El Gobierno ha dedicado más de 8.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation EU (también conocido como Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) a financiar transferencias sociales, subvenciones y gastos corrientes entre 2021 y 2023.
En un informe sobre estos fondos europeos publicado este viernes, el Instituto Juan de Mariana alerta de este asunto y de que "el reglamento de los fondos europeos incluye hasta tres advertencias orientadas a prevenir y evitar este tipo de dispendios".
El think tank recuerda que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido que hasta 37.000 de los 80.000 millones que recibirá nuestro país en concepto de ayudas a fondo perdido pueden terminar asimilados en este tipo de gastos.
Sin embargo, el Instituto destaca que estos gastos financiados con transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia han sido recogidos por el propio Gobierno en su Plan Presupuestario de 2024, por 2.979 millones en 2021, 2.854 millones en 2022 y 2.406 millones en 2023.
El epígrafe incluye transferencias sociales, corrientes y subvenciones y desde el Instituto Juan de Mariana aseguran a este periódico que "a pesar de que se ha solicitado un mayor desglose a través del Portal de Transparencia, no se ha facilitado".
En opinión de los autores, "esto no solamente contraviene las normas del programa Next Generation EU sino que, además, introduce riesgos fiscales que se materializarán a futuro, puesto que los recursos que hoy están financiando estos gastos desaparecerán cuando se acaben los fondos europeos, obligando a aprobar nuevas subidas de impuestos si se pretende mantener tales epígrafes presupuestarios".
El Instituto Juan de Mariana concluye, además, que "una de las razones por las cuales los fondos europeos tienen un impacto tan reducido sobre el crecimiento es que parte importante de los desembolsos van destinados a cubrir partidas de gasto estructural".
Sobre el impacto, el informe señala que "el efecto real en el PIB ha sido marcadamente menor de lo esperado". En 2023, "el Gobierno estima que el impacto del programa NextGeneration EU fue de 2,5 puntos, mientras que el Banco de España estima que la incidencia de los fondos fue de apenas 0,5 puntos, es decir, cinco veces menos", concluye.
Otro de los motivos de este impacto reducido, además del retraso acumulado en la ejecución (se calcula que sólo han llegado a la economía unos 20.000 millones de los 163.000 millones que pueden captarse) es, según el Instituto, el efecto "negativo" de las reformas planteadas en el marco del Mecanismo. Menciona la laboral, la de pensiones o la de vivienda.
Los fondos europeos, en el foco del Tribunal de Cuentas
En esta línea, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), en el informe anual del ejercicio 2022 (el último disponible), analizó la salud financiera general del presupuesto de la Unión Europea y dedicó un apartado a los fondos de recuperación la pandemia.
Como en el ejercicio anterior, en el que ya identificó errores en la evaluación del primer pago a España en 2021, constató que varios hitos cumplidos "satisfactoriamente" en 2022 a ojos de la Comisión Europea "estaban afectados por problemas de regularidad". Es decir, "no se habían cumplido satisfactoriamente, o no cumplían las condiciones de subvencionabilidad".
El Tribunal de Cuentas Europeo recordaba que "el Reglamento establece condiciones de subvencionabilidad", por las cuales "sólo las medidas iniciadas antes del 1 de febrero pueden optar a la financiación del MRR y, además, los fondos del MRR no sustituirán, excepto en casos debidamente justificados, a los gastos presupuestarios nacionales ordinarios".
De los cinco objetivos que la Comisión Europea auditó ex post y dio por buenos en España en 2022, ahora el Tribunal de Cuentas Europeo considera que dos tienen "problemas de subvencionabilidad". En el informe menciona un ejemplo, el objetivo 384.
En ese objetivo la Agencia Tributaria se compromete a ejecutar en 2021 un proyecto encaminado a fomentar la divulgación por las empresas multinacionales de información sobre sus operaciones, con la presentación de 20 informes de transparencia en ese año.
"La acción había sido un gasto presupuestario nacional ordinario desde 2017, cuando se presentaron los primeros informes de transparencia relativos al ejercicio 2016. Desde 2017, el número de informes de transparencia presentados fue siempre superior a 20 y, en 2020, alcanzó la cifra de 38. Dado que el Estado miembro recibió financiación del MRR para el cumplimiento de este objetivo, consideramos que representa una sustitución del gasto presupuestario nacional ordinario", señaló el TCE.
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