La Unión Europea elige en las elecciones de este domingo a 720 eurodiputados. De ellos, 61 son españoles (dos más que en 2019). Ideologías aparte, los partidos nacionales se disputan escaños que llevan aparejados sueldos jugosos para cinco años. Puestos que se entregan, en ocasiones, como premio, por compromisos personales o para dar una salida en el 'exilio' a ex altos cargos, como la ex ministra de Igualdad Irene Montero.
Las remuneraciones de los eurodiputados son muy superiores a las que reciben los diputados y senadores. En todo caso, su régimen fiscal es aún más privilegiado que el de los políticos nacionales, sin que ningún grupo mueva un dedo para igualar o acercar su tributación al resto de los ciudadanos.
Sus remuneraciones totales superan los 20.000 euros mensuales, pero los parlamentarios europeos sólo declaran y tributan por la mitad en el IRPF. Obtienen anualmente unos 240.000 euros de ingresos por varios conceptos, pero pagan impuestos por unos 121.000 euros, es decir, los que corresponden al sueldo básico y no por el corolario de percepciones que reciben catalogadas como dietas.
Algo similar ocurre con el régimen fiscal de los diputados y senadores nacionales (también de todo el arco político autonómico y local). Pero, en este caso es el 39% de sus ingresos (en el caso de políticos de una circunscripción distinta a la de Madrid) el que no tributa por IRPF, porque sus señorías han decidido que esta remuneración no se le debe considerar sueldo (rendimiento del trabajo), sino como una indemnización por razón de servicio (dietas) que cobran incluso en periodos vacacionales y ‘no lectivos’.
Estos privilegios fiscales no existen para el resto de los ciudadanos quienes, por ejemplo, están obligados a justificar documentalmente los gastos considerados como dietas de manutención con un límite diario exento de gravamen de poco más de 91 euros diarios por desplazamiento a territorio extranjero siempre que incluya pernoctación (la cifra es de 48 euros cuando no se haya pernoctado). Esta programación fiscal de los parlamentarios europeos no prejuzga que los Estados puedan someter todas las rentas percibidas a las disposiciones del derecho nacional mientras se evite la doble imposición. Pero, los políticos, miran hacia otro lado y de esto no se habla y mucho menos en esta campaña electoral que precisamente coincide con la campaña de la renta.
Los eurodiputados obtienen anualmente unos 240.000 euros de ingresos por varios conceptos, pero pagan impuestos por unos 121.000 euros
Curiosamente, en el Libro Blanco de la reforma fiscal del PSOE, elaborado en 2022 por un comité de expertos y encargado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se recoge en la página 131 que “desde el respecto al principio de igualdad, debería suprimirse el tratamiento privilegiado de la exención total de las dietas y asignaciones para gastos que se abonen a los diputados españoles en el Parlamento Europeo, a los diputados y senadores de las Cortes Generales, a los miembros de las asambleas legislativas autonómicas, concejales de ayuntamientos y miembros de las diputaciones provinciales, cabildos insulares u otras entidades locales que recoge el artículo 17.2.b de la ley del IRPF”.
Según los expertos, su tratamiento fiscal “debería equipararse al régimen general de las dietas” de los demás contribuyentes. Lo que es evidente es que los políticos se han olvidado de la igualdad fiscal y también de la ejemplaridad, que brilla por su ausencia.
El 'negocio fiscal' de los eurodiputados
Según los datos oficiales, un eurodiputado español cobra un sueldo básico bruto de 10.075,18 euros al mes (unos 121.000 euros al año), lo que supone cuatro veces más que el salario medio en España y casi siete veces más que la nómina más común; y que algunos podrán complementar con otras remuneraciones con cargos representativos en la Eurocámara. De esta cifra se les retiene un 21% del pago del impuesto comunitario que se emplea para financiar el Parlamento, aunque la UE recibe también una contribución española como Estado miembro. Esta retención se realizará a cuenta de la liquidación definitiva que cada diputado deberá hacer en España cuando realice la declaración de la renta si mantiene su residencia fiscal en el territorio nacional.
Esta es la única remuneración que tributa fiscalmente (una parte se la queda la UE y otra parte se ingresa en la Hacienda española), aunque algunos eurodiputados han intentado reducir esta aportación a las arcas españolas acudiendo a los tribunales, en contra del criterio de la Agencia Tributaria, para intentar beneficiarse de la exención de 61.000 euros anuales que marca La ley del IRPF para los trabajadores de empresas arraigados fuera de los límites del territorio español.
El Tribunal Supremo falló en 2023 que esta retribución básica de los eurodiputados está sujeta al IRPF porque la situación no se puede equiparar a la de un trabajador en el extranjero. Para el Supremo “no existe relación laboral entre estos representantes políticos y la Eurocámara” y no se puede tratar a este Parlamento como “una empresa o entidad no residente en España ya que sus objetivos no son económicos”. Los magistrados concluyen que este colectivo electo no puede equipararse a los trabajadores y funcionarios que prestan sus servicios en las instituciones europeas ya que “los representantes públicos poseen un tratamiento propio y diferenciado”.
Según reconocen los expertos fiscales consultados, “el régimen fiscal de los eurodiputados es un auténtico chollo y parece un chiste si se compara con la tributación de los demás ciudadanos”. Sobre todo, porque, además de la retribución ordinaria, perciben al menos otros 10.000 euros mensuales más que no tributan por IRPF y cuya utilización, además, no se tiene que justificar.
Dietas exentas de IRPF
Los eurodiputados tienen consignadas cuatro tipos de dietas exentas de IRPF que no requieren fiscalización alguna por parte del Parlamento. Para gastos generales, aunque disponen de una oficina en la propia Cámara, los políticos cuentan con una asignación de 4.950 euros al mes que presuntamente se han de destinar a alquileres, material informático o teléfono. Pero nadie comprueba que este gasto se realice en su totalidad o siquiera parcialmente. A esto se añade una dieta por estancia (para alojamiento o comidas) de 350 euros diarios por cada día que se pase en el Parlamento. Es muy habitual ver los viernes a primera hora del día largas colas de parlamentarios para firmar y confirmar su presencia para irse inmediatamente a su país.
La asistencia media está en el entorno de 15 sesiones al mes (5.250 euros) y en caso de 20 sesiones la cifra puede llegar a los 7.000 euros. Mientras, la Cámara reembolsa los gastos de viaje y reintegra al menos dos tercios de los gastos médicos. Todos estos ingresos (lo mismo sucede con los políticos nacionales de las distintas instituciones) no pasan por la ventanilla del IRPF ni del control que se supone debería realizarse. Y, aunque no tiene que ver directamente con estas retribuciones y el régimen fiscal, cada eurodiputado dispone de 28.412 euros mensuales para contratar a asesores o encargar estudios especializados a entidades.
En todo caso, los privilegios salariales se extienden además a una indemnización de un salario mensual por cada año de mandato cuando los políticos concluyen la carrera política en Bruselas, al no ir en las listas presentadas por los partidos o no salir elegidos. Curiosamente, la normativa no especifica si esta indemnización es compatible con la percepción de algún tipo de pensión. Además, a los 63 años (cuatro antes de que los demás ciudadanos) pueden cobrar una pensión del parlamento equivalente al 3,5% de su asignación mensual por cada año de mandato. Es decir, los eurodiputados españoles podrán recibir 1.763 euros al mes de pensión con una legislatura en Bruselas y con cuatro mandatos la cifra llega se acerca a los 7.100 euros.
Por otra parte, aunque se ha suprimido para los nuevos parlamentarios, todavía no se ha extinguido el régimen especial de pensión privada para quienes llegaron a la Cámara antes de 2009 vehiculada a través de un fondo de pensiones en una SICAV (sociedades de inversión diseñadas para ricos) luxemburguesa. Según este sistema, por cada euro que voluntariamente aportaba un eurodiputado a este fondo, el Parlamento le invertía dos más a su nombre.
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