Las protestas que durante estos días están llevando a cabo agricultores y ganaderos para reclamar mejoras en el sector ante las restrictivas políticas de la Unión Europa tienen su reflejo en los números. El empleo encadena dos años bajo mínimos y se han perdido más de 8.000 empresas en ese periodo.
La inflación y el salario mínimo (que se ha elevado un 50% en seis años) han incrementado los costes de las empresas, mientras que la sequía ha mermado la producción. Los tres factores, junto a las condiciones y la burocracia de las normativas comunitarias, han creado una 'tormenta' perfecta que ha llevado al campo a una situación límite.
Según la encuesta de empleo del INE (EPA), el año 2023 se cerró con 770.700 personas ocupadas, 69.400 menos que en el mismo periodo de 2021, cuando la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca dieron trabajo a 840.100 personas. De ellos, 60.500 eran asalariados y los 8.900 restantes eran autónomos.
Las estadísticas sobre empresas con asalariados inscritas en la Seguridad Social también revelan la destrucción de 8.342 compañías en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. A cierre del 2023 había 107.403 empresas registradas, frente a las 115.745 de diciembre de 2021. Esta pérdida de tejido productivo acarreó una reducción del número total de trabajadores en las empresas del sector de 65.072 personas, hasta las 553.436.
Además, los datos de afiliación media a la Seguridad Social reflejan que aquellos que no eran trabajadores del campo por cuenta ajena sino por cuenta propia y estaban afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cerraron el año en las 258.877 personas. Son 4.831 menos que en diciembre de 2021 (263.708).
En total, el número de afiliados medios a la Seguridad Social dedicados a la agricultura, ganadería y pesca cerró el año pasado en 1.058.027 personas, 68.129 menos que en diciembre de 2021 (1.126.156). Si se compara con 2019, la destrucción es aún mayor: cerca de 88.400 trabajadores menos.
Las protestas del campo
Los agricultores han proseguido con sus protestas y tractoradas durante este fin de semana. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, aseguró este viernes que los empresarios "están con el campo", pero insistió en que las reivindicaciones deben hacerse "con moderación de forma que no perjudiquen a otros sectores".
Garamendi manifestó que "el campo se está quejando de varios temas, de todo lo que es la entrada de productos de terceros países que no tienen los controles de calidad que se exigen, en este caso en España, en la Unión Europea, y que evidentemente es una competencia desleal, es un dumping que está sufriendo los agricultores".
Además, en relación con la reciente revalorización del salario mínimo, comentó que los empresarios no se cerraron a subirlo, pero sí plantearon la necesidad de buscar una fórmula para aplicar al campo "un descuento en las cotizaciones de la Seguridad Social", algo que no se ha hecho.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones convocó a las asociaciones del sector agrario el próximo martes 13 de febrero para "tener una reunión en el marco de sus reivindicaciones", pero según informó el propio Gobierno, "esa oferta ha sido declinada".
"Lamentamos no encontrar la misma predisposición por parte de nuestros interlocutores ya que creemos firmemente que las mesas de diálogo son el mejor marco posible para exponer los diferentes puntos de vista y alcanzar consensos. También para explorar las diferentes vías de este Ministerio que pudieran ser de utilidad en el contexto actual", aseguraron desde el Ministerio.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también afirmó este viernes que el Gobierno "está plenamente comprometido con el sector primario", al que ha apoyado en sus necesidades "desde el primer momento". Destacó que el Gobierno ha desarrollado "numerosas políticas de apoyo al sector primario, con 4.380 millones de euros de ayudas".
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mantiene que su departamento aborda cuestiones junto a las comunidades autónomas como "la flexibilidad de la PAC", la aplicación de la ley de cadena alimentaria o la aplicación de "cláusulas espejo", un asunto sobre el que dice estar "totalmente de acuerdo" pero que requiere para su aplicación "una mayoría" a nivel europeo y que la autorice la Organización Mundial del Comercio.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación