En agosto de 2023 el gobierno italiano de Giorgia Meloni limitó las ayudas de la Renta Ciudadana (RdC), similar al Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España. Esta medida se adoptó en 2019 por su predecesor, Giuseppe Conte, como un subsidio destinado a los grupos de población desempleados y bajo el umbral de la “pobreza absoluta”.
En el primer semestre de 2023 se beneficiaban de esta Renta Ciudadana cerca de un millón de hogares, según datos del Instituto Nacional de Seguridad Social italiano (INPS). A cierre de año -tras la decisión de Meloni de mantenerla temporalmente sólo en hogares con miembros discapacitados, menores o mayores de 60 años con bajos ingresos- había 600.000 núcleos familiares receptores, casi la mitad.
Esta decisión, que generó una fuerte controversia en el país, ha tenido un efecto en el paro. Los últimos datos disponibles, de diciembre de 2023, reflejan 127.000 personas registradas menos que sólo cinco meses antes. La cifra total de parados está en 1,83 millones, un registro no visto desde 2009 (a excepción de abril de 2020, al inicio de la pandemia), según la oficina estadística de la Comisión Europea, Eurostat.
Por poner en perspectiva el dato, en el mismo periodo del año anterior, entre julio y diciembre de 2022, el desempleo aumentó en 5.000 personas. Antes de la pandemia, entre julio y diciembre de 2019, en 12.000 personas. Es decir, es un periodo en el paro suele aumentar y no disminuir, como ocurrió en 2023.
Reducción del paro en Italia
Además, más allá del efecto que haya podido tener la medida, la tendencia del paro registrado en Italia era de descenso. Por esa razón, si se compara en términos anuales, con diciembre de 2022, la caída del paro ha sido superior: de 170.000 personas. Aquel año se cerró con dos millones de personas paradas. Respecto a diciembre de 2019, el desempleo ha caído en 645.000 personas.
En relación a la población activa, lo que conocemos como tasa de paro, la cifra se sitúa en mínimos: un 7,2% de paro a cierre de 2023, frente al 7,7% de julio y al 7,9% de diciembre de 2022. Salvo abril de 2020, cuando la tasa de paro también bajó hasta el 7,5%, hay que remontarse a 2009 para encontrar niveles de desempleo similares a los actuales en la serie histórica de Italia.
De hecho, según los datos agregados de Eurostat, a cierre de 2022 Italia era el tercer país de la Unión Europea con más paro, sólo por detrás de España y Grecia. Sin embargo, el año 2023 lo cerró ya en sexta posición. Fue superado por Francia, con un paro en diciembre del 7,3%; Finlandia, con un 7,5%; y Suecia, con un 8,2%.
Desde septiembre de 2023 las personas consideradas aptas para el trabajo pueden pedir ante el INPS la prestación de Apoyo a la Formación y el Trabajo (SFL), más restrictiva al obligar a la búsqueda activa de empleo y a la formación para favorecer la reinserción en el mercado laboral. Esta prestación, de hasta 350 euros al mes, se puede cobrar, como máximo, un año. El importe medio de la RdC era de 574 euros.
Los hogares con menores de edad, personas con discapacidad o mayores de 60 años podían seguir percibiendo la RdC hasta final de año, pero desde enero ya tienen que reclamar una nueva prestación, el subsidio de inclusión (ADI), por un importe máximo de 630 euros mensuales. Meloni justificó los cambios en que la Renta Ciudadana era "demasiado susceptible al fraude" y "quitaba incentivos para encontrar trabajo".
El IMV y el subsidio del paro en España
En España se desconoce el número real de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se puso en marcha mayo de 2020 por el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advirtió en junio de 2023 de que, según sus cálculos, había 284.000 beneficiarios, frente a los 627.957 hogares que cuantificó el Gobierno el 31 de mayo en su última estadística.
Este baile de cifras se debe a que, tal y como desveló la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, el Gobierno no contabiliza las bajas en sus estadísticas, sino que acumula todos los hogares que en algún momento se han beneficiado del IMV. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de enero de 2023, sitúan el dato ya en los 747.000 beneficiarios.
Tras las subidas que se llevan a cabo cada año, las ayudas oscilan entre los 604 euros al mes para un beneficiario a los 1.462 euros para hogares monoparentales de un adulto y cuatro o más menores. Está dirigido a personas que se encuentren en situación de "vulnerabilidad económica" y se puede combinar tanto con un puesto de trabajo como con un subsidio o prestación por desempleo.
Más claros son los datos sobre estos últimos. De los 2,70 millones de parados que tenía España a cierre de año, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 1,84 millones de personas tenían una prestación contributiva o subsidio por desempleo. Es decir, la tasa de cobertura en España (porcentaje de los parados registrados que cobran alguna prestación) supera el 60%.
De estas 1,84 millones de personas, alrededor de 856.000 cobran una prestación contributiva (lo que significa que han cotizado el tiempo suficiente para acceder a ella); 733.000, un subsidio por desempleo; 71.700, una renta agraria; 80.200, un subsidio agrario; y otros 94.800, una renta activa de inserción.
El Gobierno tiene previsto, en consenso con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación al que están asociados los fondos UE, reformar el subsidio y ampliar los potenciales beneficiarios. Según sus cálculos, se elevará el número de parados que cobran algún tipo de ayuda o prestación en 400.000 personas, lo que llevará la cifra total por encima de los dos millones de beneficiarios.
La idea es incluir a los menores de 45 años sin cargas familiares, unas 150.000 personas; así como a los eventuales agrarios de las comunidades autónomas que ahora no están cubiertas (sólo Andalucía y Extremadura lo están), lo que afectaría a unos 250.000 parados.
De materializarse la reforma tal y como se ha planteado, España tendría cerca de un 40% más parados cobrando ayudas o subsidios que prestaciones contributivas. A esto se suma el IMV, del que no se disponen datos oficiales, pero, teniendo en cuenta los de la AIReF, España tendría ya cerca de un millón y medio de personas con ayudas no contributivas.
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