El Gobierno de Giorgia Meloni ha abierto más aún la brecha que le separa con España en la gestión de los fondos europeos. El Ejecutivo italiano acaba de confirmar que ya está en condiciones de solicitar la sexta entrega. Amplía más aún la ventaja con el gabinete de Pedro Sánchez, que fue el primero en solicitar las millonarias subvenciones y que quedó rezagado hace tiempo por el atasco en la gestión.
Este lunes, Roma anunció que pronto pedirá a la Comisión Europea un sexto pago, valorado en 8.500 millones. Lo hará en cuanto reciba la quinta entrega, pendiente de las últimas labores de verificación. Ningún otro país ha ido tan lejos. Sirva el propio ejemplo español: Moncloa recibió hace sólo dos semanas el visto bueno para recibir el cuarto cheque de 10.000 millones.
La carrera por los fondos entre España e Italia refleja con fidelidad dos maneras distintas de entender y aplicar los planes nacionales de recuperación. El Gobierno español aceleró al principio para cruzar la primera meta volante. El 16 de junio de 2021, un exultante Pedro Sánchez recibió en Madrid a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para escenificar la aprobación del denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En diciembre de 2021, el Gobierno recibió un primer pago de 10.000 millones. Como se apresuró a destacar Moncloa en una nota de prensa, fechada el día 27, España se convertía "en un país pionero en la gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo".
A diferencia del Ejecutivo italiano, el español optó por pedir al principio sólo las subvenciones. Roma solicitó al tiempo éstas más los préstamos. En total, la UE le daba acceso a casi 192.000 millones sumando las dos modalidades. España tenía derecho a acceder a 163.000 millones en total, pero no pidió los préstamos (84.000 millones) hasta marzo de 2023.
El Gobierno intentó arrancar con buen pie y con transparencia, publicando datos concretos de gasto, y reuniendo a comunidades autónomas y ayuntamientos en una Comisión específica. Pero la opacidad no tardó de rodear al Plan de Recuperación, cada vez más atascado por su propia complejidad (ningún país había recibido nunca tal volumen de subvenciones). Y, sobre todo, por las dificultades para pactar las reformas exigidas en el seno de la coalición (conformada por PSOE y Podemos).
El Ejecutivo logró el segundo pago (12.000 millones) en julio de 2022; y el tercero (6.000 millones), en febrero de 2023. En esas fechas, Moncloa todavía presumía de que España era "el país más avanzado en la ejecución de los fondos". Sin embargo, Italia avanzaba a esas alturas a mayor velocidad de crucero. En octubre del mismo año, como avanzó Vozpópuli, se produjo el 'sorpasso', tras confirmar Bruselas que Roma había percibido 2.000 millones de euros más que Madrid.
Problemas con los fondos europeos
Lejos de recuperar terreno, el desarrollo del plan se ha ido ralentizando. Tras el retraso aflora la parálisis del Ejecutivo, sin Presupuestos y asfixiado por las exigencias de sus socios. El FMI calcula ya que España puede perder 58.000 millones por los problemas de gestión.
La mejor prueba es el 'vía crucis' que ha tenido que sufrir Sánchez para lograr el cuarto pago (10.000 millones). La entrega estaba prevista para marzo, pero la imposibilidad de sacar adelante en el Parlamento la reforma del subsidio de desempleo -por culpa de Podemos- obligó a Moncloa a pedir un aplazamiento. La luz verde definitiva llegó, al fin, el pasado día 14.
La misma debilidad parlamentaria augura más problemas para lograr el quinto pago. Son 7.500 millones, pero para recibir el cheque es necesario que Bruselas valide una reforma clave: la fiscal. Tanto el Ministerio de Hacienda como el de Economía consideran que las medidas adoptadas hasta ahora serán suficientes. No lo ven tan claro los técnicos de la Comisión. En su último informe de recomendaciones ya hablaban de puntos "pendientes". En Moncloa ya hay quien teme otro calvario, que permitirá a Meloni seguir abriendo la brecha.
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