La Unión Europea sacó este martes de su lista negra de paraísos fiscales a las Seychelles, Anguila y Dominica, lo que deja este repertorio con solo nueve jurisdicciones y ha generado críticas por llegar tras las revelaciones de los 'Papeles de Pandora', una nueva investigación que prueba el enorme uso de estos refugios tributarios por parte de la élite mundial.
Tras la decisión adoptada este martes por los ministros de Economía y Finanzas comunitarios, en la lista quedan Panamá, Samoa Americana, las islas Fiji, Guam, Palau, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes estadounidenses y Vanuatu.
Seychelles, Anguila y Dominica, que habían entrado en la lista por incumplir los criterios de transparencia e intercambio de información de la OCDE, salen de la misma después de que este organismo les haya concedido una revisión adicional para ver si cumplen.
Pasan ahora a la lista gris, en la que figuran las jurisdicciones que no cumplen los estándares europeos pero se han comprometido a cambiar su legislación, junto con Turquía, Uruguay, Costa Rima, Jamaica, Botsuana, Barbados, Hong Kong, Malasia, Qatar, Jordania y Macedonia del Norte.
Aunque el cambio ya estaba previsto puesto que esta lista se actualiza semestralmente, el recorte de la misma llega en un momento en el que los 'Papeles de Pandora' vuelven a poner el foco en la evasión de impuestos a gran escala que permiten estos paraísos fiscales, generando pérdidas millonarias para las arcas públicas.
Esta enorme filtración desvelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, destapó este domingo cómo cientos de millonarios, políticos, delincuentes y famosos de todo el mundo utilizan una maraña de fideicomisos y sociedades pantalla en territorios como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Andorra, Belice, las Islas Cook, o Dakota del Sur en Estados Unidos, entre muchos otros.
Estas y otras jurisdicciones conocidas como paraísos fiscales se caracterizan por una regulación opaca, que dificulta saber quién está realmente detrás de las empresas y facilita escapar al fisco. La creación de empresas offshore en sí misma no es ilegal salvo que no se declare en el país dónde reside su beneficiario o se use para eludir impuestos.
Críticas
En este contexto, el recorte de la lista ha hecho arreciar las críticas contra un repertorio al que desde su creación, en 2017, se achaca poco músculo puesto que no sanciona a los paraísos fiscales, más allá de prohibir el tránsito de fondos comunitarios a través de empresas establecidos en ellos, y no incorpora a los Estados de la UE.
"Algunos de los paraísos fiscales con peor fama del mundo ni siquiera están en la lista de la UE y los ministros de Finanzas van a dejar fuera todavía a más de ellos", criticó la eurodiputada socialista Aurore Lelucq, redactora de un informe que votará mañana la Eurocámara para pedir más medidas contra las malas prácticas tributarias.
También el portavoz económico del Partido Popular en la Eurocámara, Markus Ferber, criticó en un comunicado que la lista "no tiene garra" y que "aguarla aún más" esta semana "envía la señal equivocada".
La elaboración de la lista de paraísos fiscales depende de los países europeos, que evalúan si otras jurisdicciones cumplen ciertos criterios en materia de transparencia, buena administración, tributación justa o implementación de las normas contra la erosión de la base fiscal y el traslado de beneficios. No obstante, sus críticos consideran que a la hora de redactarla pesan también consideraciones políticas y diplomáticas.
Así, es diana de numerosas críticas y el Parlamento Europeo aprobó a principios de este año una resolución en la que los eurodiputados criticaban que genera "confusión" y es "ineficaz" porque los doce países que entonces figuraban en ella representaban únicamente el 2% de las pérdidas de ingresos a nivel mundial. Por ello, el texto exigía cambios en la lista de paraísos fiscales para que el procedimiento para incluir o sacar países sea más transparente e imparcial, así como para ampliar el análisis para que no solo se examinen países de fuera del bloque, sino también a los propios Estados miembros.
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