En medio de la calma tensa que se ha vivido en Madrid en los últimos días a la espera del resultado de las elecciones gallegas y de que la ley de amnistía supere el trámite del Congreso, los lobbies económicos catalanes bullen. En Foment y Pimec dan ya por descontada la amnistía y que ésta sustentará la legislatura y han intensificado su actividad.
Por primera vez las patronales catalanas Foment y Pimec cuentan con sede y presencia destacada en Madrid. Foment ha abierto oficina propia fuera de CEOE y Pimec consolida su presencia en Madrid con el fichaje del exdiputado Ferrán Bel.
En paralelo, Conpymes, la patronal que disputa la representación nacional de las medianas y pequeñas empresas a Cepyme y que impulsa Pimec, gana visibilidad y aspira a desembarcar en el diálogo social.
La intelligentsia catalana se lanza a influir en Madrid con más tentáculos y posibilidades que nunca.
Y es que el poder catalán en Madrid está en máximos y así se lo hizo saber la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a Junts y ERC en la Comisión de Hacienda en el Congreso el 25 de enero."Cataluña tiene hoy más capacidad de influir que cuando gobernaba el PP", advirtió.
Un poder que la Generalitat cultiva activamente. Este miércoles, la consellera de Economía y Hacienda, Natália Mas, ha publicado una tribuna en Expansión titulada "Una financiación caduca e injusta", en la que recuerda que "el acuerdo de investidura firmado entre ERC y el PSOE prevé la celebración, en el primer trimestre de este año, de una comisión bilateral para abordar la propuesta de una financiación singular para Catalunya".
Mas había hasta ahora desgranado sus argumentos en La Vanguardia, pero ha elegido un periódico económico de Madrid con una línea editorial alejada de sus postulados para reclamar "una financiación singular" para Cataluña que "tiene que incluir la recaudación de impuestos por parte de la Generalitat". Eso sí, "sin perjuicio de que haya aportaciones a la solidaridad interterritorial".
Sobre este asunto ha preguntado El Mundo este jueves a Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana Foment, en una entrevista de presentación de la flamante sede que inaugura en Madrid. Preguntado por si apoya crear un Cupo catalán, responde: "Lo que denunciamos es que en Cataluña hay déficit de inversiones de más de 40.000 millones en los últimos 13 años. La mayor parte por el Estado y queremos que se ejecuten".
Es crítico con la política económica de la Generalitat frente a la de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, pero defiende que el declive de Cataluña se debe a un conflicto político que ve en camino de resolverse: "Estoy convencido de que cuando se haya resuelto definitivamente el conflicto político que existe entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno del Estado, Cataluña volverá a liderar la economía española. El procés nos ha perjudicado, pero la situación se va a normalizar".
Elude posicionarse sobre la amnistía y hace equilibrios con su presencia en CEOE, que sí ha criticado la amnistía. Una organización en la que ha perdido peso tras promover la candidatura rival a la de Antonio Garamendi en las pasadas elecciones a la Presidencia de la patronal.
Foment anunció hace más de un año su desembarco independiente en Madrid, pero es justo ahora cuando formaliza la apertura de la sede. Sánchez Llibre está convencido de que hay legislatura y ve a un ahora débil Sumar como un actor cuyas políticas contrarrestar.
La hoja de ruta está clara para Sánchez Llibre, defensor de los paralelismos de la actualidad con los de su tiempo en CiU: "La legislatura acaba de empezar y es verdad que existe en estos momentos una polarización política por el tema de la amnistía y lo respeto. Pero en cuanto se llegue a un acuerdo sobre la amnistía, estoy convencido de que Junts y el PNV volverán a actuar como hacíamos en CiU y volverán a defender planteamientos económicos similares".
El presidente de Foment ve además muy posibles pactos del PP con Junts. "Desde CiU apoyamos a Felipe González y en 1996 al PP. Todo es posible en política y en una próxima legislatura puede pasar de todo".
Poco antes de que Pedro Sánchez fuera investido, la patronal de pymes Pimec anunciaba que enviaba al mítico ex diputado de CiU y PdCAT Ferrán Bel, posiblemente el diputado que más sabía de economía aplicada a la empresa, para influir en Madrid.
Su misión, la "defensa y representación de las pymes catalanas, con una interlocución directa y permanente con las administraciones estatales e instituciones con sede en Madrid, así como con el resto de los agentes sociales y otros grupos de interés”, anunció Pimec. También trabajará de forma coordinada con el gabinete de presidencia y la delegación que tienen en Bruselas.
Estar donde se toman las decisiones es el lema de la patronal que preside Antoni Cañete. Desde hace más de una década ha tenido presencia en Madrid a través de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad para impulsar una legislación más dura con respecto a la morosidad de las grandes empresas. Y ahora formaliza su actividad central en Madrid con un fichaje de relumbrón.
La batalla por la representatividad
Pimec no sólo no está integrada en Foment, a diferencia de Cepyme en CEOE, sino que tiene sus más y sus menos con la patronal de la gran empresa catalana, aunque de puertas afuera la relación es cordial.
Se disputan la influencia y la representatividad empresarial en Cataluña desde el punto de vista político, más allá del peso oficial que les da la Generalitat en las instituciones públicas.
Auspiciada por Pimec nació Conpymes en 2021, un torpedo en la línea de flotación de Cepyme y de su aparente armonía con CEOE y que ambiciona la representatividad nacional, entrar en el diálogo social. Su presidente, José María Torres, ha conseguido que su inclusión en las mesas aparezca en el pacto de gobierno que suscribieron el PSOE y Sumar.
La integración de Cepyme en CEOE resulta problemática para la representatividad de las pymes, como los intentos de que grandes empresas entren en la cúpula de CEOE.
Conpymes trata de quitarse la vitola de plataforma vinculada al Gobierno del PSOE y Sumar que le acompaña desde que amadrinaran su presentación en mayo de 2021 la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Aseguran que no comparten buena parte de la agenda económica del Ejecutivo de coalición, que invitan a todos los partidos a sus eventos y que su relación con el PP es buena.
Sus avances escuecen en CEOE e incomodan a UGT y CCOO, ya que Conpymes cuestiona toda la representatividad del diálogo social.
Su última victoria, la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el Real Decreto 1027/2022 aprobado por el Gobierno el 20 de diciembre de 2022 que reguló la concesión directa de subvenciones para la digitalización del sector productivo, por una cuantía total máxima de 30,6 millones de euros sin convocatoria pública a CEOE, Cepyme y UGT, al considerar que ya no se daban las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia o la guerra en Ucrania que justificaran la concesión a dedo y sin concurso.
La lectura que hace José María Torres es que lo que está diciendo el Supremo es que patronales que no pertenecen a CEOE pueden concurrir a convocatorias que hasta ahora les están vetadas. A la espera de que se resuelva el recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Trabajo que pende de la Audiencia Nacional en el que reclama ser agente social y que se acabe con lo que denomina "representatividad por la gracia de dios" que atribuye a CEOE.
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