El nuevo registro de viajeros del ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, está encendiendo una tras otra las alarmas del sector turístico. Primero, la alerta llegó por las empresas, que denunciaron que registrar tantos datos como los que pedían iba a generar el caos e iba a suponer un embrollo burocrático. A sus denuncias se sumaron las de otros países, como Gran Bretaña, que advirtieron entonces a sus turistas de lo que llamaron la "ley del 'Gran Hermano' en los hoteles españoles". Hasta el propio Ministerio se ha visto desbordado por la medida, que, "debido al gran volumen de correos recibidos" han informado de que dejarán de contestar a los correos pendientes, como ha contado Vozpópuli esta semana.
Pero estas no son las únicas caras 'B' de este nuevo registro de viajeros, cuyo objetivo inicial era "la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana". El 'Gran Hermano' de Marlaska amenaza con disparar los ciberataques a hoteles, porque la gran cantidad de datos que exigen dar a los hoteles y a los viajeros resulta "muy atractativo" para los hackers.
Desde el pasado 2 de diciembre, los hoteles y los turistas han pasado de tener que rellenar 14 campos cuando se alojara cualquier establecimiento turístico a 43 preguntas. Los datos se recogen a través de una plataforma informática, la aplicación ses.hospedajes, gestionada por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
Esta aplicación lleva activa desde 2022, cuando entró en vigor inicialmente la medida. Y sólo desde entonces, los ciberataques en el sector hotelero se han disparado un 70%, según señalan desde el proveedor de servicios de ciberseguridad Lazarus Technology en base a varios informes recientes del sector. "Esta cifra evidencia la vulnerabilidad de la industria frente a amenazas digitales que buscan explotar los datos recopilados, no sólo para el robo de identidad, sino también para fraudes más sofisticados", señalan desde la empresa.
"Este gap entre la ingente cantidad de datos recopilados a los viajeros y los escasos casos de actividades ilícitas detectados evidencia cómo la "acumulación indiscriminada" de datos personales no es una estrategia de seguridad efectiva para combatir la actividad terrorista o el crimen organizado, sino una brecha de seguridad esperando ser explotada por los ciberdelincuentes", añaden al respecto.
A modo de contexto, según el Informe Anual de Cibercrimen de la Oficina Europea de Policía (Europol) 2023, los delitos de robo de identidad y fraude han aumentado un 15% en el último año. Y, de manera más preocupante, en países como Estados Unidos este tipo de delitos ha experimentado un alarmante crecimiento del 157%.
Apenas el 0,018% de los huéspedes del nuevo registro de viajeros estaba siendo investigado judicial o policialmente
El principal argumento para defender el registro de viajeros es la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. La entrada en vigor de esta nueva normativa, aprobada en 2022, pero cuya aplicación se ha ido retrasando hasta comienzos de diciembre, ha generado importantes debates sobre la privacidad.
Y no ha resultado ser muy útil en este sentido, porque desde su puesta en marcha previa en 2022, esta normativa ha permitido localizar a 18.584 personas investigadas judicial o policialmente, apenas el 0,018% del total de los 102,7 millones de personas que se alojaron en nuestro país el pasado año, según datos del INE. Esto implica que el 99,98% de los viajeros, sin relación con actividades ilícitas, están sujetos a la recogida obligatoria de hasta 42 datos personales, incluyendo información sensible como métodos de pago.
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