Casi uno de cada cinco españoles, el 17,7% de la población, se considera de "clase baja/pobre", según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Hace justo cuatro años, en enero de 2020, sólo un 4,2% señaló esta opción. En junio de 2019 fue la primera vez que se incluyó esta respuesta en la pregunta sobre "identificación subjetiva de clase", y en aquel momento la marcó un 3,9% de los encuestados.
De esta forma, los que se consideran de "clase baja/pobre" se han cuadriplicado en apenas cuatro años. Por el contrario, ha perdido el peso aquella población que se autodefine como "clase media-media", "clase media-baja" o "clase trabajadora/obrera/proletariado".
Entre enero de 2020 y enero de este año, los de "clase media-media" han bajado cuatro puntos, del 46% al 42%; los de "media-baja" han descendido en ocho puntos, del 21% al 13%; y los de "clase trabajadora/obrera/proletariado" han caído del 20% al 11%, nueve puntos.
Es decir, que la mayoría de los que ahora se consideran de "clase baja o pobre" antes se consideraban de clase media, de clase media-baja o de clase obrera/trabajadora, según los sondeos publicados por el instituto que dirige José Félix Tezanos. El repunte se produce fundamentalmente desde mediados de 2022, coincidiendo con el fuerte incremento de la inflación y la pérdida de capacidad de compra de los salarios.
Sufren más la inflación
Según el Banco de España (BdE), los hogares con menos recursos son, precisamente, los que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a llenar la nevera y pagar las facturas energéticas, las dos categorías que más se han encarecido. Esto, sumado al hecho de que tienen más dificultades para modificar sus patrones de consumo a medida que aumentan los precios, hace que se acentúe el impacto asimétrico de la inflación, afectando más a los hogares "relativamente vulnerables", según el BdE.
La fundación Oxfam Intermón advirtió hace ya un año de que la inflación reduce entre un 26% y un 30% más el poder adquisitivo de los hogares con menos recursos económicos que el de las familias con mayores ingresos. En este sentido, han sido varios los organismos económicos que han abogado por subvenciones directas a esos ciudadanos más vulnerables, y no por ayudas generalizadas.
Sin embargo, la principal medida del Gobierno para aliviar la subida del precios que sufren las familias es la rebaja del IVA a todos los ciudadanos, tanto en los alimentos básicos como en la factura de la luz. Esta medida, según organismos como el BdE o EsadeEcPol, no sólo tiene un impacto limitado (a las familias más pobres les ahorra alrededor de 35 euros al año en el súper) sino que tiene un coste mayor por las rentas altas.
En un marco más amplio, más allá de los paquetes de ayudas ante la crisis inflacionista, el Gobierno ha revalorizado las pensiones conforme al IPC (un 8,5% en 2023, en línea con la inflación de 2022; y un 3,8% este año). A los empleados públicos le subió un 3,5% en 2022 (año en el que perdieron poder adquisitivo) y un 3% en 2023 (al que se podría añadir otro 0,5% por el PIB). Para 2024 está prevista una subida del 2% que puede ascender al 2,5% si la inflación sorprende al alza.
Además, el SMI ha subido un 50% desde que Sánchez es presidente, en 5.600 euros anuales. Durante este tiempo los empresarios han alertado que estas subidas del salario mínimo se traducen en una destrucción de puestos de trabajo por el incremento de los costes laborales que asumen las empresas. Estas revalorizaciones afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas, pues cerca de un 40% de ellas tienen empleados cobrando el SMI.
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