El Gobierno ha publicado la lista de los 100 mayores beneficiarios de fondos europeos por segunda vez, tras desvelar la primera el pasado mes de diciembre, con más de medio año de retraso. Entre ellos destacan 25 ayuntamientos, así como otras entidades locales asociadas. De hecho, pese a la mayor presencia que en la anterior edición de empresas privadas, las públicas siguen siendo mayoría.
Un 52% de los 100 beneficiarios presentes en el documento son de titularidad pública. De hecho, el principal adjudicatario de los fondos europeos Next Generation EU sigue siendo Adif, con 2.555 millones de euros recibidos. De hecho, en cuantía adjudicada el peso del sector público es muy superior, de casi el 80% (4.415 millones de los 5.660 millones que copan los 100 mayores beneficiarios).
La situación no ha cambiado demasiado respecto a la anterior versión, publicada sólo cuatro meses antes. En aquel momento los 100 mayores beneficiarios acaparaban 5.112 millones de euros y la presencia del sector privado era algo inferior, pues el 60% de los receptores eran entes públicos (empresas, ministerios, ayuntamientos) que además captaban el 88% del dinero acumulado.
En todo caso, en la nueva versión se han incorporado nuevas empresas privadas vinculadas al sector automovilístico y energético como Ford, Envision AESC o Tecnología Extremeña del Litio, así como varias ONG o fundaciones (Cáritas, Fundación Jaume Bofill y EAPN Canarias). También se mantiene respecto a la edición anterior la elevada presencia de ayuntamientos y entes locales.
Si se analiza sobre el total del dinero que España ha recibido hasta ahora de la Unión Europea, poco más de 38.000 millones de euros, las 100 empresas del listado ya copan un 15% del dinero ingresado desde Bruselas. España puede recibir hasta 163.000 millones de los fondos europeos Next Generation en forma de subvenciones y préstamos, pero para ello debe cumplir una serie de compromisos pactados en su día.
Los beneficiarios de los fondos europeos
La publicación del listado de los 100 mayores beneficiarios de fondos europeos es obligatoria desde marzo de 2023, cuando se incluyó esta exigencia en el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) a propuesta de la eurodiputada de Ciudadanos, Eva Poptcheva. La norma marca que se debe actualizar dos veces al año, y la Comisión Europea recomendó que se haga en abril y octubre, coincidiendo con los informes semestrales.
Tras ignorar esa petición el año pasado en dos ocasiones (no publicó el documento hasta diciembre), el Gobierno sí ha cumplido el plazo esta vez. España es el país de la Unión Europea más beneficiado con los Next Generation EU a fondo perdido (en los préstamos, Italia tiene una cuantía asignada superior) y por esa razón la fiscalización y el interés en el reparto del dinero en nuestro país es mayor.
Según el Gobierno y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ha resuelto ya convocatorias y licitaciones por alrededor de 32.000 millones pero, en realidad, han llegado a la economía 18.900 millones, según los cálculos de la AIReF. Esto es, en términos de Contabilidad Nacional, un dato que el Gobierno oculta desde septiembre de 2021, prácticamente desde la puesta en marcha de este mecanismo.
De esta forma, la ejecución real de los fondos europeos se reduce al 50% de lo que ha recibido hasta ahora y al 12% de todo lo que puede recibir hasta 2026 (136.000 millones). España acumula un retraso importante con el cuarto pago, por 10.000 millones, que se debería haber solicitado el año pasado por estas fechas y finalmente se pidió en diciembre.
El incumplimiento de uno de los compromisos (la reforma del subsidio de desempleo) llevó a una prórroga adicional que finaliza este 20 de mayo. Si ese día el Gobierno aún no ha logrado sacar adelante la reforma que ha pactado 'in extremis' con los sindicatos y sin CEOE, España podría afrontar su primer pago parcial de fondos europeos, de los que apenas ha recibido alrededor de un 25% del total (significativamente menos que Francia o Italia).
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