifas fue 2008.
Dada la naturaleza progresiva del impuesto, las comunidades con renta per cápita más alta soportarán un mayor sobreimpuesto medio. En este sentido, es informe ha calculado que los madrileños pagarán de media 240 euros más, seguidos de los catalanes y baleares, que lo harán por 224 y 215 euros, respectivamente. Sufrirán el impacto menor Ceuta y Melilla (80 euros), La Rioja (99 euros), Extremadura (156) y Andalucía (172 euros).
El efecto total será superior en Cataluña que en Madrid. Con un millón más de habitantes, la subida será de 817 millones de euros para los catalanes, seguidos de los madrileños, que tendrán que aportar 810 millones más. A continuación aparecen los andaluces, con 603 millones, y los valencianos, con 431 millones. En el lado opuesto ceutíes y melillenses pagarán casi 5 millones más, por 16 millones los riojanos y 58 millones los cántabros.
Proyecto Inflación IRPF by Vozpópuli
Esta investigación también ha calculado el impacto por provincias, siendo el mayor en Madrid, los 240 euros más citados por ser provincia única, seguida de Barcelona, con 231 euros, Baleares (215), Gerona (209), Cantabria (206), Guadalajara (204) y Tarragona (200). Las que menos pagarán, Ceuta y Melilla (80 euros más), La Rioja, con 99 euros, Jaén (141) y Almería (152).
El ejercicio pasado cerró con un incremento del IPC del 6,5%, el dato más alto de los últimos 30 años. La sobrecarga fiscal que supone es especialmente evidente en figuras impositivas que, como el IRPF, presentan estructuras progresivas. Entre las distorsiones más relevantes generadas por la inflación sobre el IRPF, destacan sus efectos sobre la base del impuesto, sobre la progresividad real de la tarifa y sobre el conjunto de desgravaciones y exenciones que éste aplica.
En cuanto a la base imponible, la inflación desfigura la renta sometida a gravamen en dos planos. Por un lado, reduciendo en términos reales los mínimos exentos y reducciones aplicadas en la cuantificación de la base liquidable. Por otro lado, desvirtuando la magnitud de las rentas reales sometidas a gravamen.
La inflación altera, además, la progresividad real del impuesto personal sobre la renta de dos formas. Primero, minorando el valor real de reducciones y deducciones de cuantía monetaria fija, que se emplean para reforzar la progresividad del impuesto y ajustar la carga tributaria a las circunstancias personales o familiares del contribuyente.
Segundo, desfigurando la progresividad del impuesto al reducir la amplitud real de los tramos de renta sobre los que se aplican los tipos. De esta forma, cuando se grava la renta nominal, se empuja a los individuos hacia tramos superiores de la tarifa progresiva, aun cuando la renta real no haya variado. Esto supone en definitiva que los tipos medios efectivos que soporten los individuos aumenten aunque la capacidad económica de los contribuyentes haya permanecido inalterada en el tiempo.
Desfases temporales
Junto a esto, la existencia de desfases temporales entre el momento de generación de las rentas y el momento de liquidación y pago efectivo del impuesto es otra fuente de distorsión que desvirtúa la magnitud y distribución de la factura fiscal entre los contribuyentes. Los efectos de estos decalajes temporales vinculados al procedimiento liquidatorio del impuesto no han sido contemplados en el informe, pero Sanz advierte de que podrían ser importantes con tasas de inflación de dos dígitos.
José Féliz Sanz advierte de que es necesario "proteger al sistema fiscal de las consecuencias de la inflación", fenómeno que afecta a los fines últimos de la Hacienda Pública: asignación, redistribución y estabilización. "En la actual coyuntura, indexar los sistemas fiscales a la evolución de los precios es una recomendación defendible por razones de eficiencia, equidad y estabilización económica. Será tanto más recomendable cuánto más altas sean las tasas de inflación soportadas", avisa.
A su juicio, el incremento de precios del 6,5% de 2021 es una tasa lo suficientemente alta como para que la progresividad en frío inducida pase a ser un problema que requiera una cuantificación relativamente precisa.
Los microdatos utilizados en la investigación proceden del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y se corresponden con la última muestra disponible (2018) en el territorio de régimen fiscal común (sin País Vasco y Navarra). Se han utilizado como muestra 3.011.866 declaraciones, representativas de un total de 20.608.579 de declaraciones.
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