Tras desbloquear casi totalmente el cuarto pago de fondos europeos (España ha sufrido el primer embargo parcial por incumplir uno de los compromisos pactados con Bruselas), el Gobierno solicitará el quinto. Y la exigencia más importante que figura en el papel a cambio de ese desembolso es la reforma fiscal, aún pendiente de ejecutarse.
Sin embargo, la intención del Ejecutivo es que la Comisión Europea la dé por hecha. En sus conversaciones con Bruselas, defiende que ya se han tomado medidas ambiciosas en el ámbito fiscal y se están viendo reflejadas en el "incremento estructural de la ratio de ingresos sobre PIB", según aseguró este miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Desde el Gobierno aseguran que la interacción con la Comisión es constante y hay "una diferencia" respecto a 2021, cuando se pactó el Plan de Recuperación donde figura esta reforma fiscal, y es que "nuestro nivel de ingresos respecto a PIB está muy por encima". "Esto es importante a la hora de valorar las medidas necesarias desde el punto de vista tributario", dijo Cuerpo.
El ministro de Economía reconoció que éste es un elemento que está poniendo el Gobierno sobre la mesa a la hora de valorar el cumplimiento de estos hitos con la Comisión Europea. El quinto pago, de 8.000 millones, está en juego. Si Bruselas no da por buena esta idea, tendría que volver a embargar fondos europeos a España hasta que la llevara a cabo, y las reformas tienen un peso importante en el cálculo.
La decisión del Consejo Europeo de junio de 2021 sobre el Plan de Recuperación de España establece que en el primer trimestre de 2023 deberán entrar en vigor "las reformas derivadas de las recomendaciones del comité de personas expertas relativas a los diferentes elementos del sistema tributario español, con el fin de acercar la ratio ingresos/PIB del Estado español a la media de la UE". Se trata del quinto pago, de más de 8.000 millones, que medirá las reformas e inversiones realizadas hasta el 30 de junio de 2023, entre ellas, la reforma fiscal que aplique las propuestas del comité de expertos designados con este fin.
La consejera económica de la Comisión Europea en España, María Canal, ha publicado un artículo en el informe de enero España 2024. Un año por delante de EY Insights en el que advierte: "En un contexto en el que se solicita a España una estrategia fiscal de consolidación creíble a medio plazo adquirirán especial importancia la revisión de los beneficios fiscales y una reforma del sistema tributario que logre mejorar su eficiencia y adaptación a los desafíos actuales".
Con todo, la Comisión Europea se ha mostrado flexible hasta ahora y ha pasado de puntillas por compromisos incumplidos sobre fiscalidad verde en el tercer pago, que otorgó en su totalidad. Del lado de los ingresos, Montero ha realizado numerosas subidas e impuestos, pero la mayoría son parches, retoques, y no ha realizado la reforma fiscal que prometió.
Sin la reforma fiscal prometida para los fondos europeos
En concreto, ha creado siete impuestos. Dos, las tasas Google y Tobin, las tenía preparadas su predecesor, Cristóbal Montoro, y los impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas tienen un carácter eminentemente político, y sólo han funcionado en términos de recaudación los dos primeros.
En el apartado verde, el impuesto de residuos es una estatalización del impuesto autonómico. Sí es más novedoso el impuesto al plástico. Sin embargo, la imposición medioambiental en España sigue muy lejos de los estándares de nuestros vecinos, del programa de Pedro Sánchez y de lo comprometido a Bruselas en el Plan de Recuperación a cambio de fondos europeos.
En todo caso, el Gobierno se aferrará a esos cambios fiscales y al fuerte incremento de la recaudación, vinculada en gran medida a la fuerte inflación de los últimos años y a la no deflactación del IRPF, para evitar llevar a cabo una reforma fiscal como marca lo acordado en 2021.
El cuarto pago de fondos europeos, parcial
España ya va a sufrir el primer embargo parcial de fondos europeos. La Comisión Europea ha comunicado este miércoles al Gobierno su decisión de retener parte de los 10.000 millones del cuarto pago por incumplir uno de los hitos pactados, relativo a la asignación de dinero a pymes para su digitalización.
En particular, es el hito 201, que establece que al menos el 30% de los 300 millones comprometidos se dedicará a la pyme en el Programa Agentes del Cambio, es decir, 90 millones. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha justificado este miércoles el incumplimiento en la "falta de demanda".
Ahora el Gobierno dispone de un mes para responder a la comunicación de la Comisión Europea sobre el embargo parcial del cuarto pago y, tras esa respuesta, el Ejecutivo comunitario calculará qué parte de los 10.000 millones corresponden al hito incumplido, procederá al pago del resto, y dará seis meses al Gobierno para cumplirlo.
Desde el Gobierno anticipan que el hito incumplido equivaldrá a unos 158 millones de euros y aseguran que "se recibirá en los próximos meses tras el cumplimiento del objetivo pendiente". "El programa inicial se ha rediseñado por su baja demanda y se ha lanzado una nueva convocatoria para dar cumplimiento al objetivo en los siguientes meses", añaden.
Con el cuarto pago al completo, España habrá recibido ya un total de 48.000 millones de euros no reembolsables de los 80.000 millones que puede captar, a los que se suman 83.000 millones en préstamos 'blandos' de los que España todavía no ha pedido ni un euro.
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