El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley Crea y Crece, que pretende quitar barreras a las pymes para crecer y facilitar la creación de empresas. El borrador que ha tenido en audiencia pública el Ministerio para Asuntos Económicos contiene novedades en lo relativo a crowfunding y financiación de proyectos pero no ofrece incentivos ni intenta siquiera reconsiderar las barreras fiscales y laborales que tienen las pymes para crecer y contiene duras penalizaciones para las pequeñas y medianas empresas morosas, lo que puede lastrar su recuperación. Fuentes conocedoras trasladan a Vozpópuli que el Ejecutivo no ha incorporado buena parte de las sugerencias que le ha remitido el mundo empresarial, aunque todavía confían en que lo haga o se realice ya en la tramitación parlamentaria.
Entre las barreras fiscales, a partir de 6 millones de euros de ventas, se adquiere la condición de gran empresa y se debe realizar pago mensual, en lugar de trimestral, de las retenciones por IRPF, liquidación mensual, en lugar de trimestral, del IVA e inclusión obligatoria en el Suministro Inmediato de Información (SII), un sistema de remisión en tiempo real de facturas a Hacienda que supone costes elevados. Además, los pagos fraccionados pasan a calcularse sobre la base imponible del año en curso y no sobre la cuota íntegra de períodos anteriores.
A estas trabas se suman las que se sufren a partir de 10 millones de euros de ventas, cuando se pierden incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades y se incrementan los pagos fraccionados. Y a partir de 50 empleados, no se puede deducir la contratación indefinida de desempleados. España tampoco incentiva fiscalmente la fusión de empresas, medida que tienen en vigor países de nuestro entorno para estimular el crecimiento.
Pero hay muchas más cortapisas, laborales, contables y de otros tipos. Aquí se sitúan los 'síndromes del empleado 30' o 'del empleado 50'. Así por ejemplo, las empresas de más de 30 trabajadores están obligadas a tener tres delegados de personal y a financiar el 10% de la formación de los trabajadores, exigencias que se incrementan a partir de 50 trabajadores.
El borrador incorpora incentivos para reducir la morosidad comercial, incluyéndose el período medio de pago como requisito de acceso a subvenciones y como causa de resolución y condición penalizable en la contratación pública. Se prevé que las pymes morosas no puedan contratar con la Administración Pública y queden fuera de los fondos del Plan de Recuperación.
Asimismo, se promueve el uso de la factura electrónica en operaciones entre empresas y autónomos como medida de digitalización empresarial y como mecanismo de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y se ofrece un periodo transitorio de tres años para que las pymes implanten la factura electrónica obligatoria. Con el objetivo de que ésta no sea un coste, se incluirá en los servicios subvencionados en el 'digital toolkit', el plan financiado con 3.000 millones de euros de los fondos europeos para la digitalización de las pymes.
Se podrá crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de tan solo un euro, frente a los 3.000 euros actuales. Asimismo, se introducen reformas para facilitar la constitución de forma rápida y telemática de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas.
La norma, que se enmarca en el componente 13, objetivo de impulso a la pyme, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, profundiza en la cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas y se refuerzan las ventanillas en las que las empresas pueden reclamar cuando consideran que las Administraciones no cumplen los principios de buena regulación económica. A su vez, se amplía el catálogo de actividades económicas exentas de licencia, incorporándose al listado estatal las actividades que se hayan considerado inocuas por la menos una comunidad autónoma. Fuentes empresariales consultadas por este diario valoran estas medidas pero trasladan que no les consta que los 3.000 euros hayan supuesto una traba generalizada para la creación de empresas.
Crowfunding
Por último, se flexibilizan los mecanismos de financiación alternativa como el 'crowdfunding', la inversión colectiva y el capital riesgo. En este sentido, se adapta la regulación a la normativa europea, se refuerza la protección de los inversores y se permite agruparlos en vehículos cuyo objeto social y actividad única consista en la tenencia de las participaciones de la empresa invertida. Además, se facilita el acceso a financiación de empresas financieras que tienen un componente tecnológico muy alto, con el impulso del capital riesgo y se amplían las figuras reconocidas para fondos cerrados, o fondos de deuda que puedan invertir en préstamos, facturas o efectos comerciales.
La vicepresidenta primera y ministra para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha enmarcado esta norma entre las reformas que prevén favorecer la mejora del clima de negocios, que se remitirán para su aprobación al Consejo de Ministros para que entren en el Congreso antes de que finalice el año. A la Ley Crea y Crece, se suman la la Ley de 'Startup' y la reforma de la Ley Concursal.
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