El Gobierno de Mariano Rajoy ha planteado compensar pecuniariamente a los sindicatos y la patronal por haberles arrebatado la formación de los trabajadores ocupados, una de las habituales vías de financiación de los agentes sociales.
En un borrador de la reforma de la formación al que ha tenido acceso Vozpópuli, el Ministerio de Empleo incluye una disposición adicional que afirma: “Con carácter anual, la Ley de Presupuestos Generales del Estado especificará las cuantías que se destinarán a financiar las acciones formativas para la capacitación de los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social”. ¿Y cómo se interpreta esto? Pues según explican varias fuentes de los agentes sociales, este texto abre la puerta a la compensación económica.
Al parecer y siempre según estas fuentes, el Gobierno ha ofrecido a los agentes sociales una inyección de fondos vía Presupuesto que alivie la apurada situación de sus arcas, un extremo que también confirman voces cercanas al Gobierno. “Aunque sepa que tiene la opinión pública de su lado, la propia ministra de Empleo se ha dado cuenta de que se ha pasado de frenada. Sin estos fondos, muchas entidades desaparecerían, y con ellas se desmontaría toda la estructura que hace posible la negociación colectiva. Muchas pequeñas empresas no podrían contar con un convenio colectivo al que acogerse. Un desastre”, sostiene una fuente de la patronal. De ahí que Empleo esté dispuesto a brindar instrumentos con los que financiar estas estructuras.
Se habla de dos mecanismos. Por un lado, el Ministerio incluso ofreció en una reunión reciente unos 40 millones de euros en formación de oferta para micropymes, una especie de caramelo para que las organizaciones más pequeñas de la patronal puedan gestionar cursos de inglés, informática o prevención de riesgos. Sin embargo, el representante de CEOE en la mesa se negó a entablar una negociación alegando que únicamente las más altas instancias de la confederación empresarial podrían cerrar un acuerdo. Ante esta actitud, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, se enfadó visiblemente y retiró ipso facto la oferta.
Por otro lado, como ya hemos apuntado, también se maneja una retribución por trabajador acogido a la negociación colectiva que oscilaría entre los 8 y los 10 euros, de forma que los sindicatos y la patronal podrían percibir en total entre 100 y 140 millones de euros según quien haga el cálculo. Dicha cantidad en principio sustituiría el 10 por ciento que legalmente se llevaban los agentes sociales en concepto de gastos de gestión de los cursos y que servía para financiarse.
Aun así, esto no parece suficiente para la patronal, que amenaza con boicotear todo el diálogo social empezando por la negociación colectiva, donde han puesto como tope límite un alza salarial entre el 0,8 y el 0,9 por ciento en 2015, nunca más allá de la barrera psicológica del 1 por ciento. Por momentos, la posibilidad de firmar un acuerdo salarial se aleja. El rumor que corre por los pasillos de la sede de Diego de León es que la compensación económica que plantea Empleo podría acabar siendo sustancialmente menor que las cantidades antes barajadas.
Para la CEOE, los 0,7 puntos de cotización que aportan trabajadores y empresarios se han de emplear fundamentalmente en el reciclaje de los ocupados y, por lo tanto, deben ser gestionados por sus representantes, los sindicatos y la patronal. Es más, consideran que al menos una decena de sentencias del Constitucional lo avalan.
Sin embargo, el decreto que prepara Empleo otorga el control a la Administración y las Comunidades Autónomas en detrimento de los agentes sociales, que quedan completamente relegados.
“El Ministerio ha explotado los escándalos para apropiarse de estos fondos, destinándolos a la formación de desempleados cuando esa rúbrica debía haber sido financiada exclusivamente con cargo al Presupuesto. Por iniciativa propia, los empresarios acordamos con los trabajadores que se elevasen las cotizaciones al objeto de usar ese dinero para la formación de nuestros empleados e incrementar la competitividad de las plantillas. Pero ahora nos lo arrebatan. Si lo van a hacer a las bravas, mejor que supriman ese recargo del 0,7 por ciento y bajen las cotizaciones”, denuncian fuentes patronales. Éstas alegan que bajo el nuevo marco pueden desaparecer muchas patronales que hasta ahora se encargaban de gestionar un tipo de formación especialmente diseñada para las necesidades de los sectores.
Entre sus quejas a la luz del borrador, apuntan que no se podrá subcontratar a quien se estime pertinente para impartir una determinada materia; que se tasarán los precios y por lo tanto el tipo de cursos y la calidad; que habrá que ajustarse a un catálogo administrativo que puede no corresponderse con las necesidades de la empresa y que tendrán que adelantar por lo menos el 50 por ciento de los fondos.
La situación de Rosell al frente de la patronal se antoja harto complicada haga lo que haga. Por el momento, ante la amenaza de perder un pacto salarial que le ayudaría a vender la recuperación de cara a las elecciones, el Gobierno ha retrasado una semana más la publicación del decretazo y no lo aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes. Las negociaciones entre bambalinas continúan.
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