Economía

El juez abre la puerta a que Hacienda administre Abengoa

El juez del concurso de Abengoa contempla la posibilidad de que la Agencia Tributaria forme parte de la administración concursal que gestionará el grupo mientras se mantenga en situación de

El juez del concurso de Abengoa contempla la posibilidad de que la Agencia Tributaria forme parte de la administración concursal que gestionará el grupo mientras se mantenga en situación de suspensión de pagos.

En el auto del viernes en el que el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, sección tercera, declaró el concurso voluntario de Abengoa, el magistrado señala que, "dada la pluralidad de afectados", muchos de ellos "de naturaleza pública", procedería "la eventualidad de nombramiento de una Administración concursal dual". El juzgado expresa oficio al respecto a la "Agencia Tributaria para su formal constancia y consideración debida".

Abengoa informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el lunes de la pasada semana que había solicitado la declaración de concurso. De acuerdo a fuentes de la compañía consultadas por este diario, el concurso afecta de momento solo a la matriz del grupo, Abengoa SA, con una deuda de 153 millones y sin empleados.

El juez habla en el auto del concurso de Abengoa de una deuda notable en el listado de acreedores en favor de Agencia Tributaria

Si el concurso de Abengoa se extendiera al resto de filiales, este podría alcanzar una magnitud tremenda, convirtiéndose en uno de los mayores concursos de acreedores de la historia empresarial española, si no el mayor (el pasivo del grupo en 2019 superaba los 7.400 millones de euros).

Al ser una empresa cotizada, debe ser la CNMV el organismo que nombre al profesional que administrará Abengoa mientras se encuentre en concurso de acreedores, como ha informado este diario. Pero el artículo 58 de la Ley Concursal indica que, en aquellos concursos "en que concurra causa de interés público", el juez podrá nombrar como segundo administrador concursal "a una Administración pública acreedora o a una entidad de derecho público acreedora vinculada o dependiente de aquella".

El juez del auto del concurso de Abengoa señala en el mismo la existencia de una "deuda notable en el listado de acreedores en favor de Agencia Tributaria". En la parte dispositiva del auto, el magistrado dice que se comunique a la Agencia Tributaria "del posible nombramiento y formación en las presentes de un órgano de Administración concursal dual, de conformidad con el art. 58 y concordantes del TR.Ley concursal".

La Secretaría de Estado de Comercio posee el 3,1% de Abengoa y el ICO capitalizó deuda por importe de 87,5 millones

Tanto el Instituto de Crédito Oficial como el Cesce cuentan con cientos de millones de euros aportados a Abengoa en el pasado. Los organismos públicos también estudiaban participar en la refinanciación de Abengoa.

En el acuerdo que alcanzó la Abengoa dirigida por Gonzalo de Urquijo el pasado mes de agosto con los acreedores -que finalmente no se ha hecho efectivo- se contemplaba que el Instituto de Crédito Oficial (ICO)  avalara una línea de crédito de 203 millones, y que la aseguradora pública Cesce cubriera el 60% de otra línea de avales de hasta 300 millones

En 2017 el ICO, dependiente del Ministerio de Economía, adquirió una participación en el capital de Abengoa por importe de 87,5 millones de euros para capitalizar deuda.

Los accionistas de AbengoaShares consideran que el concurso es una treta para impedir el cambio del consejo

También la Secretaría de Estado de Comercio se hizo con acciones de Abengoa (en la actualidad posee el 3,1% del capital de la compañía) al capitalizar deuda que dos fondos de inversión dependientes del Ministerio de Economía -Fondo de Reserva de Riesgos de la Internacionalización y Fondo para Inversiones en el Exterior- mantenían con la empresa.

Expertos en materia concursal consultados por este diario apuntan que la opción de la administración concursal "no se suele dar", pero dado los vaivenes que ha dado el proceso concursal de Abengoa y los fuertes intereses contrapuestos en el mismo "en este caso puede ocurrir ya cualquier cosa".

Junta suspendida

En el mismo auto en el que el juez decretaba el viernes el concurso de acreedores de Abengoa, también se informaba de la suspensión de la Junta que la compañía tenía previsto celebrar esta semana -el día 3 en primera convocatoria-.

Clemente Fernández, presidente propuesto en Abengoa.

En esa Junta, los accionistas agrupados en la plataforma AbengoaShares, que se han convertido en los mayores accionistas de la empresa, con un 15,55% del capital, se disponían a nombrar como consejeros a Clemente Fernández (expresidente de Amper, propuesto como nuevo presidente de Abengoa); José Joaquín Martínez Sieso (presidente de Cantabria, por el PP, entre 1995 y 2003), y José Alfonso Murat Moreno, fundador de la tecnológica cántabra Sayme.

El juez dice que suspende la Junta "en el interés común concursal y no de unos u otros socios"

El nuevo consejo de administración propuesto por AbengoaShares tenía previsto cortar con el plan de reestructuración diseñado por el anterior equipo ejecutivo de Abengoa, liderado por Gonzalo de Urquijo.

En el auto de declaración de concurso de Abengoa, el juez explica que el resultado de esa junta de accionistas, que no sería otro que el cambio del consejo de administración de la compañía, pudiera "afectar también decisivamente en el devenir inmediato de la entidad, e incidir negativamente
en su situación patrimonial
, dadas además las diferencias de futuro ya públicamente aireadas
entre socios".

Por lo cual, añade el magistrado, procede "en el interés común concursal y no de unos u otros socios -los que fueren-, ante el riesgo considerado", la suspensión de la Junta "hasta que pueda ser, en su caso, convocada y celebrada con la asistencia y participación debida de la Administración concursal que resulte designada".

En opinión de integrantes de la plataforma AbengoaShares consultados por este diario, la suspensión de la junta de accionistas muestra que la solicitud del concurso de Abengoa no era más que una treta para impedir la renovación del consejo de administración, y apuntan al banco Santander, principal acreedor financiero del grupo, como instigador de la medida.

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