13 de las 17 comunidades autónomas tienen una deuda pública que supera el 13% de su Producto Interior Bruto (PIB). Sólo Madrid, País Vasco, Navarra y Canarias tienen un nivel de deuda pública igual o inferior al 13% de su PIB, el objetivo que marca la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) de 2012, impulsada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
La Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Cataluña son las más endeudadas, representando más del 30% de su economía. En la región que gobierna el 'popular' Carlos Mazón desde 2023 la ratio de deuda pública asciende al 42,3% del PIB. En la que lidera el socialista García-Page, está en el 32%. En Murcia, donde gobierna el PP desde 2017, alcanza el 31,4%. Y en Cataluña, con ERC al frente, el 31,1%.
Por encima del 13% pero por debajo de la media regional (22,2%) están Asturias, La Rioja y Galicia. En torno a la media, entre el 19% y el 22%, están el resto: Andalucía, Castilla y León, Cantabria, Aragón, Baleares y Extremadura, según estimaciones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Son datos de 2023, pero la situación para 2024 no se antoja muy distinta.
Si no se toman medidas, la media de deuda regional seguirá al final de 2024 en el 22,2%, con ligeras variaciones. Si se toman medidas de consolidación fiscal, con una reducción del déficit estructural en un 0,25% del PIB al año, bajaría al 22%. Con medidas más intensas, bajaría al 21,7%. De hecho, la previsión de Fedea es que dentro diez años, en 2034, la deuda regional media seguirá entre el 24,4% y el 15,1%, en función de la política fiscal.
El objetivo de deuda pública
La ley impulsada por Montoro no sólo marca que el volumen de deuda pública, definida de acuerdo con el Protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo, del conjunto de Administraciones Públicas no podrá superar el 60% del PIB nacional expresado en términos nominales, "o el que se establezca por la normativa europea". También que el límite de deuda pública de cada CCAA no podrá superar el 13% de su PIB regional.
Tal y como se explica en un artículo reciente publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), la ley contemplaba "un amplio período de transición que finalizaba en 2020", pero "el período definitivo que arrancó en enero de 2020 fue efímero por culpa de la pandemia". En marzo la aplicación del marco normativo quedó en suspenso por la activación de la cláusula general de salvaguarda a escala europea.
Así se ha mantenido hasta el momento, a la espera de que se reactiven las reglas fiscales comunitarias en 2025. La ratio de deuda de las CCAA es ahora inferior a la que existía antes de la pandemia básicamente gracias al aumento del PIB y su impacto en el denominador. En términos nominales, sin embargo, es un 10% superior: 325.234 millones al término de 2023.
Tras el verano los países tendrán que presentar a Bruselas la hoja de ruta fiscal que seguirán en los próximos años, coincidiendo con la presentación del Proyecto de Presupuestos. El Gobierno debería garantizar ajustes del 0,6% del PIB anual durante el periodo 2025-2028, pero se podrían reducir al 0,4% y extender hasta el 2031 si se justifica que hay reformas e inversiones en marcha.
España tiene mayores niveles de deuda y déficit público que antes de la pandemia. Las AAPP cerraron el 2023 con un endeudamiento del 107,7% del PIB, 9,5 puntos más que en 2019, cuando la ratio ya se situaba en el 98,2%. Si se tiene en cuenta el objetivo de deuda pública del 60% que marcan las reglas fiscales, España lleva 13 años incumpliéndolo. A cierre de 2023, pese a la mejora manifestada por el Gobierno, estaba 48 puntos por encima de ese objetivo.
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