El macropleito de los transportistas contra Repsol, Cepsa y BP por el encarecimiento artificioso del precio del combustible da su primer paso judicial. Según ha podido saber El Confidencial, la plataforma Afectados por las Petroleras (APP) interpuso el pasado 29 de diciembre las primeras demandas en los juzgados de lo Mercantil de Madrid (ciudad en la que tienen su sede Repsol y Cepsa) y Castellón (en donde radica la de BP) en las que se reclama a las tres compañías una compensación por los daños y perjuicios sufridos por el pacto a través del cual inflaron durante más de una década los precios del gasóleo. Así, dan el pistoletazo de salida a unos litigios que pueden conllevar una reclamación de más de 1.000 millones de euros.
Según determinó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2009 y ha ratificado en resoluciones posteriores, el mecanismo empleado por las principales petroleras fue la imposición de una serie de cláusulas contractuales a los propietarios de las estaciones de servicio que, en la práctica, conducían a la fijación indirecta del precio del combustible. Los contratos cuestionados desincentivaban que las gasolineras aplicaran descuentos en la venta del gasóleo, lo que, al final, les forzaba a someterse al precio fijado por las petroleras. Esta práctica se mantuvo hasta 2020, cuando Competencia admitió que las modificaciones introducidas por Repsol, Cepsa y BP en sus disposiciones legales remediaban las causas que motivaron la infracción.
No obstante, el cambio en los contratos no extingue el derecho de los afectados a reclamar por el sobreprecio pagado durante los más de 10 años en los que la competencia en el mercado del gasóleo se vio alterada. Por ello, desde hace meses algunas plataformas y despachos de abogados tratan de juntar a perjudicados para impulsar acciones legales contra las compañías.
De momento, las demandas presentadas por APP acumulan las reclamaciones de 3.500 perjudicados y suman una cuantía conjunta de más de 100 millones -cifra que se saca del encarecimiento de unos 4.000 litros de combustible-, tal y como confirman desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer). La otra gran asociación implicada es la Federación Andaluza de Transportes (Fatrans). Sin embargo, fuentes conocedoras del proceso señalan que estas reclamaciones no suponen ni tan siquiera el 5% de los potenciales demandantes.
APP ha sido constituida por la firma especializada en litigación masiva compleja Outliers, fundada por Javier Vasserot, con el respaldo financiero de un fondo de inversión. La entidad ha diseñado un esquema de reparto con los perjudicados en el que el 60% de lo recuperado sería para estos y el 40% para el fondo.
Para la cuantificación del daño, la plataforma se ha apoyado en un informe pericial elaborado por los profesores de la Universidad de Barcelona Joan Ramon Borrell y Jordi Perdiguero, así como una base de datos específica desarrollada para ordenar y procesar la ingente cantidad de datos que han aportado Fatrans y Fenadismer. Por su parte, entre los despachos que han participado en la construcción de la argumentación jurídica se encuentra Almoguera Abogados, encabezado por Jesús Almoguera. "Es la demanda más grande que se ha interpuesto en nuestro país en materia de petróleo", explica Blas A. González, letrado experto en competencia que colabora con Almoguera Abogados en la defensa del caso.
Desde BP señalan al citado medio que aún no han recibido notificación alguna de las demandas. Por su parte, Cepsa subraya que en junio de 2020 Competencia concluyó que sus prácticas "se ajustaban exactamente a lo exigido en sus anteriores resoluciones", por lo que, a día de hoy, no tienen abierto ningún expediente ante el organismo regulador. Finalmente, Repsol ha declinado hacer comentarios al respecto.
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