Las tensiones en el seno de Madrid Calle 30, la sociedad que gestiona la principal autopista de circunvalación de Madrid, están llevando al límite el mantenimiento y la rehabilitación de la infraestructura, la principal perjudicada de los continuos enfrentamientos entre la corporación municipal y la sociedad Emasa, concesionaria del contrato ligado a la M-30. Una situación que viene de lejos y que se traduce en un notable déficit en el mantenimiento de la vía.
Desde que Ahora Madrid se hizo con las riendas del Ayuntamiento de Madrid, la diferencia entre la inversión prevista para la M-30 y la realmente ejecutada supera los 57 millones de euros. La mayoría de las actuaciones proyectadas por Emasa (participada al 50% por Ferrovial y ACS) se han encontrado con un bloqueo, bien por parte del consejo de administración de Calle 30, controlado por el Ayuntamiento, bien por el propio Consistorio.
En Calle 30, el Ayuntamiento de Madrid tiene una participación del 80%, mientras que el 20% restante está en manos de Emasa, cuya concesión deriva de la gran obra de reforma de la autopista de circunvalación impulsada en la época de Alberto Ruiz Gallardón como alcalde de la capital. De esta forma, la corporación municipal cuenta con mayoría en el consejo de Calle 30, que utiliza frecuentemente para echar por tierra los proyectos de mejora y rehabilitación propuestos por Emasa.
Se trata de actuaciones en diversos ámbitos, desde la eficiencia energética, hasta la mejora de los accesos, pasando por rehabilitaciones propias de una infraestructura, que pasa por ser la más utilizada de Madrid, incluso por encima de la red de metro.
Más de 20 proyectos parados
Desde 2015, algo más de una veintena de proyectos de este tipo están paralizados tanto por la oposición del consejo de Calle 30 a su aprobación como por el hecho de no haber superado el trámite de aprobación en las comisiones y, posteriormente, en el pleno municipal.
Las relaciones entre el Ayuntamiento de Madrid y Emasa han ido deteriorándose a medida que el equipo de gobierno del Consistorio ha ido realizando diversas denuncias en torno a presuntas irregularidades cometidas por anteriores administraciones en relación con el contrato de Calle 30. La situación se ha agravado con la celebración de una comisión de investigación cuyas sesiones acaban de finalizar y que han dejado sobre la mesa multitud de acusaciones al socio privado en la sociedad.
El clima de desconfianza hace que las diferentes actuaciones en torno al mantenimiento de la infraestructura se demoren más de lo necesario e incluso, en muchos casos, ni siquiera se lleven a efecto. Sin ir más lejos, en lo que va de 2017 no se ha ejecutado ni un 50% de los 12 millones de euros que estaban destinados a este capítulo.
Cuantiosos dividendos
El problema radica en que un buen número de proyectos tienen que ver con rehabilitaciones que la infraestructura terminará por necesitar pero que serán más caras si se afrontan más adelante, dado que el deterioro va en aumento conforme al estar relacionadas con el uso de la vía.
En algunos casos, las discrepancias entre los socios han acabado en los tribunales de Justicia, lo que tampoco contribuye a la agilización del funcionamiento de Calle 30.
Como primer accionista de la sociedad, el Ayuntamiento de Madrid también es el principal receptor de dividendos de la sociedad. En los dos últimos ejercicios cerrados (2015 y 2016), las arcas municipales han ingresado por este concepto algo más de 115 millones de euros.
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