Ni siquiera habrá un mes de julio hábil. Los intensos trabajos de las cúpulas y altos funcionarios de los Ministerios de Asuntos Económicos y Hacienda para liderar la agenda en la Presidencia española de la UE han caído definitivamente en saco roto. Al impacto que produjo el pasado lunes el anuncio del adelanto electoral el 23J se ha sumado la decisión final de Pedro Sánchez de renunciar a su discurso en el Parlamento Europeo el 13 de julio para presentar las prioridades de la Presidencia española.
Es la constatación de que no va a haber liderazgo político y de que España toma el testigo del semestre europeo de perfil, como un mero trámite técnico, lo que se percibe como el "destrozo" a lo que venían preparando desde hace más de un año, según ha podido constatar Vozpópuli.
La agenda de Economía y Hacienda era la clave de bóveda de la Presidencia española, en la que querían dejar huella en la UE en dos complejos debates: el de las reglas fiscales y el de la tasa global a multinacionales. Más ingrato el primero, ya que Nadia Calviño se enfrenta a Alemania y los países frugales para intentar ralentizar y suavizar sus propuestas, pero clave para los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez, y ahora quizás para la gestión del siguiente ejecutivo, que deberá llevar a buen puerto una drástica reducción de déficit y deuda.
Pero el primer hito que se presenta atañe directamente a la tasa global a multinacionales: el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros del 14 de julio. Y así lo ha destacado el pasado viernes Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda, en la clausura del Congreso Tributario de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) que se ha celebrado en Toledo. Fuentes conocedoras dan cuenta de la implicación del secretario de Estado de Hacienda en la preparación del semestre europeo, que ya era muy intensa antes incluso de ser nombrado en junio de 2021, cuando era director de la Agencia Tributaria (AEAT).
Quien haya seguido las comparecencias públicas de Gascón puede hacerse cargo. El pasado octubre, en una jornada de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) ya explicó que el Gobierno quería abanderar el proyecto de tipo mínimo de Sociedades en la UE.
Entonces se tramitaban los Presupuestos de 2023, que incluyen una partida de 145 millones de euros para sufragar los gastos de la Presidencia de la UE, y que ya planteaban que España "tomará el testigo en un momento decisivo: por un lado, porque estaremos en el final de la legislatura europea, siendo necesario forjar acuerdos en los expedientes que todavía sigan en negociación; y, por otro lado, porque la UE está en un punto de inflexión tras la pandemia de la covid-19 y la crisis energética y geopolítica, siendo necesarios grandes acuerdos políticos que hagan avanzar al proyecto europeo". Se trata además de una presidencia dorada, la última completa antes de que haya elecciones a la Comisión Europea, y de un Gobierno con el que el Ejecutivo de Ursula Von der Leyen ha exhibido una importante conexión.
En un primer momento se esperaba que los proyectos para que las multinacionales tributen más quedarían cerrados en la Presidencia sueca pero se retrasaban y en octubre Hacienda ya lo preparaba como plato fuerte de la agenda.
El papel de Calviño en nombre de Hacienda
Un asunto que compete a Hacienda, pero que en la tradición española de ministros de Hacienda de talante más doméstico y vicepresidentes económicos encargados de la política exterior lidera Nadia Calviño, que ya ha venido dando muestras de su interés en este proyecto. Un papel que Calviño intentó jugar ya el año pasado, en el que intentó mostrar una posición líder en el Eurogrupo impulsando una declaración en favor de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades en la UE. Con este fin planteó avanzar con una cooperación reforzada, un mecanismo que permite sacar adelante iniciativas -como suele ocurrir en temas fiscales- que no cuentan con el apoyo de los 27 socios si las respaldan un mínimo de nueve Estados miembros. "Apoyaremos cualquier iniciativa de cooperación reforzada o propuesta que la Comisión Europea pueda hacer", declaró Nadia Calviño en septiembre en Praga.
El pasado viernes, cuando nada hacía presagiar el adelanto electoral, Gascón detalló todo lo que preparaba. El Ecofin del 14 de julio recogerá los últimos trabajos de la OCDE sobre el llamado marco inclusivo, los Estados que trabajan en el desarrollo de la tasa global, explicó, y lo que se logre será analizado en la cumbre del G20 entre el 14 y el 18 de julio. "Arrancamos en un momento de incertidumbre con un tema muy relevante. Si se llega a un acuerdo global, no vamos a necesitar una Directiva para realizar la transposición, pero sí si lo estima oportuno la Comisión, sí se hará", trasladó, con el fin de "convertir los ingresos del Pilar 1 -el proyecto de la OCDE para distribuir entre países lo que tributan de menos las multinacionales- en recursos para la UE".
Esta propuesta de Directiva podría estar lista "más bien al final de la Presidencia española", planteó. "En un escenario en el que no haya acuerdo y haya bajas expectativas de avanzar en el G20, abriremos el debate con el resto de Estados miembros a los más altos niveles", avanzó. A nadie se le escapa el importante liderazgo político que debería ejercer España para impulsar la tramitación de una Directiva de este tipo o un debate en la OCDE.
A esto se suman otras proyectos en el mismo sentido que pretendía liderar Hacienda, como el Befit, heredero del proyecto de base común en el Impuesto sobre Sociedades, o el de las sociedades pantalla.
Un mes hábil para impulsar proyectos
"Agosto es inhábil en términos europeos y diciembre muy peculiar", advirtió el secretario de Estado de Hacienda, con lo que los meses de trabajo productivo serían julio, septiembre, octubre y noviembre.
Aunque de las elecciones salga una mayoría clara y toda la maquinaria trabaje a pleno rendimiento, España no tendrá un gobierno plenamente operativo hasta octubre o incluso noviembre.
Si gobierna el PSOE, habrá que ver qué continuidad hay de los Ministerios actuales. Si lo hace el PP, el proceso se retrasará más y será difícil que pueda imprimir su impronta al Semestre europeo. Al nuevo Gobierno puede no gustarle además lo que se está haciendo con la tasa global a multinacionales. Si no se logra una mayoría suficiente, el Gobierno de Pedro Sánchez seguirá en funciones.
En este calendario resulta optimista el planteamiento de Moncloa de que la comparecencia para dar cuenta de los objetivos de la Presidencia española del presidente del Gobierno que salga de las urnas el 23J se celebrará en el Pleno del Parlamento Europeo del próximo mes de septiembre. Así lo ha asegurado al comunicar que Pedro Sánchez ha renunciado este viernes al discurso que tenía previsto dar el 13 de julio, después de que el jefe del grupo del PP Europeo en el Parlamento de la UE, Manfred Weber, haya pedido a la presidenta de la institución, Roberta Metsola, que se retrase la comparecencia, de forma que no coincida con la campaña electoral.
Con todo, en el plano doméstico Hacienda no va a poder aprobar su propio desarrollo. Gascón anunció el viernes que el anteproyecto de ley que adapta a la normativa española la tasa global a multinacionales, que ya estuvo en consulta pública en marzo, iba a presentarse a audiencia pública "en pocos días" con la idea de que fuera al Consejo de Ministros y pudiera aprobarse antes de las elecciones que se esperaban en diciembre.
60 leyes fagocitadas
Son cerca de 60 leyes las que saltan por los aires con el adelanto electoral. La regulación de los lobbies, la Ley de Función Pública, la Ley de Paridad y la de Defensa del Cliente Financiero, por citar algunas de las que afectan a Hacienda y Economía, quedaron dinamitadas este martes con la publicación en el BOE del Real Decreto que disuelve las Cortes.
"Retomaremos la agenda una vez se ganen las elecciones. Es una pena que no hayamos podido culminar la tramitación de la Ley de Defensa del Cliente Financiero, con importantes beneficios a clientes y mayores, o la del derecho al olvido oncológico. Esto es así, pero las retomaremos una vez se superen las elecciones", explican fuentes de Asuntos Económicos, que trasladan que a Calviño le cogió el adelanto electoral "por sorpresa, como al resto del Gobierno. Es el presidente el que toma la decisión".
Los conflictos en Hacienda, en suspenso
Otro ley que decae, un hito prometido a Bruselas y el más polémico dentro de la Administración General del Estado es la Ley de Función Pública que tenía un trámite fundamental la semana que viene. Esta norma tiene en pie de guerra a los altos funcionarios del Estado, el Grupo A1, por permitir al próximo Gobierno reformar los grupos y niveles en la Administración a discreción en los primeros seis meses de legislatura.
A Hacienda también se le va a quedar en el tintero una polémica reforma de la responsabilidad patrimonial que no cumple las exigencias que le impone la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que tumbó la reforma de Cristóbal Montoro de 2015, y que está ahora en trámite de audiencia pública.
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