El Juzgado Central contencioso administrativo número cuatro de Madrid ha estimado un recurso de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) que reclama a la Agencia Tributaria que le facilite la información sobre las normas reguladores de los bonus que reciben los inspectores y técnicos de Hacienda, un complemento retributivo conocido como "complemento de productividad", así como los criterios para la aplicación de dichas normas.
A principios de este año, informa Europa Press, Aedaf solicitó, a la Dirección General de la AEAT, la publicación de los criterios utilizados para el reparto de las retribuciones variables, una solicitud que no fue atendida. Posteriormente se planteó recurso ante un juzgado de lo contencioso-administrativo, con base en la Ley de Transparencia, recurso que ha sido estimado y por el que se obliga a la AEAT a hacer públicos dichos criterios.
La Aedaf ha explicado en un comunicado que la ley de creación de la Agencia Tributaria establece que esta se financie parcialmente con un porcentaje derivado de su propia recaudación, siendo así que tal porcentaje se fija cada año por la Ley de Presupuestos.
Por su parte, la Ley 28/2006 regula la llamada "Gestión transparente por objetivos" de las Agencias estatales, objetivos a los que va ligada la masa salarial destinada al complemento de productividad del personal, en este caso de la Agencia Tributaria. La Dirección General de esta fija anualmente los objetivos a alcanzar, sin embargo, no publica los criterios de distribución de dicha masa salarial.
Los asesores fiscales indican que dicha retribución variable no se ve afectada si, posteriormente, las actuaciones de la AEAT tomadas como base para su cálculo, son anuladas o minoradas, ya sea en vía administrativa o judicial.
Fuentes de Aedaf señalan que se trata, por otra parte, de una práctica muy poco común en las administraciones tributarias de otros países del entorno, siendo Canadá uno de los pocos que aplica este tipo de incentivos, que han sido "duramente cuestionados", debido a que su existencia podría, en ciertos casos, condicionar la imparcialidad de los funcionarios, incluso "inconscientemente".
"La transparencia que se exige a los contribuyentes debe ser correspondida por la Administración, y en la Asociación trabajamos en esta línea para desarrollar una relación sana y colaborativa entre Hacienda y el contribuyente. Y esta sentencia es un paso adelante, muy importante, aunque aún quedan otros muchos que dar en esa dirección", ha subrayado la presidenta de Aedaf, Stella Raventós Calvo.
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