El paro ha empezado a afectar a los políticos de primera fila, que no pueden ser recolocados por el Gobierno en otros cargos públicos, instituciones o entes, tras la celebración de las últimas elecciones. Tampoco pueden ser ubicados en otras Administraciones, porque el PP es quien gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas y de los principales ayuntamientos. Y en la sedes de los partidos no hay sitio para retornos masivos, porque los posibles puestos se encuentran ya ocupados y por la reducción de las subvenciones a consecuencia de de los resultados electorales.
Los problemas han empezado a acentuarse a la espera de que alguien les enchufe en algún lado. Según el último Informe sobre el cumplimiento de los altos cargos de la Ley reguladora de transparencia e incompatibilidades, que elabora el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, el Gobierno de Sánchez ha continuado en esta nueva legislatura con una mayor inflación de representantes políticos en la cúpula del Estado. Hasta junio, últimos datos disponibles, ha logrado un nuevo récord de altos cargos de confianza (desde directores generales gasta ministros) hasta alcanzar los 778; es decir, 107 más desde que llegó a La Moncloa en 2018 (un 16% más).
Desde que se formó el nuevo Gobierno en noviembre, pese a permanecer el mismo partido en La Moncloa, ha movido la silla a más de 250 (ceses y nuevos nombramientos), convirtiendo los puestos en una verdadera rifa, en muchos casos al albur de decisiones personales incluso del propio presidente. Se trata del mayor cambio realizado en el actual Ejecutivo. Los más afectados son los altos cargos salientes que procedían del sector privado y de las propias organizaciones de los partidos y que no encuentran ubicación laboral, mientras que el personal funcionario, con puesto garantizado, puede regresar a la función pública.
La única diferencia con respecto a otros procedimientos anteriores de nombramientos y ceses es la aparición de Sumar eclipsando, o intentándolo al menos, a Podemos. Por tanto, los más damnificados son los ex altos cargos de los ministerios de Igualdad, Derechos Sociales, Consumo y en menor medida Universidades y Trabajo (en manos de Yolanda Díaz). También los hay en otros ministerios, incluso en Presidencia del Gobierno.
Al menos una veintena larga de estos ex altos cargos, sobre todo de la formación morada, han tenido que apuntarse al paro o, lo que es lo mismo, no ejercen actividad alguna a la espera de un posible encaje en algún sitio o de encontrar nuevos horizontes ajenos a la política. En todo caso, muy pocos han podido incorporarse al partido o enganchase a alguna lista electoral, incluso a nivel autonómico y local, y otros pocos han podido anticipar la jubilación, porque se encontraban próximos a la edad o han sido acogidos por los propios partidos. Los de mayor rango, han podido optar de momento por una pensión compensatoria del 80% de su salario con el límite de dos años. Se trata de los curiosos designios de la política actual.
Los 'damnificados' de Podemos
Según la información del ministerio de Transformación Digital y Función Pública, la mayor parte de los afectados son los cargos de nuevo cuño que ‘se inventó’ el Gobierno para dar cabida a los socios y a los suyos en el organigrama del Estado con sueldos de entre 65.000 y 120.000 euros anuales. Por ejemplo, el ex director general del Alto Comisionado para la Lucha Contra la Pobreza Infantil (Albert Arcarons), del ministerio de Presidencia del Gobierno, figura simplemente como desempleado. Lo que significa que se ha apuntado al SEPE y que de momento está cobrando el seguro de paro (unos 14.000 euros anuales).
Por su parte, también están en paro, el ex director general de Juventud e Infancia (David Veloso), sociólogo de profesión; la ex directora del Gabinete de la Ministra de Igualdad (Pilar Rodríguez); el ex director general de Derechos de los Animales (Sergio Antonio García), técnico superior en artes aplicadas de escultura; o la ex directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial (Rita Gertrudis Bosaho). También aparece la ex directora del Gabinete del Ministro de Universidades (Marta Cruells), aunque en el informe anterior figura haber vuelto al partido Cataluña en Comú y a su Fundación. Entre los altos cargos que se han jubilado se encuentra además, entre otros, la ex directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del ministerio de Igualdad (Dolores García).
Entre los altos cargos de Podemos menos perjudicados por los ceses aparece la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, que, después de cobrar durante algunos meses una pensión compensatoria de 5.300 euros al mes, el partido le ha garantizado unos 10.000 euros al mes (con dietas) durante al menos cinco años, al incluirla en el primer lugar de la lista de las elecciones europeas de mayo.
El ex ministro de Consumo, Alberto Garzón, también está cobrando esta pensión (declara también actividades privadas en Acento y algunos diarios), así como la ex secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género (Ángela Rodríguez). En este apartado también consta el ex secretario de Estado de Justicia (Antonio Rodríguez); el Jefe de la Casa Real (Jaime Alfonsín); o la ex secretaria de Estado de Turismo (Rosa Murillo).
Respecto a los pocos que han conseguido reintegrase en el partido figuran: la ex directora del Gabinete de la ministra de Igualdad (Amanda Meyer), que ha vuelto a IU de Andalucía; la ex directora general del Instituto de la Juventud (Teresa Pérez), que ha conseguido un cargo de asesora de prensa de Sumar en el Congreso y es responsable de “acción institucional y discurso” de Podemos; a Sumar se ha sumado también la que fue responsable también del Gabinete de la ministra de Igualdad (Lidia Rubio).
También está la ex directora general del Instituto de las Mujeres (María Antonia Morillas), actualmente concejala de ayuntamiento de Málaga. Por su parte, el ex secretario de Derechos Sociales (Ignacio Álvarez) se ha reintegrado a la Universidad Autónoma de Madrid, y la ex directora general del Gabinete de la ministra de Derechos Sociales (Sandra Astete) ha ingresado en Unicef. Por otro lado, el ex director de Gabinete del Ministro de Presidencia (Rafael Oñate) ha regresado al PSOE al que tenía puesto al aplicar su situación de excedencia.
Salto al sector privado
Del listado del ministerio de Transformación Digital y Función Pública también llama la atención los ex altos cargos, funcionarios sobre todo, que han dado el salto al sector privado. Se supone que han sido fichados para desarrollar puestos compatibles con su anterior desempeño público ya que algunas de las empresas privadas facturan o tienen relación con las Administraciones. Por ejemplo, el ex director del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno (Miguel Ángel Ballesteros) aparece en varias sociedades (Sun Tzu Consulting S.L., Redondo y Asociados, Llorente y Cuenca, Grupo Oesia, Iberdrola y varias universidades).
En Oesia Network SL, empresa dedicada al sector aeronáutico y defensa, figura también el ex director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Francisco de Paula Bisbal), así como en General de Maquinaria S.A.; el ex presidente de Renfe Operadora (Isaías Taboas) es consultor externo de Acento Public Affairs; el ex segundo Jefe del Estado Mayor del Aire (Fernando de la Cruz) está en el departamento de relaciones públicas de Airbus España; el ex presidente del Consejo Superior de Deportes (Víctor Francos) se ha incorporado a Seat; la ex directora de Gabinete del ministro de Sanidad (Mercedes Pastor) se encuentra en la cervecera Mahou-San Miguel.
Por su parte, el ex director de la Entidad Pública del Suelo (Fidel Vázquez) figura como arquitecto en Roca Corporación Empresarial; el ex director general del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (Joan Francesc Marco) consta en la Fundación Gran Teatro Liceo; el ex secretario general Técnico del ministerio de Economía (Francisco Peñalver) es abogado en la consultora Price Waterhouse; el ex embajador en Marruecos (Ricardo Díez Hochlectner) es vicepresidente de Técnicas Reunidas Internacional; y, por ejemplo, la exconsejera de la CNMC (Pilar Canedo) se ha incorporado a la OCDE.
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