El sector servicios vuelve a tener un peso récord en la economía española de casi el 70%, un 68,5%, tras superar por primera vez el billón de euros. En la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística (INE), que arranca en 1995, el sector terciario sólo alcanzó este porcentaje entre 2012 y 2014.
Por el contrario, la contribución de la industria al PIB ha caído siete décimas, hasta el 15,2%, aumentando de nuevo la brecha con los servicios. Es el único sector que ha perdido peso en la economía española en el último año, 2023 respecto a 2022. De hecho, es la primera vez en cuatro años que ocurre.
La construcción ha elevado su peso una décima, hasta el 5%, aunque sigue representando la mitad que antes de la crisis de 2008. Durante la Gran Recesión, la crisis inmobiliaria hundió el peso de la construcción en el PIB del máximo alcanzado en 2006 (10,8%) hasta el entorno del 5%.
Finalmente, la agricultura se ha mantenido estable en el 2,3% pese a la sequía y la subida del salario mínimo, que generaron una 'tormenta' perfecta en el campo en 2023. En términos absolutos, la producción a precios corrientes (sin deflactar) aumentó en casi 2.800 millones, hasta los 34.240 millones.
La crisis de la industria
En 2023 la industria generó 222.578 millones de euros a precios corrientes, según la Contabilidad Nacional del INE. Son 8.900 millones más que en 2022 por el efecto de la inflación. Aún así ha perdido peso en la economía al haber crecido menos que el sector servicios, que ha acabado comiéndole terreno.
Además de afrontar un 'shock' en la demanda, la industria española pagó en 2023 por su factura de la luz, que en algunas ocasiones supone hasta el 50% de sus costes totales, el doble que sus competidores franceses y un 40% más que sus rivales alemanes. Este escenario provoca que parte del tejido industrial español haya frenado su actividad o no hayan podido hacer frente a esta subida de su principal coste.
Más de 1.000 negocios han desaparecido en el sector industrial en el último año. Al término de 2023 la Seguridad Social tenía 98.047 empresas con asalariados inscritas, frente a las 99.090 que había en diciembre de 2022. De hecho, España no ha logrado recuperar la cifra de 100.000 empresas manufactureras y extractivas que tenía antes de la pandemia.
La pérdida se ha concentrado fundamentalmente en la actividad manufacturera (-1.011) al ser la que más empresas reúne: un total de 96.889 que dan empleo a casi dos millones de personas. En términos relativos la caída ha sido más intensa en la industria extractiva (-3% frente al -1% de las manufacturas), que pasó de tener 1.190 empresas inscritas a finales de 2022 a 1.158 en 2023.
Por tamaño, han sido las más pequeñas (aquellas con menos de 10 empleados) las más golpeadas. El 2023 se cerró con 1.252 microempresas menos que un año antes), al ser también las más vulnerables ante una contexto económico desfavorable. Las compañías manufactureras de mayor tamaño crecieron en 209, por lo que no se compensó la pérdida de tejido productivo pero sí aumentó el empleo.
En todo caso, en los últimos meses la evolución ha sido favorable. En febrero, el último dato disponible, la actividad de las fábricas españolas registró una mejoría suficiente para devolver al índice manufacturero de gestores de compras (PMI) a territorio expansivo por primera vez desde marzo de 2023, según S&P Global.
La inversión no remonta pese a los fondos UE
La inversión en bienes de equipo no ha recuperado aún los niveles previos a la pandemia en España. Es el único componente del PIB que sigue por debajo, un 5% a cierre del 2023. Las exportaciones y el consumo público y privado sí lo han hecho, especialmente las dos primeras, que están un 8% y 12,7% por encima, respectivamente.
Asimismo, en su último informe sobre las vulnerabilidades macroeconómicas de nuestro país, la Comisión Europea destaca que "España sigue siendo uno de los países de la UE con menor inversión en I+D como porcentaje del PIB". En concreto, pone el foco en la inversión en I+D por parte de las empresas, "muy inferior a la media de la UE" (0,8% del PIB frente a la media de la UE del 1,5%).
Estos datos contrastan con la fuerte inyección de fondos europeos para la recuperación de la pandemia (denominados Next Generation EU) que se ha producido (38.000 millones) y que se espera (las expectativas también deberían remar a favor de las decisiones de inversión empresarial).
Es un enorme reto para España no sólo por la cantidad de dinero que las administraciones públicas deben ejecutar en tiempo y forma (hasta 163.000 millones), sino por los compromisos que el Gobierno adquirió con Bruselas a cambio. El Plan consta de 595 objetivos en forma de reformas e inversiones, de los que aún quedan por cumplir 474.
Además, el problema no es sólo que el dinero se convoque o licite, sino que la resolución sea efectiva y finalmente se asigne a un beneficiario final. No es hasta ese último paso, según Llorente y Cuenca (LLYC), cuando se puede hablar de ejecución real e impacto en la economía, incluso aunque no se haya realizado el pago final al destinatario, pues una vez se resuelve una convocatoria ya se puede arrancar el proyecto.
La pérdida de interés en los fondos europeos -bien por la maraña burocrática que los envuelve, bien por los requisitos necesarios para acceder a ellos, o bien por la necesidad de cofinanciar los proyectos- se evidencia en los datos. Más de 7.000 millones han quedado desiertos en convocatorias o licitaciones del Estado (526 millones más que hace tres meses y 1.400 millones más que hace un año).
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