El miércoles a las 9,30 de la mañana se celebra Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, en la que el concejal de UPyD, Mariano Palacios, formulará una pregunta sobre lo que considera “una tomadura de pelo jurídica” por el uso terciario del subsuelo de la calle de Alcalá por parte del complejo Canalejas. Ese cambio de uso permite aflorar casi 5.000 metros cuadrados de más.
Explicándolo a grandes rasgos: el subsuelo de ese complejo aflora cuatro plantas de más de 1.000 metros cuadrados que serán destinados a hotel o centro comercial. Así consta en el documento denominado “Memoria para Aprobación Provisional” donde figura que se califica como uso terciario parte del bajo rasante de la calle Alcalá.
Este documento, de 44 páginas, es la justificación técnica del proyecto Canalejas, a la que han tenido acceso las fuerzas políticas. En la página 44 aparecía esta modificación (definida técnicamente como, “desafectación”) que trae consigo la recalificación de ese subsuelo para uso lucrativo.
Fuentes de UPyD apuntan que según se dice la documentación citada, “esta desafectación del dominio público afecta a una superficie de 1.210,18 metros cuadrados, de acuerdo con el plano denominado OP-2. En este plano se dice que se califica el subsuelo desafectado de servicios terciarios en 4 plantas de sótano. Por tanto, estamos hablando de 4.840metros distribuidos en cuatro plantas”.
Legales, sociales…
La Memoria para Aprobación Provisional justifica este cambio por “criterios legales, urbanísticos, económicos y sociales”. Sin embargo, UPyD califica estos argumentos como “una tomadura de pelo jurídica”.
Mariano Palacios insiste en que “esa superficie es de los madrileños, no del Ayuntamiento. ¿Cómo se justifica que se pueda hacer eso y, por supuesto, a favor de quién y cómo se va a adjudicar?”
“Este subsuelo municipal es el Ayuntamiento quien tiene que transmitirlo y debería hacerlo en igualdad de oportunidades y respetando la libre concurrencia”, aunque parece claro que sus dueños van a ser OHL y Four Seasons, constructor y operador del complejo, que engloba siete inmuebles emblemáticos de la capital española entre las calles Alcalá, Sevilla y Carrera de San Jerónimo, que se convertirán en un hotel de lujo y un centro comercial de alto standing.
“¿Acaso el Ayuntamiento ha encontrado una nueva vía de ingresos en la privatización de subsuelo o se lo repartirá a los amigos?”, se pregunta Palacios. “Nos encontramos con una posible desviación de poder y mucho nos tememos que así ocurrirá en el caso de que se revise esta desafectación por los tribunales”. Así que “emplazamos al equipo de Gobierno a que nos enseñen y nos expliquen dónde está ésta motivación”.
La Operación Canalejas ha provocado ríos de tinta. El proyecto puede ver la luz gracias a que Ayuntamiento y Comunidad habilitaron una nueva Ley de Protección de Patrimonio, que rebajaba los blindajes de los inmuebles, dos de ellos declarados Bien de Interés Cultural.
Hubo denuncias de lo más variopinto, criticando el “urbanismo a la carta”, y, posteriormente, también ha habido escándalo ante la imposibilidad de construir el intercambiador de transporte prometido, que será simplemente una estación de autobuses subterránea.
Asimismo, ese intercambiador venido a menos, vendido políticamente como una dotación a la ciudad, ha levantado polémica, ya que muchas voces señalan que a quienes beneficia es a los promotores del proyecto, más que a la ciudadanía de Madrid.
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