La Mancomunidad del municipios del noroeste de Madrid ha hecho caso omiso de las objeciones desde el ministerio de Hacienda en relación a la concesión del nuevo macrovertedero de Colmenar Viejo, la gran obra en materia de sostenibilidad y tratamiento de residuos de la actual Legislatura. La treintena de localidades al norte de Madrid gobernadas por el Partido Popular ha primado los criterios de la Comunidad de Madrid y sacará a concurso la concesión de una nueva planta de reciclaje para brindar servicio a más de 700.000 personas con un presupuesto de 1.091 millones de euros, notablemente superior al planteado por el supervisor estatal de contratos públicos.
La licitación promete un nuevo frente entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid del PP y el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos, al hilo de la posición del flamante organismo adscrito al ministerio de Hacienda en materia de supervisión de contratos públicos, la Oficina Nacional de Evaluación (ONE). Esta entidad comenzó a funcionar en diciembre de 2021, en el marco de la puesta en marcha del Plan de Transformación y Resiliencia tras la pandemia: sus informes son preceptivos en ciertos casos pero no vinculantes.
En este 2023, la ONE ha respaldado los términos de las concesiones de organismos como Renfe, el Banco de España, la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de Barcelona, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona o el ayuntamiento madrileño de San Sebastián de los Reyes. Pero no ha sido el caso del vertedero de la Mancomunidad del municipios del noroeste de Madrid, apoyada financieramente por el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid.
Madrid y la ONE discrepan en más de 500 millones
En su proyecto, la Mancomunidad cuenta con el impulso de una treintena de alcaldes del PP, entre ellos, el nuevo primer edil de Colmenar Viejo Carlos Blázquez Rodríguez, el apoyo de Sol y los servicios de la consultora Eguesan Energy. Este lunes, ha procedido a abrir el concurso con la promesa para el posible concesionario de un contrato de 20 años, en favor de un resultado operativo estimado de 252 millones.
Un plan de viabilidad contra el que la ONE ha presentado objeciones ya que, "en base a lo dispuesto en los apartados 6 y 9 del artículo 29 de la LCSP, así como en el artículo 10 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía español, y del artículo 56 del Real Decreto-ley 36/2020, no estaría justificada una duración de la concesión superior a 14 años". De acuerdo a los criterios del ente adscrito a Hacienda, el concesionario podría ya optar a un resultado operativo de 228 millones al cabo de 14 años. Bajo los criterios de la ONE, el presupuesto de la concesión bajaría de 1.091 millones a 625 millones.
La entidad adscrita a Hacienda ha esgrimido lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, la cual define el período de recuperación de la inversión del contrato como el plazo mínimo para ello -lo que puede conllevar, por ejemplo, la omisión de los gastos financieros en las proyecciones.
A ojos de la Mancomunidad, el criterio del organismo adscrito a Hacienda no configura el método adecuado a este caso "ya que no valora dentro de su fórmula todas las variables económicas a las que se incurre en la ejecución del contrato". En esa línea, incide en los gastos financieros, que, "calculados, con un tipo de interés del 5,5%, ascienden a 78.959.98,21 €, importe suficientemente elevado para que su no consideración suponga una variación tan significativa en el plazo de concesión calculado por la ONE (14 años), respecto al calculado en el Estudio de Viabilidad (20 años)".
A ojos de la Mancomunidad, el criterio del organismo de Hacienda no configura el método adecuado "ya que no valora dentro de su fórmula todas las variables económicas a las que se incurre en la ejecución del contrato"
"El criterio para el cálculo de la rentabilidad del proyecto no es unánime, así la Comisión de Evaluación Financiera de la Comunidad de Madrid (organismo autonómico equivalente a la ONE), en informe emitido sobre la concesión de la ciudad de la justicia de 2022, utiliza el criterio menos restrictivo, incluyendo en el cálculo de la rentabilidad del proyecto los gastos financieros, criterio utilizado también, por otras oficinas de Evaluación autonómica", según la colectividad de ayuntamientos respaldados por Sol.
La Mancomunidad también alega que la modificación de los pliegos en atención al plazo de concesión de 14 años demoraría el procedimiento de licitación y por tanto, supondría también "el retraso en el alcance de los objetivos marcados en la Estrategia para la Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024, fin primordial que se pretende alcanzar con este contrato".
"La Autorización Ambiental Integrada (AAI) que rige las instalaciones gestionadas por la Mancomunidad del Noroeste marca, como plazo máximo para la puesta en funcionamiento del complejo ambiental, el 15 de mayo de 2025, por lo que, atendiendo a lo anteriormente expuesto, adoptar las conclusiones de la ONE impediría también el cumplimiento de los plazos otorgados", añaden desde la Mancomunidad. "Se ha de destacar también que se alargaría la situación excepcional en la que nos encontramos, por continuar vertiendo residuos en el depósito controlado de Colmenar Viejo, sin tratamiento previo, incumpliendo todas las directivas europeas y demás normativa nacional y autonómica, además de la AAI que rige en las instalaciones, pudiendo ser motivo de sanciones, pérdida de financiación e incluso responsabilidad penal".
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