El pasado 8 de junio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, desvelaban todos los detalles del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal desde el barrio de Valdebebas. Concretamente, en los 'fallidos' terrenos de la Ciudad de la Justicia.
Ambos dirigentes defendían la idoneidad de esta obra de 44,7 millones para batallar contra el coronavirus y sus previsiones eran que estuviese listo "en otoño". Concretamente, tal y como detalla el pliego de los seis contratos, la fecha de entrega era el 31 de octubre, aunque el Ejecutivo regional ha mantenido en las últimas semanas que la conclusión de las obras está prevista para "principios de noviembre".
En uno u otro caso se trata de un plazo que no esperan que se cumpla a dos semanas de su vencimiento, según explica un representante de las empresas de construcción a Vozpópuli. Un escenario que provocará una riada de sanciones a las adjudicatarias por parte de la Administración que dirige Ayuso.
Este grupo de constructoras está formado por San José, Sacyr, Ferrovial, Dragados (ACS), Viales y Obras Públicas y la UTE de Joca con Urvios. Ninguno de ellos quiere valorar el estado de las obras de su adjudicación por "confidencialidad". No obstante, las mismas fuentes resaltan que "ni en diciembre" se espera que se haya finalizado la totalidad de este proyecto.
La Consejería madrileña de Sanidad, por su parte, defiende que "no hay ningún retraso" en el Hospital de Emergencias. Vozpópuli ha podido conversar sobre el terreno con varios operarios, de los cerca de doscientos que trabajan en esta obra. "Algún módulo puede llegar a finalizarse a principios de noviembre aunque, pese a que vaya rápido, la obra no terminará este mes", explican. Una percepción que comparten 20 operarios consultados por este medio.
[El Hospital de Emergencias de la Comunidad de Madrid, en imágenes]
El contrato es contundente en este sentido: "El plazo límite para la ejecución será el 31/10/2020. Independientemente de las circunstancias que puedan suceder durante la construcción, no se prevé la posibilidad de prórrogas". Una frase que se incluye en el suscrito por todas las empresas, como refleja este ejemplo del pliego de San José:
Las sanciones a las que se exponen empresas como Ferrovial, ACS o San José son las que recoge el artículo 193 de la Ley de Contratos del Sector Público. Una de ellas es la resolución del contrato que, atendiendo a la emergencia de esta obra, añadiría más tiempo de demora. Por su parte, la sanción económica que recoge esta ley se sitúa en una multa diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. Si estas sanciones superan el 5% del contrato, la Administración madrileña puede incluir nuevas penalidades.
Precio ajustado
Uno de los argumentos que explican las mismas fuentes para este conflicto de fechas es que ha sido una adjudicación con "el precio muy ajustado" y un tiempo "muy limitado" para una infraestructura de 40.000 metros cuadrados. El propio pliego resalta que no se hará cargos de ningún sobrecoste.
"No será posible considerar sobrecostes debido a lo reducido del plazo, que pudiera hacer necesario implementar varios turnos de trabajo en una misma jornada o la adopción de cualquier otra medida para cumplir con el plazo esencial previsto", detalla el contrato firmado por la Comunidad de Madrid y las constructoras.
Y esto es lo que se está produciendo. La obra del Hospital de Emergencias no para ni por la noche ni los domingos. Según explican tanto operarios como empresas, se están doblando turnos en las diferentes adjudicatarias. Las constructoras no son las únicas protagonistas de esta 'megaestructura'. Subcontratas de pintores, chapistas, transportistas o fontaneros forman parte de esta construcción.
Donde más esperanzas hay depositadas es en el 'icónico' edificio de la Ciudad de la Justicia. Esta infraestructura abandonada será reformada e integrada dentro del proyecto que ha diseñado la Comunidad de Madrid para combatir el coronavirus y futuras pandemias.
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