Economía

La marihuana y las criptomonedas disparan el fraude eléctrico en España a "niveles récord"

Los enganches ilegales y las manipulaciones de los contadores de la luz le cuestan al sistema eléctrico entre 1.500 y 2.000 millones. El sur de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Toledo y Canarias, las regiones donde más proliferan estos casos

Hace poco más de un mes, la Guardia Civil incautó 361 plantas de marihuana en una vivienda unifamiliar de Guadalajara. La plantación estaba totalmente domotizada. Sus responsables podían controlarla en remoto. Contaban, además, con un circuito de videovigilancia que cubría todos los accesos. La vivienda estaba 'enganchada' de forma ilegal a la red eléctrica y se calcula que la cantidad defraudada podría ascender a unos 100.000 euros durante los últimos dos años.

Este caso en Guadalajara es uno de los últimos ejemplos del fenómeno de las plantaciones indoor de Marihuana que funcionan gracias al fraude eléctrico. Ocurre lo mismo con las 'granjas' de criptomonedas: son instalaciones que consumen grandes cantidades de energía y que recurren a los enganches ilegales a la red para abastecerse. Estas dos actividades -sobre todo las de la marihuana- han contribuido a que el fraude eléctrico se haya disparado desde la pandemia hasta "niveles récord", según detallan fuentes del sector.

Las conexiones ilegales le cuestan al sistema eléctrico entre 1.500 y 2.000 millones de euros al año

Desde los peores meses de la pandemia, la energía defraudada recuperada ha aumentado en un 10%. Las conexiones ilegales le cuestan al sistema eléctrico entre 1.500 y 2.000 millones de euros al año, según las mismas voces. Hay dos formas de hacer trampas: manipular el contador o 'tirar' cable de la línea de alta tensión o del alumbrado.

Estas técnicas no son nuevas. Crecen en tiempos de crisis. En España, el fraude eléctrico se disparó durante la crisis financiera de hace más de una década. Luego, a partir de 2014, se desplomó. Y, ahora, tras la pandemia y la escalada de los precios de la luz, han vuelto a subir. Endesa, por ejemplo, detectó en 2021 unos 71.000 casos de fraude, lo que supuso un aumento del 15% respecto al año anterior y casi doblar los cerca de 37.300 casos destapados en 2015. La energía recuperada en los fraudes detectados por la energética el año pasado rozó los 795 millones de Kwh, el equivalente al consumo de 240.000 hogares.

De la marihuana a las okupaciones

La mayoría de casos de fraude eléctrico se dan en viviendas -el fenómeno prolifera en casas 'okupadas'-. Pero, en volumen de energía sustraída a la red, 'ganan' las plantaciones de marihuana o el minado de criptomonedas. También hay casos más excepcionales que afectan a otros sectores. Según Endesa, el fraude se ha "profesionalizado" y cada vez está más vinculado a "actividades delictivas muy lucrativas" como las plantaciones de marihuana indoor.

Los cultivos interiores de cannabis son un problema reciente en España. Los traficantes obtienen 'bajo techo' más cosecha que en las plantaciones exteriores. El problema es que las instalaciones demandan energía casi 24 horas al día y generan situaciones de riesgo eléctrico. Entre otras cosas, una plantación indoor de marihuana puede provocar un incendio de las líneas subterráneas o en centros de transformación que interrumpan el suministro al resto de residentes de la zona. El consumo de una sola plantación, según los datos de la compañía, puede llegar a equivaler al de 80 viviendas.

La red eléctrica de distribución está dimensionada según los consumos contratados. El sobreconsumo de este tipo de instalaciones puede sobrecargar la red o generar bajadas de tensión. Además de los daños que puede tener en los electrodomésticos de la vivienda 'enganchada', el fraude eléctrico podría derivar en un aumento de la factura eléctrica de los vecinos porque las conexiones ilegales sustraen la energía de la red de otros clientes que sí tienen contrato, explica Endesa.

Cuando el sector detecta estas situaciones, las pone en conocimiento de las autoridades correspondientes. La ventaja frente a hace 20 años es que el sistema es más inteligente y los fraudes son más fáciles de detectar. En cualquier caso, este tipo de delitos están castigados con la pena de multa de tres a doce meses. Pese a tratarse de un fenómeno que afecta a escala nacional, voces del sector detallan que se detecta más en el sur de la Comunidad de Madrid, en Cataluña, en Toledo y en las Islas Canarias.

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