Un día después de que el Gobierno haya anunciado las abultadas subidas que experimentarán las pensiones en enero (3,8% en las contributivas, entre un 5% y un 7% en las mínimas, y hasta un 14% en las de viudedad), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado su informe Pensions at a Glance 2023, que se actualiza cada dos años. En él ya sitúa a España como el segundo país más generoso con sus pensionistas, con una tasa de reemplazo bruta del 80,4%, sólo por detrás de Grecia (80,8%). Esta tasa mide los ingresos por jubilación en relación con los ingresos cuando se trabaja.
Respecto al último informe publicado en 2021, España ha pasado de tener la séptima tasa de reemplazo bruta más elevada (73,9%) a la segunda, superando a Italia (en tercer lugar, con una tasa del 76,1%). Es decir, se ha elevado en 6,5 puntos en dos años. Este indicador refleja que la pérdida de poder adquisitivo que sufren los jubilados cuando abandonan el mercado laboral es cada vez menor. En el conjunto de la OCDE la tasa se sitúa en el 50,7%, lo que significa que en la media de los países reciben prácticamente la mitad de lo que cobraban como trabajadores.
"En los países de la OCDE, la tasa de reemplazo es del 50,7%, con un máximo del 80% o más en Grecia y España y un mínimo inferior al 30% en Australia, Estonia, Irlanda y Lituania", destaca la OCDE en el informe. "Los mayores aumentos en las tasas de reemplazo se encuentran en Bélgica, México, Portugal, España, Turquía y el Reino Unido, con aumentos de entre 5 y 8,8 puntos porcentuales", añade.
En términos netos, si se descuenta el IRPF en las prestaciones y salarios junto a las cotizaciones sociales en el último caso, la tasa de reemplazo de España asciende hasta el 86,5% y continúa a la cabeza del ranking, aunque ya en sexta posición, según el informe que publica la OCDE este miércoles. Hace dos años esta tasa era la décima más alta de la OCDE al situarse en el 80,3%. Es decir, se ha elevado en 6,2 puntos y ha escalado cuatro posiciones en los últimos dos años.
Tras la última reforma impulsada por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y coincidiendo con el fuerte incremento de la inflación en 2022, este año las pensiones contributivas se revalorizaron un 8,5%, elevando el gasto anual en 15.000 millones. La consecuencia es que las pensiones ya se comen en seis meses el gasto de todo un año antes de la crisis financiera. La subida de 2024 acarreará un coste adicional de otros 7.000 millones de euros, aproximando la factura anual a los 200.000 millones.
De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advierte de que, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), los nuevos ingresos "sólo cubren parcialmente el aumento del gasto" que viene, sobre todo, por ligar las pensiones a la inflación. Calcula que las medidas adoptadas para incrementar los ingresos aportarán el equivalente de un 1,3% de PIB en 2050, mientras que al mismo tiempo los gastos en pensiones van a crecer en un 2,4% del PIB.
La OCDE recuerda que el gasto representa el 12% del Producto Interior Bruto (PIB), pero advierte de que las proyecciones a largo plazo elaboradas por la Comisión Europea en 2021 (Ageing Report) se verán revisadas, previsiblemente, al alza por la reforma de las pensiones. La AIReF alertó de que superará el 16% del PIB en los momentos de mayor tensión, con la jubilación masiva de los babyboomers.
Un sistema deficitario
Entre otros cambios, además de vincular la revalorización a la variación experimentada por el IPC en los últimos 12 meses, se elimina el Factor de Sostenibilidad, un mecanismo de ajuste automático que introdujo la reforma de las pensiones de 2013 pero nunca llegó a aplicarse en la práctica y que ligaba el incremento del gasto a la esperanza de vida. Es decir, se calculaba la pensión en función de los años que se esperaba que el beneficiario viviera, limitando el gasto y el grado de generosidad.
En su lugar se ha ideado el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que prevé la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (también conocido como la hucha de las pensiones) para financiar el sistema con la aportación adicional del 0,6% en las cotizaciones de los trabajadores desde 2023. Permanecerá al menos hasta 2050 y se endurecerá incluso a partir de 2025 si el Gobierno de turno no logra sacar adelante medidas adicionales de ajuste que se consideren necesarias. Entre enero y octubre, el MEI ha recaudado 2.204 millones de euros, cerca del 80% de la previsión de ingresos del ejercicio.
Desde hace años los ingresos propios del sistema contributivo de protección social tienen que completarse con aportaciones del Estado con cargo a impuestos. La Seguridad Social registró superávit entre 1999 y 2010, aunque ya en 2009, coincidiendo con el inicio de la crisis financiera, inició una tendencia negativa, con disminuciones del saldo positivo en 2009 y 2010 y déficit a partir de 2011. En 2020, sin los desembolsos del Estado el desfase de ingresos y gastos habría superado los 50.000 millones.
Recientemente el Gobierno ha aprobado la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería a General de la Seguridad Social por un importe de 10.003,8 millones para pagar la extraordinaria de noviembre. Para garantizar el cumplimiento de la Recomendación Primera del Pacto de Toledo, la Seguridad Social ha recibido ya transferencias del Estado y Organismos Autónomos por 30.110 millones de euros hasta septiembre. En total espera recibir este año 38.735 millones.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha alertado de que "el déficit de la Seguridad Social está en torno a los 48.000 millones (a precios de 2019), casi el 4% del PIB, absorbe en torno a un tercio de los ingresos tributarios totales del Estado y supone una parte sustancial del déficit total del conjunto de las administraciones públicas". También la agencia de calificación crediticia Moody's advirtió a España acerca de la necesidad de realizar nuevos ajustes en el sistema público de pensiones que no pongan en riesgo el actual rating de la deuda a finales de esta década.
El reto al que se enfrenta nuestro país en los próximas décadas es enorme. Tendrá una población envejecida y menos trabajadores sosteniendo el sistema público de pensiones (dentro de 29 años tendrá 77 jubilados por cada 100 habitantes en edad de trabajar, y en 2082 esa proporción se elevará a 85 por cada 100). Con este panorama, que dibuja la OCDE en su informe, cada vez más voces alertan de que se traspasa todo el riesgo económico a los actuales y futuros contribuyentes, se aumenta el desequilibrio intergeneracional, y se pone en cuestión el mantenimiento del nivel de cobertura actual, el mayor de los países desarrollados.
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