La Comunidad de Madrid redobla la ofensiva contra el impuesto a grandes fortunas de Pedro Sánchez. Al recurso que la propia Comunidad ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) se suma ahora la Asamblea de Madrid. El Pleno del TC del 9 de mayo analizará si admite el recurso del parlamento madrileño. Ese día el Alto Tribunal también estudiará el recurso que ha planteado Murcia, con lo que son ya cuatro las comunidades gobernadas por el PP que han llevado el polémico impuesto ante el Constitucional: Madrid, con dos recursos, Andalucía, Galicia y Murcia.
Los de Madrid, Andalucía y Galicia ya han sido admitidos, en el caso de los dos primeros, sin estimar la suspensión cautelar que pedían.
El recurso de la Asamblea de Madrid se sigue de la Ley de Autonomía Financiera, con la que la Comunidad de Madrid quiere blindarse del impuesto a grandes fortunas.
La Ley de Autonomía Financiera, que aprobó la Asamblea de Madrid el pasado 10 de noviembre, pretende preservar la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid de acuerdo con lo previsto en los artículos 156 y 157 de la Constitución. El objetivo de Isabel Díaz Ayuso es poner negro sobre blanco a una evidencia -"la Constitución establece que las comunidades autónomas tienen la competencia de gestión y liquidación de una serie de impuestos"- para "estar armados jurídicamente si el Gobierno quiere cambiar eso".
En ese sentido, las fuentes consultadas por Vozpópuli explican que la ley de autonomía fiscal es una "herramienta jurídica" de cara a una batalla legal con el Ejecutivo central que en enero de 2022, cuando la aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se pensaba que podría venir de la mano de la reforma fiscal que el Gobierno se había comprometido a hacer con Bruselas. En este contexto, designó a un comité de expertos con el fin de que le dijera que había que armonizar al alza los Impuestos de Patrimonio y Sucesiones para obligar a Madrid a subirlos.
Y así lo hicieron. Sin embargo, con la guerra de Ucrania estos planes parecían descartados en el corto y medio plazo. Hasta que se desató la fase aguda de la batalla fiscal el pasado septiembre, cuando Andalucía anunció que suprimía Patrimonio.
La Ley "protege políticas como la reducción del IRPF -y deflactación de la tarifa desde 2022- y la eliminación de los impuestos propios", y servirá como "principal argumento" frente al impuesto a grandes fortunas, detallan las mismas fuentes.
El recurso que ha planteado la Asamblea de Madrid, al que ha tenido acceso Vozpópuli, es parecido al de la Comunidad de Madrid pero incide especialmente en la "lesión a la libertad de configuración normativa que el Parlamento de la Comunidad de Madrid ostenta, en el marco de la previa cesión realizada por el Estado, al conllevar la inaplicación efectiva de la regulación contenida en el artículo 20 del texto refundido de disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado".
También desarrolla al detalle las vulneraciones de la Constitución que detecta en la tramitación de la proposición de ley: en primer lugar, la falta de congruencia y de homogeneidad de las enmiendas 92 y 99 respecto al texto enmendado, en la medida en que mediante su aprobación se crea un impuesto en el texto de una proposición de ley con distinto objeto, "lo que resulta lesivo de la doctrina del TC acerca de los límites materiales del derecho de enmienda y constituye una vulneración del principio de seguridad jurídica, reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución".
A esto añade que se produce la eliminación del trámite de toma en consideración de las proposiciones de Ley, previsto en el artículo 126.5 del Reglamento del Congreso de los Diputados, resultado de la utilización fraudulenta del procedimiento legislativo, al impedir tal debate respecto del nuevo tributo, creado vía enmienda, lo que supone una conculcación a los artículos 66.2 y 87 de la Constitución.
Finalmente, la lesión al ius in officium, en el artículo 23 de la Constitución, como consecuencia de la eliminación del derecho de enmienda, previsto en el artículo 110 del Reglamento del Congreso, resultante de la introducción, vía enmienda, de una nueva figura tributaria.
El recurso también alega la intromisión en el ámbito propio de la autonomía de la Comunidad de Madrid y la violación de los principios de autonomía financiera (artículos 156 y 157.1.a de la Constitución), de reserva de ley orgánica (artículo 157.3), de igualdad que ha de inspirar el sistema tributario, de capacidad económica y de seguridad jurídica, si se tiene en cuenta la retroactividad de la nueva figura tributaria.
Por último, la Asamblea también señala a que el impuesto se ha aprobado sin la necesaria intervención del Consejo de Política Fiscal y Financiera (artículo 3 de la LOFCA) y, de la Comisión Mixta Estado-Comunidad Autónoma.
El recurso de Murcia
El pasado 21 de septiembre, Murcia se unía a Andalucía, que anunció que suprimía Patrimonio y deflactaba el IRPF con efectos desde 2022, y a Galicia, que bonificó Patrimonio al 50% desde 2023, y avanzó que deflactaba el IRPF y estudiaba eliminar Patrimonio. Finalmente, esto último se materializó de cara a 2023. En concreto, ha aumentado el mínimo exento a 3.700.000 euros para 2023 para que no presenten el Impuesto los no obligados a presentar el Impuesto de solidaridad de la grandes fortunas.
Respecto a su recurso, fuentes del Gobierno de la Región subrayan que "la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene la firme intención de defender su autonomía e independencia fiscal frente a los constantes ataques e injerencias del Gobierno de Pedro Sánchez".
En el recurso se indica que el impuesto vulnera la Constitución, el Estatuto de Autonomía y tres leyes orgánicas como la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, la Ley de Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas, y la Ley de régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
"Estamos ante una armonización fiscal unilateral, que puede marcar un precedente muy peligroso hacia la mal llamada armonización fiscal. El Gobierno de la Región de Murcia siempre ha defendido la moderación fiscal como vía para fomentar la actividad económica, la productividad y la creación de empleo, y con este recurso se pretende garantizar a los murcianos que la contribución que pagan los que más tienen se quede en nuestra región, precisamente porque es nuestra competencia", remachan.
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